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Artículo de Opinión de Cirilo Arnandis, presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-alimentàries.

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Una de las principales características que adornan al sector de las frutas y hortalizas es que obtiene su renta básicamente del mercado, y que es uno de los menos subvencionados, tanto en términos reales como en términos relativos. Esta valoración sectorial está ya ampliamente difundida a nivel comunitario, casi el 18% del valor de la producción agraria europea es merecedora de percibir tan solo el 1,3% del presupuesto de la PAC. Ahora, tras la publicación por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de su memoria de actuación del ejercicio 2013, podemos constatar que esta afirmación también es aplicable a la agricultura española.

El valor de la producción de las frutas y hortalizas en nuestro país en el año 2013, según datos del Ministerio de Agricultura, alcanzó la cifra de 14.660 millones de euros, del total de 44.271 millones del valor de la producción agraria total español. Es decir, el 33,1% del valor económico de la actividad total, y un 54,9% si no contamos con la actividad ganadera y nos referimos tan solo a la producción vegetal, que facturó por un total de 26.703 millones de euros. Datos modestos sobre el PIB, que tiene su peso en oro si lo contextualizamos en las cifras de comercio exterior de nuestra economía, punta de lanza en la salida de la crisis. La producción de frutas y hortalizas es la base del 5% en valor de las exportaciones, generando un superávit comercial de 9.000 millones de euros, que contrasta con los 16.000 millones de euros de déficit del comercio exterior de España.

Según la memoria del FEGA, en el año 2013 ha formalizado pagos con cargo a Bruselas a través del FEAGA por un valor de 5.834 millones de euros. Un 13,5% del total del gasto de la UE-28, detrás tan solo del Francia con un 19% del gasto, y por encima de países con un importante sector agrario caso de Alemania o Italia. Si nos dirigimos a la columna del sector de las frutas y hortalizas, la cifra de pagos del FEGA alcanza la cifra de 186 millones de euros, contemplando las transferencias relativas a los Fondos Operativos de las Organizaciones de Productores, el plan de consumo de fruta en las escuelas y las ayudas por superficie a los frutos de cáscara.

Es decir, el sector, de modo específico, supone el 3,2% del primer pilar de la PAC aplicada en España. Como quiera que los números tienen múltiples interpretaciones, hay quien podría pensar que en el caso español, y en términos relativos, se percibe casi el doble del porcentaje que a nivel europeo. Quien lo entienda así, olvida el potencial en la agricultura española del sector hortofrutícola, y que hay estados de la Unión en los que el sector pasa por ser tan solo testimonial. Todo ello sin estimar el valor añadido que es capaz de generar nuestro sector, el empleo que genera y su impacto en la economía y en la estabilización de la balanza comercial, incluso si lo comparamos con sectores distintos a la actividad agraria.

Se puede argumentar que lo expuesto en el párrafo anterior es incompleto por cuanto no se ha considerado la parte proporcional del Régimen de Pago Único que perciben los productores de frutas y hortalizas. A fin de cuentas, ésta es la partida más importante de las transferencias del FEGA, alcanzando en 2013 la cifra de 4.483 millones de euros. No dejan de tener su parte de razón, pero tan solo en el concepto, ya que se disipa una vez visto que el presupuesto, por este concepto, destinado a los cítricos es de 93,6 millones de euros, y el de las frutas es de 45,5 millones de euros. Las hortalizas, en este apartado, no gozan de disposición económica alguna.

Por tanto, los productores de frutas y hortalizas españoles, han dispuesto en el año pasado de un total de 325 millones de euros para garantizar sus rentas, de un total de 5.834 del presupuesto nacional para la totalidad de sectores. Es decir, el 5,6% del gasto para un sector, que como ya hemos dicho factura un tercio del total del valor de la producción agraria española. Y en qué se utiliza ese montante económico. Básicamente para dos cuestiones, que son el mantenimiento de rentas a través de las percepciones del Sistema de Pago Único además de las medidas de gestión de crisis contempladas en los Programas Operativos, y para las inversiones realizadas a través de los Programas Operativos. Así, si tenemos en cuenta que dentro de los Programas Operativos se destinaron 8,6 millones de euros a medidas de gestión de crisis, los productores españoles percibieron 147,7 millones de euros para el mantenimiento de sus rentas y 177,3 millones de euros para invertir en el mercado.

Análisis aparte merece la aplicación del Sistema de Pago Único en el sector. Lo que ocurre en la Comunitat Valenciana, en la que el valor de la producción de frutas y hortalizas supone dos terceras partes de su producción final agraria, es un ejemplo claro de las injusticias que genera su actual concepción. Así, mientras los productores valencianos representan el 10,2% de los beneficiaros españoles, tan solo tienen concedidos el 1,9% de los derechos y perciben el 2,6% del presupuesto total. Por si fuera poco, el importe por beneficiario de los derechos concedidos es de 1.359 euros en Valencia, el más bajo de España, seguido por Galicia, 3.354 euros, casi el doble, lo que contrasta con el valor medio a nivel nacional, 5.432 euros, o con la Comunidad de Castilla y León, que con 9.489 euros por beneficiario lidera la lista.

Los productores de frutas y hortalizas perciben unas ayudas justas si nos atenemos al uso y beneficio que de ellas se hace, devolviendo unas cuantiosas plusvalías a la sociedad en forma de seguridad alimentaria, generación de empleo, riqueza y fijación de población en el medio rural. Por otra parte, también las podemos considerar “justas” por su escasa cuantía a la vista del peso específico del sector y del nivel e apoyo con el que cuentan otros productos. Aunque ya no tiene remedio, una vez más hay que denunciar la no inclusión del sector hortofrutícola en el pago único a partir de 2015, y trabajar en Bruselas para que se mantengan las actuales.