Socios que no lo son

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Artículo de Opinión de Cirilo Arnandis, presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-alimentàries.

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En las últimas fechas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Agua ha sometido a consideración del sector su propuesta de modificación del Real Decreto 1.972/2.008, sobre reconocimiento de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Este cambio normativo viene motivado por las últimas “indicaciones” de las misivas comunitarias, que han incidido en el hecho de garantizar que las Organizaciones de Productores deben cumplir los objetivos y funciones previstas en la reglamentación comunitaria. En particular, las relativas a que están constituidas por productores y que son éstos quien tiene el control democrático real de la entidad.

A este respecto convendría recordar lo estipulado en el Reglamento 1.308/2.013, el de la OCM única, que publicado en el mes de diciembre último, dentro del paquete normativo de la nueva PAC para el periodo 2014-2020, fija todo un capítulo de su articulado a las Organizaciones de Productores, sea cual sea el sector. Así, en su artículo 152, indica que las OPs se crearán a iniciativa de los productores y que deberán perseguir alguna de las finalidades enumeradas en el Reglamento. Entre ellas destacan las de garantizar que la producción se planifique y ajuste conforme a la demanda, concentrar la oferta o la de optimizar los costes de producción y los beneficios de las inversiones realizadas. Todo ello con el fin último de generar renta para el productor.

Siguiendo con la normativa, los Estados miembros podrán reconocer a las Organizaciones de Productores que lo soliciten y que cumplan para ello una serie de requisitos. El principal es que estén constituidas y controladas por productores. Para ello, en el artículo 153-2-c, se indica de modo claro que los estatutos de la OP deben prever las normas que garanticen a los productores asociados el control democrático de su organización y de las decisiones de ésta. Poco o nada se debería de tener que explicar en este apartado, pues el concepto de control democrático está en mente de todos si lo aplicamos en el contexto de unas elecciones legislativas.

Volviendo a la propuesta de modificación del Real Decreto, destaca sobremanera la nueva figura del “socio de campaña”. Así, según la propuesta ministerial, las Organizaciones de Productores podrán admitir como miembro a productores no asociados a ninguna OP para los productos que la OP receptora este reconocida. Estos miembros serán considerados a todos los efectos miembros productores de la OP, excepto que no podrán realizar inversiones en sus explotaciones en el marco de los Programas Operativos, y solo podrán ser socios de campaña en una misma OP durante un periodo, mínimo de un año y máximo de dos, en un plazo de seis años continuados.

No cabe duda que esta idea podría tener un encaje legal, y que seguro que está concebida con las mejores de las intenciones, pero el perjuicio que puede generar en el sector es mucho más grave que lo bueno que puede aportar. Es por ello que las cooperativas nos oponemos a esta figura. Aceptar al “socio de campaña” como miembro de la OP nos parece contrario a los objetivos perseguidos por esta figura, y solo contribuirá a la creación artificial de beneficios ajenos a los objetivos perseguidos por el sistema de ayudas comunitarias a las frutas y hortalizas, y por lo tanto a su deslegitimación.

En una parte de la balanza está la idea de abrir las puertas de las OPs a potenciales nuevos socios, que éstos conozcan lo que es una OP, y que así se animen  a incorporarse de verdad. Como si a estas alturas todavía alguien no conociera de lo que estamos hablando ni los motivos por los cuales no hay más socios incorporados a las OPs. En este sentido recordar que el Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de las disposiciones relativas a las OPs, a los fondos operativos y a los programas operativos en el sector de las frutas y hortalizas desde la reforma de 2007, publicado en marzo de 2014, indica de modo textual que “El factor de la economía sumergida también puede resultar otro motivo clave para no unirse a una OP: el hecho de no pagar impuestos (especialmente el IVA) permite a los agricultores no pertenecientes a ninguna organización obtener mayores beneficios (al amparo de la economía sumergida) que los que sí forman parte de ellas, los cuales se ven obligados a respetar el marco legal”.

La figura del “socio de campaña” podría traer consigo un mayor número de problemas y perjuicios para quienes sí están en una OP. Así en el caso de OPFH, con el número de socios imprescindible que permita su calificación, la incorporación de este tipo de miembros supondría incorporar como socio a quien antes era un mero proveedor. Así, a quien en atención a la Ley de Morosidad, quien debía cobrar en un mes por la venta de su producción, ahora no tiene plazo de cobro. Además, dado que estos nuevos miembros son socios, en un caso extremo, un solo interesado podría constituir una OPFH con cuatro socios itinerantes por año, y dado que la producción de éstos no computa como compras a terceros, este capítulo puede verse ampliado.

En fin, que nos encontramos ante socios de segunda, es decir miembros que no podrán votar en las decisiones de la OP de la cual son socios, y en especial en aquellas relativas a los Programas Operativos, de los cuales no se podrán beneficiar. Esta medida solo servirá para cumplir de modo artificial ciertos requisitos, incrementando el valor de la producción comercializada, base del cálculo de la ayuda a los Programas Operativos, en beneficio solo del núcleo duro de determinado modelo de OPFH.

Coincidimos en la idea de fomentar la entrada de nuevos socios en las OP, pero no a cualquier precio. Hay que aumentar el número de productores en Organizaciones de Productores, sí, pero siempre que sean “verdaderamente” socios capaces de cumplir con los requisitos, exigencias y beneficios que otorga la norma. Para ello no valen atajos estirando la legislación que pueden generarnos problemas con Bruselas, y peor todavía, desincentivar la permanencia en OPs de aquellos que sí han adquirido compromisos. Es por ello que deseamos que el Ministerio reconsidere el texto del Real Decreto, haciendo desparecer de él la figura del “socio de campaña”.

Información publicada en la edición impresa de Valencia Fruits del 24 de junio.
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