Inspecciones a los precios y no a las parcelas de los agricultores

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Desde Asaja han reclamado aumentar los medios necesarios para aplicar la Ley de la Cadena Agroalimentaria y que los inspectores vigilen los precios y no las parcelas de los agricultores 

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, durante la Samblea General de Asaja Castilla-La Mancha. / ASAJA.

Valencia Fruits. Redacción. 

El presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha reivindicado medios suficientes para poder aplicar la Ley de la Cadena Agroalimentaria y que “los inspectores vayan a ver los precios y no las parcelas de los agricultores”.

Así lo ha manifestado Barato en declaraciones a los medios de comunicación de manera previa a la clausura de la Asamblea General ordinaria de Asaja Castilla-La Mancha,  celebrada el lunes 19 de diciembre en Toledo, donde ha deseado para 2023 que haya “menos leyes y que las que hay, se cumplan”.

Asimismo, ha reivindicado el agua para los agricultores, respecto lo cual ha dicho que es necesario que llueva y hacer las obras de infraestructuras necesarias para poderla utilizar. En este punto, ha apostado por “recargar los acuíferos” porque es una obra “muy barata” y se trata solo de “desviar y en vez de sacar agua, meterla cuando haya”.

Para ello, Barato ha añadido que se debe ordenar las cuencas de los ríos y seguir la teoría de los vasos comunicantes a medida de las necesidades, al tiempo que ha defendido que mientras antes se les criticaba a los agricultores por sacar agua de los pozos con motores diésel y contaminar, ahora muchas infraestructuras ya funcionan con energía fotovoltaica y por tanto “no contaminamos nada sino al contrario”.

Con respecto a la Política Agraria Común (PAC), el presidente nacional de Asaja ha indicado que hay que aplicarla y que el objetivo es “dulcificar o flexibilizar en la medida que se pueda” los eco-regímenes que plantea la nueva política, sobre todo para cultivos leñosos.

También ha considerado que se tendría que haber tenido una “discriminación positiva” hacia los agricultores profesionales y ha subrayado que “parece mentira” que se haya hecho una reforma de la PAC con la “fatídica y absurda” guerra en Ucrania porque trae consecuencias en general y para el campo en particular, por su dependencia de maíz, trigo y cebada.

Esto, ha explicado, ha afectado no solo a las importaciones que se hacen cada año sino que supone un problema mundial de alimentación por el que la gente puede morir de hambre, ya que una guerra “no deja salir la materia prima para alimentar a las personas”.

A su modo de ver, Bruselas tendría que haber hecho un planteamiento con “menos restricciones y prohibiciones y más situaciones para poder producir casi de todo”, porque el escenario actual ha obligado a los agricultores a liberar superficie de barbecho para poder sembrar girasol ante la falta de este producto.

Por su parte, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado que el nuevo año agrícola incorpora novedades para el sector como la nueva PAC, que ha dicho que beneficia a la región porque los agricultores de esta comunidad autónoma dispondrán de 250 millones más.

Según Martínez Guijarro, uno de los retos de este sector es ser “capaz de aprovechar esos recursos adicionales”, por lo que ha remarcado que es fundamental el papel de las organizaciones agrarias para informar sobre las decisiones que conlleva la nueva PAC.

Además, ha remarcado que la relación del Gobierno regional con las organizaciones es “fluida” y que eso ha llevado a flexibilizar los eco-regímenes “al máximo”, en el marco de lo que permite la normativa, así como ha destacado que el pasado viernes el Ejecutivo hizo transferencias por valor de 147 millones de euros que junto con las que se hicieron al inicio del año agrícola, suman 500 millones para que los agricultores tengan liquidez.

El vicepresidente regional ha hecho hincapié en que el Gobierno autonómico comparte las preocupaciones de Asaja en relación a la utilización de productos fitosanitarios y fertilizantes, y ha afirmado que “España tiene que trabajar para incrementar la soberanía de la Unión Europea en materia alimentaria” para evitar así la reducción de la producción agraria a nivel europeo e impulsar que las decisiones se pospongan hasta que haya “alternativas ciertas” para que no se produzca una merma.

De igual forma, ha apostado por continuar con la incorporación de jóvenes a la agricultura con el nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR), y ha recordado que en los últimos años en la región han sido 4.000 los jóvenes incorporados al sector.