El CGC lamenta la “irrelevancia” de España en sanidad vegetal

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VALENCIA FRUITS. REDACCIÓN

Los centros de decisión y conocimiento técnico sobre los controles a enfermedades como la Xylella o el HLB están en manos de países importadores como Holanda

Sanida Vegetal

España no se postuló para ninguno de los 5 nuevos laboratorios de referencia de la UE para plagas y enfermedades. / CGC

La Comisión Europea (CE) ha designado recientemente los cinco centros o consorcios que ejercerán como laboratorios de referencia europeos (EURL) en materia de sanidad vegetal. Estas entidades serán responsables de realizar los análisis para confirmar posibles positivos por plagas y enfermedades a partir de las muestras tomadas en los puertos a las importaciones hortofrutícolas de países terceros o de controles fitosanitarios en el campo. Pues bien, pese a la evidente importancia estratégica de tales designaciones, el Ministerio de Agricultura no ha presentado candidaturas en favor de ningún centro español. Así, la mayor parte de EURL han quedado en manos de centros de Estados miembro no productores sino, más bien, grandes importadores hortofrutícolas. Así ha ocurrido con Holanda, que será ahora responsable de fijar los métodos analíticos y de confirmar a escala comunitaria los posibles casos que pudieran darse en patógenos tan graves como la Xylella, el Huanglongming (HLB) o el Citrus canker.

A juicio del presidente del Comité de Gestión de Cítricos (CGC), Manuel Arrufat, la “pasividad demostrada” por las autoridades españolas a la hora de postular a entidades como el IVIA —que es el centro nacional de referencia en bacteriosis como las citadas— “evidencia la irrelevancia de España en materia de sanidad vegetal”.

La actitud mostrada en este proceso de adjudicación contrasta con algunas de las medidas propuestas por el propio Ministerio de Agricultura para paliar la crisis citrícola. Entre ellas, se incluye la de llevar a cabo una “vigilancia activa de los resultados de los controles fitosanitarios a nivel europeo”. España, que sí dispone de hasta cuatro laboratorios de referencia europeos en materia de enfermedades ganaderas o de seguridad alimentaria, no ha considerado oportuno defender candidatura alguna para los ahora dedicados a sanidad vegetal. Así, la CE ha concedido el EURL de insectos o ácaros a ANSES (Francia) con la colaboración del AGES —Austria—; el de nematodos se lo ha llevado también ANSES en consorcio con ILVO (Bélgica); el de hongos recae igualmente en ANSES; el de virus, viroides y fitoplasmas está liderado por el ASPACP (Holanda) en alianza con Dialab (Italia) y el NIB (Eslovenia) y el de bacterias también se ha confiado a otro centro holandés, el NVWA en consorcio con el ILVO (Bélgica), Dialab (Italia) y el NIB (Eslo-venia). “Difícilmente podremos defendernos de la entrada de plagas foráneas si son los centros de países cuyo negocio es la importación los que aleccionan a los inspectores europeos y al resto de laboratorios sobre cómo se deben hacer los diagnósticos, cómo interpretar los síntomas en las frutas o qué métodos analíticos se han de usar”, señala Arrufat.

En este mismo terreno, el CGC ha conocido en las últimas fechas el anteproyecto de Ley para reformar el IVIA (regulado por una norma de 1991), en el que la Consejería de Agricultura valenciana viene trabajando desde hace años y cuya aprobación ha quedado pendiente para esta próxima legislatura. A juicio del citado comité, el texto repite muchos de los errores del anterior texto, de 2015, que tampoco llegó a aprobarse. En primera instancia, la asociación lamenta que, tras haberlo exigido con insistencia, se le deje de nuevo fuera de su comité ejecutivo. Tampoco se menciona al CGC como miembro del nuevo Consejo Asesor Agroalimentario, un órgano de consulta en el que participarán diversos actores relacionados con el sector “agroalimentario” —ya no agrario, nótese—. En él, sí se mencionan a colegios profesionales, asociaciones agrarias y sindicatos de clase, cooperativas, centro tecnológico Ainia, universidades valencianas, industrias alimentarias, distribución alimentaria, consumidores, DO’s, una organización de protección del medio ambiente y el Comité de Agricultura Ecológica.

“Las empresas del CGC canalizan en torno al 70% de las exportaciones españolas y son también grandes productores por lo que podrían aportar valiosa información sobre plagas y enfermedades así como sobre las variedades de cítricos y su comportamiento en el campo, en la recolección, en el almacén, durante el transporte, en la comercialización y su distinto encaje en los mercados”, advierte Arrufat. Los centros de referencia mundial de EEUU, Sudáfrica e Israel, donde en las últimas décadas han obtenido las mandarinas y naranjas de mayor éxito comercial, incorporan a sus consejos a los operadores citrícolas locales para así rentabilizar en beneficio de todo el sector los proyectos de investigación. “Dejando de lado a los exportadores, se alejará a la inversión privada”, alerta Arrufat.

Durante esta última legislatura, diversas empresas del CGC y la propia asociación se han involucrado en la marcha del IVIA colaborando en diversos proyectos. La respuesta de los legisladores supone, sin embargo, “una bofetada a esa fe que intentamos tener pese a que nuestra opinión no era considerada”, advierte Arrufat.

En las alegaciones del CGC al anteproyecto de Ley se concluye que esta norma “no resolverá los problemas del IVIA en cuanto a la rigidez de la figura del funcionario como personal de investigación, ni implicará una mayor agilidad a la hora de captar talento externo (puesto que excluye la posibilidad de contratar expertos de otros centros para liderar proyectos por resultados) como tampoco financiación externa, ya que salvo la posibilidad de tener un presupuesto propio como organismo autónomo, en todo está sometido a las rigideces del régimen de la Administración”. De ahí que esta asociación de exportadores confíe en que el texto pueda ser revisado y reorientado por el nuevo Gobierno Valenciano.