Precio justo

Patatas Meléndez energía
Hispatec otoño 2022
Laiguant Lainco
Bioibérica CT

ciriloarnandis

Artículo de Opinión de Cirilo Arnandis, presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-alimentàries.

lineaapoyos

 

Los resultados de las últimas elecciones al Parlamento europeo han sido interpretados como una llamada de atención a la clase política dominante. La sociedad demanda, a través del voto, un cambio en el estilo y en la forma de hacer política. En esencia, se demanda a nuestros políticos que resuelvan nuestros problemas, y no cabe duda que el principal problema que aqueja al campo es el nivel de renta de los productores.

La actual campaña citrícola, a punto de finalizar, es uno de esos claros ejemplos en los que la contrapartida económica percibida por el trabajo de todo un año ha sido bastante escasa. En muchos casos ni siquiera servirá para superar el nivel de costes, por lo que la consecuencia inmediata es que este año habrá pérdidas. Y ya sabemos, ningún negocio se sostiene ni puede mirar al futuro si priman los números rojos. Las causas, en principio son ajenas a todos, pues la ausencia de lluvias, el calibre, el volumen de destríos, además del rajado, han conformado un conjunto de circunstancias adversas que han incidido sobre quien pone el precio final.

Esto ha sido este año, pero no hay que retrotraerse demasiado en el tiempo para encontrar mil y una causas por las que los ingresos sucumben ante los gastos. Mucho habría que hablar sobre la conformación del precio en los distintos eslabones de la cadena, así como del papel que juega cada uno de los actores que aparecen en este escenario. Pero todo este debate, en el primer mundo, parece que tan solo tiene como posible vía de solución los códigos de buenas prácticas comerciales o visto desde un punto de vista más amplio, los denominados códigos de conducta.

Así, según el “Informe del Sector Agroalimentario”, elaborado por la entonces Comisión Nacional de la Competencia, estos códigos son un instrumento de ordenación de las relaciones entre los distintos agentes de la cadena de valor. Curiosamente en este contexto del primer mundo, nadie se atreve a tratar el tema de las pérdidas en campo por entenderse contrario a las normas sobre competencia. Contrariamente a este planteamiento, cobra cada vez más fuerza el concepto de “Comercio justo” aplicable a entornos enmarcados en el tercer mundo. Se trata de una forma alternativa de comercio, apoyada por la Organización de Naciones Unidas y toda una serie de organizaciones políticas y sociales, que promueve una relación voluntaria y justa entre productores y consumidores.

Este movimiento no es nuevo, pues data del año 1964, naciendo en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En esencia, de lo que se trataba era de sustituir la ayuda económica a los países pobres por un régimen aperturista que permita, en condiciones favorables, acceder a mercados de alto poder adquisitivo. Entre sus objetivos y retos están los de promover la agricultura de pequeños productores, fomentar relaciones comerciales más directas, fomentar el consumo responsable, equilibrar el comercio mundial en beneficio de los actores más desfavorecidos y lograr un impacto social que incentive políticas y economías más equitativas.

Llama la atención el punto quinto del decálogo de estándares de comercio justo definido por la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO). Bajo el epígrafe “Pago de un precio justo”, se define éste como aquel acordado a través del diálogo y la participación, que no solo cubre los costes de producción, sino que también permite un sistema de producción socialmente justo y ambientalmente sostenible. Paradójicamente, ningún agricultor del primer mundo tiene reconocido ningún derecho en este sentido.

En definitiva, se trata de crear unas condiciones en las que los más desfavorecidos puedan obtener precios justos, que les permitan vivir dignamente, produciendo en condiciones de respeto a la condición humana y al entorno. Loables todos estos objetivos si los enmarcamos en ámbitos de pobreza, y que igual de loables serían si se aplicaran a una buena parte de productores, en este caso citrícolas, del primer mundo. Y es que mientras estamos dispuestos a pagar un poco más por productos que llevan el sello del comercio justo, en nada nos acordamos de la escasa rentabilidad económica de las explotaciones más próximas cuando vamos a un supermercado y nos ofrecen la oferta del día.

Es evidente que las condiciones de partida y las oportunidades de actuación de cada uno de los modelos expuestos son distintas, como es distinto el volumen de negocio que se mueve por cada uno de los circuitos. Quizás aquí radique el éxito del “Comercio Justo”, que de momento no molesta a los grandes canales multinacionales de comercialización. Pero también es evidente que cualquier productor del primer mundo aspira a vivir de un modo digno de su actividad, y esto en un mercado que cotice a niveles que generen pérdidas en la explotación no es posible.

Más allá de la defensa de lo justo o lo injusto, y de la aplicación de valores morales, por altos que estos sean, lo que es evidente es que vivimos en un contexto mercantilista y competitivo en el que hay que luchar por el céntimo. El que no resiste desparece y otros vendrán a cubrir el hueco que has dejado. El productor es el actor más débil y más desprotegido en todo este negocio, y solo, poco o nada puede hacer. Por tanto, la única vía que nos ha ofrecido la política agrícola comunitaria es la de asociarse en organizaciones de productores, adquiriendo una dimensión suficiente que permita pactar códigos de buenas prácticas, no ya por convicción moral, si no porque siempre será mejor un mal acuerdo que un buen pleito.