El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, afirma que el sector agrario está viviendo un año “catastrófico”
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, durante un congreso. / Archivo
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha asegurado que el sector agrario vive un año “catastrófico” por las adversidades climáticas, que dejarán a muchos agricultores sin apenas producción, y con pérdidas acumuladas que la organización cuantifica ya en más de 2.000 millones, aunque aumentan cada día.
En una entrevista con Efeagro, Ramos ha recordado que, a la sequía, que no se vivía con tanta contundencia desde los años 94 y 95, se han sumado en este ejercicio las heladas de primeros de mayo. Además, se han padecido otros contratiempos como: granizos, tormentas, ola de calor…
La situación de los últimos 25 días por las elevadas temperaturas “ha sido tremenda”. Se han propiciado incendios, que han afectado a las explotaciones agrarias, según ha añadido el secretario general.
Entre los sectores más afectados por sequía, apunta al cereal, que verá muy recortada su cosecha. Además de la ganadería por falta de pasto; ya que los animales tendrán que recibir alimentación, en buena parte importada, con el sobrecoste que implica a las granjas.
Recuerda, también, que las heladas y granizos dejaron durante este 2017 viñedos damnificados en el centro y norte peninsular. Así como en el olivar; aunque había cuajado bien la aceituna, la cosecha quedará mermada si no llueve este verano, porque no se desarrollarán bien los frutos.
Por su parte, hay zonas de Castilla y León, de Levante y del sudeste donde no disponen de agua para garantizar los regadíos.
“Hay muchos agricultores que no tendrán cosecha”, ha remarcado Ramos. Además, exige a la Administración central y autonómicas que aporten soluciones para ayudar a los agricultores y a los ganaderos.
Sobre el reciente Real Decreto Ley de medidas extraordinarias contra la sequía del Gobierno central, ha indicado que no son suficientes “las mismas medidas de siempre”. Como: préstamos avalados por Saeca, moratorias en los pagos a la seguridad social, o dejar al sector en manos sólo de las posibles compensaciones de los seguros.
“Este año se necesitan ayudas directas”, es decir, apoyos extraordinarios. Y, por tanto, ha pedido un esfuerzo a las Administraciones y a las autoridades de la Unión Europea.
Ha afirmado que el coste de la contratación de seguros ha aumentado para el agricultor; y el dinero que aportan a los productores, en caso de siniestros por adversidades climáticas, es escaso. Por lo que no ofrecen soluciones reales a la sequía.
Asimismo, ha criticado a quienes argumentan que los afectados reciben ya ayudas de la PAC. Ya que estos fondos son una compensación de rentas (en un contexto de bajos precios en origen); y no un mecanismo para paliar sequías o problemas “extraordinarios”.
En este contexto, UPA cree que la próxima reforma de la PAC post 2020 debe incluir presupuestos para abordar el problema del agua. Y remarca la necesidad de impulsar las infraestructuras hidráulicas.
Al mismo tiempo, urge que se aborde ya la elaboración de un plan hidrológico nacional; que incluya interconexiones entre todas las cuencas, y garantice unos precios razonables del agua para regadío.
Según ha afirmado, debe ser un proyecto bien orientado. Ya que anteriores gobiernos parecían abogar por un plan basado solo en trasvases del Ebro; lo que generó “una bronca” entre territorios.
Para Ramos, la próxima reforma de la PAC debería tener en cuenta la situación de España; con mayores costes de producción que otros países del centro y norte de Europa que no necesitan del regadío.
Sobre otros asuntos de actualidad, el secretario general ha mostrado su desconfianza sobre los acuerdos comerciales que alcanza la UE; incluido el tratado con Canadá (CETA). Según Ramos, aunque el CETA podría (en el plano teórico) ofrecer oportunidades para exportar frutas y hortalizas, aceite de oliva o vino a Canadá, perjudicará al cereal y a la ganadería españolas.
Por último, ha afirmado que, según la experiencia, los acuerdos comerciales con terceros países permiten que entren productos sin control a la UE. Sin cumplir las mismas exigencias que los europeos (en materia de calidad, seguridad alimentaria, residuos fitosanitarios o alimentos libres de transgénicos). Y ejercen, en suma, una competencia desleal a los productores españoles. Con frecuencia “se incumplen los contenidos de los acuerdos comerciales; y nadie se hace responsable de controlarlos”, concluye.
