Entrevista al presidente del Sindicato Central de Regantes de Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez
A estas alturas, el presidente de SCRATS afirma que ya es muy difícil sacar el tema del agua del escenario político. / SCRATS
Julia Luz. Redacción.
El recorte al trasvase Tajo-Seguro ha pasado a ser el centro de una intensa batalla política en torno a la más que conocida ‘guerra del agua’. Decisiones políticas unilaterales, protestas, confrontación entre comunidades, consultas al Consejo de Estado… nada falta en esta trama que ha desembocado en el mismísimo Tribunal Supremo. El presidente de SCRATS, Lucas Jiménez, nos relata en qué punto se encuentran actualmente las actuaciones respecto al trasvase y cuáles son sus próximos movimientos.
Valencia Fruits. Hace apenas un mes se celebró el 44 aniversario del trasvase Tajo-Segura, que centra no sólo la ya conocida guerra del agua, sino también una virulenta batalla política. ¿En qué situación se encuentra actualmente?
Lucas Jiménez. Con el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, el Consejo de Ministros aprobó los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo, incluida la fijación de caudales ecológicos para el río Tajo y que, en la práctica, supone una reducción del envío de agua a Alicante, Murcia y Almería de hasta 110 hectómetros cúbicos en el horizonte de 2027.
Como respuesta y, al igual que las administraciones de las comunidades afectadas, nos encontramos en la vía judicial al haber interpuesto un recurso contencioso administrativo al Tribunal Supremo.
“Hemos solicitado la suspensión cautelar de los caudales ecológicos aprobados por la Planificación del Tajo para los tramos que inciden directamente en la vida futura del trasvase”
VF. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite su recurso interpuesto. ¿Qué piden y qué esperan conseguir?
LJ. Hemos solicitado la suspensión cautelar de los caudales ecológicos aprobados por la Planificación del Tajo para los tramos que inciden directamente en la vida futura del trasvase. En este sentido, no vamos a aceptar que se incremente el caudal ecológico en el Tajo por motivaciones exclusivamente políticas y que perjudiquen a los regante.
La admisión del recurso significa que se ha trabajado bien y se ha fundamentado con trabajos técnicos y jurídicos, lo que da como resultado que el Tribunal Supremo acepte estudiar la posibilidad de imponer unas medidas cautelares contra la decisión de incremento de los caudales ecológicos y se demuestra, además, que ya se está produciendo un daño al Levante con esa subida de 7 metros cúbicos por segundo. Pero hay que ser realistas, pues el hecho de que la pieza haya sido admitida a trámite no significa que el problema esté resuelto.
VF. ¿Cuál es el impacto real del recorte al trasvase?
LJ. Las consecuencias son negativas para el empleo, el medioambiente y la economía de las regiones afectadas. Los datos que expuso en una reunión en el Palacio de San Esteban, en Murcia, el catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante, Joaquín Melgarejo, dan una idea exacta de la repercusión del recorte en un futuro.
“La reducción de los caudales traerá consigo una pérdida más de 27 mil hectáreas, unos 15.300 despidos y pérdidas económicas totales por valor de unos 5.692,46 millones de euros”
En primer lugar, la reducción de los caudales traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío en la zona del Levante, más de 27 mil hectáreas que deberán reconvertirse a secano o, directamente, serán abandonadas. En consecuencia, unos 15.300 trabajadores serán despedidos y con ello también se perderán sus prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo, como el IRPF, la contribución a la Seguridad Social, el IVA…
A nivel económico, sus efectos derivan de la pérdida de dos flujos de valoración. Por una parte, el valor de los activos productivos (el precio de la tierra) y, por otro, el lucro cesante experimentado por las explotaciones a través del margen neto, es decir, unas pérdidas totales de unos 5.692,46 millones de euros.
VF. ¿Es el agua desalada una alternativa viable?
LJ. La opción del agua desalada para suplir el recorte al trasvase no es lógica. Y tampoco es justa. Que los regantes tengan que asumir como normal una reducción del volumen de agua procedente del trasvase, a un precio asequible para todos, y se vean forzados al uso de la desalación, con una tarifa inasumible para muchos, no es una decisión sensata.
Además, es importante destacar que, a día de hoy, el agua desalada sin subvención por parte del Estado es prácticamente prohibitiva para la inmensa mayoría de los productores. Y aún subvencionada, acabará sí o sí con buena parte de pequeños y medianos agricultores. Mientras que para algunos será viable, para otros será su final.
VF. Con Murcia, Andalucía y la Comunitat Valenciana en contra y pese a la opinión no favorable del Consejo de Estado, Teresa Ribera siguió adelante con sus planes. ¿Estamos ante una planificación hidrológica claramente política?
LJ. Sin ninguna duda. Y esto es algo que llevamos advirtiendo desde 2020. Por desgracia, el tiempo, el Consejo de Estado y la actitud, para nada discreta, de proceder de la ministra nos han dado la razón.
VF. Los gobiernos de estas tres comunidades también han presentado sus propios recursos al Tribunal Supremo. ¿Qué opina de su defensa del agua?
LJ. Desde el sindicato nunca hemos tenido queja y valoramos muy positivamente el apoyo brindado por las diferentes administraciones de estas tres provincias.
No obstante, en todo el recorrido de estos años solo encuentro un pero… que la Generalitat Valenciana no recurriera en su globalidad el Real Decreto que aprueba el régimen de los caudales ecológicos del Alto Tajo. No llego a entender por qué no reclaman la subida de seis a siete metros cúbicos por segundo en el tramo de Aranjuez.
Si el motivo es el supuesto acuerdo político por los barones socialistas y que tuvo como resultado la disposición adicional novena del Proyecto de Real Decreto presentado al Consejo Nacional del Agua, me parece una decisión errónea, puesto que dicha disposición fue suprimida.
Así, a mi juicio, la decisión correcta era pelear hasta el más ínfimo litro político que se vierta en el Tajo sin justificación técnica porque, de lo contrario, su presentación de recurso independiente puede debilitar nuestra postura ante el Tribunal Supremo.
VF. ¿Hay que sacar de las urnas el tema del agua?
LJ. En este punto, ya es muy complicado sacar el asunto del agua del escenario político. Pero la urgencia y la oportunidad política no pueden ser las únicas que sustenten las decisiones en materia hídrica, tal y como ha ocurrido en esta legislatura. Hay que dejar de asfixiar al sector agrario con normativas cada vez más limitantes.
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