Organizaciones agrarias y cooperativas coinciden en que hacen falta más actuaciones y medidas para afrontar el problema de la sequía.
Hasta el momento, el cultivo más afectado por la sequía es el cereal. / Óscar Orzanco
La sequía está oscureciendo el futuro de la agricultura española reduciendo sus rendimientos y potencial de desarrollo. Los productores se encuentran en alerta y miran al cielo con desesperación, viendo como sus cosechas se pierden. Castilla y León es actualmente la autonomía más afectada por la escasez de lluvias. Aunque también hay muchas zonas perjudicadas en La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana o incluso Galicia, una comunidad que no está habituada a sufrir problemas hídricos.
Sin duda, el sector que sufre de forma inmediata la insuficiencia de lluvias es el agrícola. Y los productores prevén para este año grandes pérdidas en cultivos y en ganadería. Y esta situación no parece coyuntural, ya que muchas voces aseguran que las crisis climáticas se van a repetir.
Ante el cariz de los acontecimientos, el Gobierno aprobó el viernes medidas para paliar las pérdidas en agricultura por la sequía, como exenciones en las tasas de riego en las cuencas del Segura, Júcar y Duero —por 53,8 millones de euros—, y para los productores de todo el país una moratoria en el pago de cuotas a la Seguridad Social.
Sin embargo, las organizaciones agrarias y las cooperativas coinciden en que hacen falta más actuaciones y medidas, como una rebaja de tarifas eléctricas o mejorar los seguros.
De momento, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a un real decreto-ley cuyo objetivo es “dar apoyo financiero” a los productores ante la escasez de precipitaciones, según declaró la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las medidas aprobadas se ciñen a reducciones de tasas y por lo tanto son una solución temporal que aliviará el bolsillo del agricultor perjudicado. Pero si los expertos aciertan en sus previsiones, y la sequía persiste, habrá que buscar respuestas estructurales más sólidas. De hecho, y a corto plazo, si el déficit de precipitaciones se prolonga en 2018, la situación será de emergencia con carácter general en la mayoría de las cuencas hidrográficas. Y esta situación no solo afectará a la agricultura.
Tras el Consejo de Ministros, Isabel García Tejerina repasó la situación hidrológica e insistió en que el déficit de lluvias es desigual en el país, mayor en la cuenca del Duero e incluso en zonas que tradicionalmente tienen precipitaciones elevadas, como Galicia y el resto de la cornisa Cantábrica.
Las medidas aprobadas se centran, en parte, en las cuencas del Segura y del Júcar, oficialmente en sequía hidrológica desde 2015, y en la cuenca del Duero, para la que el Gobierno tramita por vía de urgencia una declaración similar. Para las explotaciones agrícolas en estas tres demarcaciones, el real decreto incluye exenciones del pago de cánones y tarifas relacionadas con el agua.
Estas excepciones, según Tejerina, supondrán una “disminución de ingresos” para las confederaciones hidrográficas y un ahorro de 53,8 millones, que beneficiarán a los regantes del Duero (8 millones), Júcar (8,5 millones) y Segura (37,2 millones).
La Mancomunidad de los Canales del Taibilla y los abastecimientos de Almería que se suministran mediante el acueducto Tajo-Segura también se beneficiarán de estas exenciones.
En concreto, las exenciones afectan al canon de regulación y en la cuota de la tarifa de utilización del agua, así como a tarifas de conducción de agua relacionadas con la explotación del Tajo-Segura. Se beneficiarán los titulares de las explotaciones de las cuencas del Duero, Júcar y Segura que en 2017 hayan tenido una dotación de agua inferior o igual al 50% de la normal o con pérdidas de producción en los cultivos de un 20% o un 30%, según las zonas. La ministra resaltó que si otra cuenca entrara en la misma situación, las medidas se harían extensivas para sus regantes.
Por otro lado, el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social ha dado el visto bueno a un aplazamiento de un año en el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas y trabajadores de explotaciones afectadas por sequía, en todo el ámbito nacional, sin intereses en el pago.
Las medidas aprobadas se suman a otras ya lanzadas para mejorar el acceso al seguro, su fiscalidad y a la financiación. Además, Tejerina avanzó que trabaja en una “nueva orden de ayudas a la financiación” o al acceso al crédito, dirigidas a los cultivos más afectados por sequía.
Desde el 1 octubre (inicio de la campaña hidrológica) hasta junio, la media nacional de las precipitaciones ha sido un 13% inferior a lo normal y la reserva hidráulica peninsular es de 54,2%. En la cuenca del Duero, la bajada de las lluvias se sitúa en el 42%. Y la proximidad del verano hace pensar que el panorama hídrico se deteriorará.
Se necesitan más medidas
Las organizaciones agrarias y las cooperativas han mostrado diferencias al analizar las medidas aprobadas por el Gobierno, pero todos coinciden en que hacen falta más actuaciones, como una rebaja de tarifas eléctricas o mejorar los seguros. Cooperativas Agro-alimentarias de España y Asaja han calificado como positivas las disposiciones, mientras que COAG y UPA han insistido más en que son insuficientes.
El técnico del departamento jurídico y seguros de Cooperativas Agro-alimentarias, Jesús Gustrán, ha declarado que las medidas son “muy positivas” y que el Ministerio de Agricultura “ha hecho sus deberes”. Según Gustrán, Agricultura ha cumplido “lo que está en su mano”, en respuesta a las demandas de los agricultores, pues existen medidas que dependen de otros ministerios (como las reducciones fiscales) o de las comunidades autónomas. También se ha referido a la intención de España de pedir un adelanto del 70% de las ayudas de la PAC, si bien en la práctica su abono corresponderá a las autonomías. No obstante, las cooperativas insisten en la necesidad de mejores dotaciones para los seguros agrarios.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha calificado como “positivas” las medidas impulsadas por el Ministerio. No obstante, ha apuntado que quedan “flecos” y que es momento de “dar una vuelta” al seguro agrario y a las tarifas eléctricas. En este sentido, ha pedido a Agricultura que estudie con el Ministerio de Industria una rebaja de la tarifa eléctrica para el regadío para que sea “más adaptada a la realidad” y en vez de contabilizar el año se ciña a los meses en los que el productor usa el agua.
COAG considera que las medidas son útiles para el campo, pero insuficientes, dada la “difícil situación” de los cultivos y de la ganadería extensiva, para la que se presenta “por delante un verano muy duro y sin seguro”.
La organización agraria ha solicitado que se estudie la opción de ayudas directas “de minimis” (exentas de notificación a Bruselas) a los afectados, así como la bonificación de intereses o cuotas de amortización de préstamos para profesionales en zonas perjudicadas.
El secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Senovilla, ha calificado como “totalmente insuficientes” las actuaciones del Gobierno. El representante de UPA, quien ha abogado por ayudas directas para las explotaciones de agricultores profesionales, ha criticado que el Gobierno ofrezca “más de lo mismo” y que apueste por los préstamos “para un sector que ya está muy endeudado”.
El cereal está muy ‘tocado’
Hasta el momento, el cultivo más afectado es el cereal. En esta línea, la Asociación Nacional de Comercio de Cereales y Oleaginosas (Accoe) prevé que la cosecha española caiga este año de media un 30%, hasta 13,3 millones de toneladas, debido, sobre todo, a la sequía. Las estimaciones de Accoe apuntan a una reducción del 44% de la producción de centeno, hasta 215.000 kilos; del 35% en trigo blando (4,5 millones de toneladas); del 34% en avena (731.000 kilos); del 33% en cebada (6,2 millones de toneladas); y del 12% en triticale, con una producción de 471.000 kilos. La única excepción será el trigo duro, que subirá un 16%, hasta rondar 1,2 millones de toneladas.
También se espera un “descenso medio de los rendimientos” en los campos de cereales, con 2.340 kilos por hectárea este año, mil menos que el pasado. No obstante, desde Accoe han subrayado que las zonas ya cosechadas “presentan, en general, muy buenas calidades”.
Por comunidades autónomas destaca el descenso de producción media previsto para Castilla y León, superior al 50% en los cereales más significativos.
En las hortalizas, la ausencia de lluvias también han trastocado los calendarios de recolección habituales de determinados productos provocando alteraciones comerciales.
