“Primus inter pares” Ni…, ni… Ni todos, ni presupuesto

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Artículo de Opinión de Cirilo Arnandis, presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-alimentàries.

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Primos

 

El veto ruso sigue siendo el tema que más ocupa y preocupa a todos los actores de nuestro sector y a las distintas administraciones. Y es que además de las cuestiones propias del mercado, desde los despachos de Bruselas se han tenido que hacer horas ex­tras, ya sea para dejar sin efec­to un Reglamento, el 932/2.014, como para redactar uno nuevo que corrija los errores y defectos de éste último detectados tras su puesta en marcha, y que se debe publicar en los primeros días de esta semana.

La crónica de lo acontecido debe remontarse a las últimas fechas del mes de agosto, mo­mento en el que el Comisario Ciolos, con un pie fuera de la Comisión, reconoce que el veto ruso a las frutas y hortalizas es un tema de índole exclusivamente política. Es por ello que declara que el problema no es achacable bajo ningún concepto al sector, y menos a los productores, motivo por el cual, desde la Unión Europea se dispondría de todo el presupuesto necesario para que ningún agricultor sufriera las consecuencia de la decisión adoptada desde el Kremlin. Declaración recibida con alivio, pues poco o nada se puede hacer desde el sector, más allá de soportar las secuelas.

La hora de la verdad llega con la publicación de dos Reglamentos con medidas, uno para melocotones y nectarinas, y otro para una batería de productos, en concreto para tomates, zanahorias, coles, pimiento, coliflor, pepino, pepinillos, hogos, manzana, pera, frutos rojos, uva de mesa y kiwi. Ambos Reglamentos acotan su actuación a la condición de no sobrepasar un presupuesto concreto. El sector reacciona negativamente dado que esto no era lo que se había prometido. Ni se habían adoptado medidas para que ningún agricultor quedara sin ayudas, ni se habían dispuesto los recursos económicos necesarios.

El criterio elegido por la tecnocracia bruselense, y avalado por los cargos con responsabilidad política, fue el amparar, solo por un periodo determinado que no abarca el total de recolección, aquellos productos que más tonelaje se había exportado desde la Unión Europea a Rusia en el periodo que va de septiembre a diciembre del año 2013. Un criterio tan válido como cualquier otro, si lo analizamos exclusivamente desde el punto de vista numérico, pero no admisible desde un punto de vista político ni ético. Ello supone dejar sin cobertura a los agricultores que no cultivan esos productos agraciados con la decisión de ser incluidos en un Reglamento de ayudas, y además, incumple una promesa política formulada y expuesta al más alto nivel.

El mercado es un conjunto de vasos comunicantes, donde la presión ejercida en un punto se traslada, en mayor o menor medida, a todos los puntos del sistema. Dejar fuera a cultivadores de productos, entendidos desde Bruselas como minoritarios, es dejar inermes a una serie de ciudadanos de la Unión Europea que han hecho una apuesta distinta para obtener una renta económica de la cual vivir. Es entender que las consecuencias del veto ruso solo afectarán a unos, y no a otros. Es entender que todos los agricultores no son iguales, o si los son, los hay “primus inter pares”, es decir, los hay primeros entre los supuestamente iguales.

Las medidas recogidas en los Reglamentos, básicamente retiradas por distintas vías, se debe plantear más como una señal al mercado y que bien puede decirse que ha tenido sus frutos. No se trata de retirar porque si, sino de disponer de una herramienta a esgrimir en previsión de que las cosas vinieran mal dadas. Así lo entendió todo el mundo a la vista de lo razonable de las peticiones de retirada de los distintos Estados miembros. En toda la Unión Europea menos en Polonia. Según datos de la Comisión Europea, de un presupuesto inicial de 125 millones de euros para los 28, con cargo al Reglamento 932/2.014, las peticiones polacas alcanzarían la cifra de 146 millones de euros. Cantidad más llamativa si cabe, al observar que las peticiones del resto de socios comunitarios son de 21,5 millones de euros.

Ante estas cifras tan elocuentes, la Unión Europea decidió paralizar la aplicación del Reglamento y plantearse una nueva estrategia. Con ello, más que señalar el error, los productores entendieron que se abría una nueva oportunidad para cumplir lo que se les había prometido. Recordemos, nadie excluido y recursos suficientes. Pero no. La última propuesta comunitaria, pese a presentar un formato distinto e incluir las naranjas y mandarinas, sufre de los mismos errores al contemplar un presupuesto y un club cerrado de cultivos beneficiados. Cada agricultor hace una apuesta en el mercado cuando decide qué plantar. En muchas ocasiones se anima, incluso desde atalayas institucionales, a diversificar cultivos, en un intento de eliminar presión en mercados saturados, ya sea por producciones propias o por efecto de la política de puertas abiertas de la Unión Europea. Es evidente que para estos agricultores esos productos minoritarios son su vida.

Ya sabemos que por encima de toda medida adoptada en Bruselas está el objetivo de no sobrepasar el horizonte presupuestario. En este caso, y pese a que se ha dicho lo contrario, también. Se ha anunciado que el nuevo Reglamento dispondrá de un presupuesto abierto, pero si el tonelaje por países es cerrado y la cuantía económica a percibir por el productor también, la multiplicación de toneladas por euros/tonelada, da un valor fijo y cerrado. Aceptando que deba de ser así, se podría haber optado por una esta estrategia más abierta, y dado que va a existir un presupuesto por países y productos, se podría mantener el presupuesto por países dejando libertad a éstos para que se beneficien aquellos productos afectados por las tensiones del mercado, ya sean mayoritarios o minoritarios.  No es lo prometido, pero es una solución alternativa.

Vistas las cifras de petición de ayuda, salvo el caso polaco, se constata que el sector ha sido cauto a la hora de disponer de los fondos públicos destinados desde Bruselas. Nadie quiere retirar, y menos en un sector que hace una apuesta decidida por el mercado. Abrir las medidas a la totalidad de sectores, incluidos los minoritarios, no hará quebrar las arcas comunitarias. Más al contrario, aportará estabilidad a un mercado integral y complejo, y con ello un menor coste económico y social.

Información publicada en la edición impresa de Valencia Fruits del 23 de septiembre.
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