La propuesta prevé una disminución de las ayudas directas de la PAC para España del 3,5%
España se encuentra entre los países que sufrirán recortes en los pagos directos de la PAC. / Óscar Orzanco
La Comisión Europea presentó el pasado viernes una propuesta para la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2020 con un recorte del presupuesto global del 5% a precios corrientes, un 12% a precios constantes, sin tener en cuenta la inflación, y un techo máximo de ayudas de entre 60.000 y 100.000 euros por explotación para garantizar, según señalan desde Bruselas, una distribución más equitativa de los pagos.
No obstante, el primer presupuesto “postbrexit” contará con un total de 365.000 millones de euros, con lo que seguirá siendo la política más importante de la Unión Europea en términos de presupuesto drente el periodo (2021-2027).
En este contexto, España podría ver reducida la cuantía de las ayudas agrícolas que recibe de la UE en los próximos años. La propuesta de Bruselas plantea una disminución de los pagos directos a precios corrientes del 3,5% para España y de un 15% para desarrollo rural. Unas cifras que confirman los recortes que ya anunció el Gobierno español semanas atrás.
La caída de los fondos españoles está en línea con la de sus socios europeos. Según fuentes comunitarias, España se encuentra entre los países que sufrirán recortes en los pagos directos de la PAC, todos a excepción de Estonia, Lituania, Letonia, Rumanía y Portugal.
La propuesta de la Comisión Europea, que debe ser primero debatida y negociada por los Estados Miembros, requiere que los países den luz verde al presupuesto europeo para este periodo. Por ello, la negociación todavía no ha terminado. España, de la mano de Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal, ha respaldado ya una declaración conjunta para pedir a la CE que la PAC no recorte “ni un euro” el presupuesto asignado actualmente a esta política. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, señaló que la PAC “contribuye” a que la UE “sea una de las grandes potencias agrarias del mundo”. La propuesta de recorte supone un “riesgo para la viabilidad” de las explotaciones agrarias, de los ingresos de los agricultores y de “su capacidad para hacer frente a las demandas de una alimentación saludable, asequible y medioambientalmente responsable”. La ministra indicó que los firmantes intentarán que otros países se sumen a esta declaración.
Mayor flexibilidad
Con esta propuesta, la PAC sigue siendo la política más importante de la Unión Europea en términos de presupuesto en este periodo, alrededor de un 40% del total.
El planteamiento de Bruselas aboga por dar más flexibilidad a los países a la hora de utilizar sus asignaciones de financiación, con la posibilidad de diseñar “programas a medida” que respondan más eficazmente a las preocupaciones de los agricultores y de las comunidades rurales más amplias.
El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, explicó que a través de “planes estratégicos” cada Estado deberá argumentar cómo cumplirá una serie de nueve objetivos impuestos por Bruselas (medioambientales, económicos y sociales). La Comisión Europea seguirá la puesta en marcha de estos planes y si cumplen los objetivos.
Bruselas, aseguró el comisario, garantiza con esta propuesta que los pagos directos seguirán siendo una parte fundamental de la PAC, pero insiste en la necesidad de una distribución “más equitativa”. Por ello, plantea además un techo máximo de ayudas de entre 60.000 y 100.000 euros por explotación para garantizar una distribución más equitativa de los pagos. Con esta medida, Bruselas espera “dar margen de elección” a los países y favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones que se encuentran en “el corazón del modelo agrícola familiar europeo”.
Los países tendrán que reservar como mínimo el 2% de su asignación para pagos directos y dedicar el importe así obtenido a ayudar al establecimiento de los jóvenes agricultores, según la propuesta de la CE.
Phil Hogan aseguró que esta propuesta “responde al compromiso de la Comisión de modernizar y simplificar” la PAC, “aportando una auténtica subsidiariedad para los Estados miembros, garantizando un sector agrícola europeo más resiliente, y elevando la ambición en materia climática y medioambiental de la política”.
Así, la CE plantea una nueva medida que da la opción a los países de “transferir” de los pagos directos al desarrollo rural (del primer al segundo pilar de la PAC), y viceversa, hasta un 15% de sus asignaciones, para garantizar la financiación de sus prioridades.
Si la anterior PAC ya introdujo el llamado “greening”, pagos condicionados a determinados servicios medioambientales, esta propuesta incide aún más en esta materia y plantea “requisitos reforzados”.
Cada Estado miembro tendrá que ofrecer “regímenes ecológicos” para ayudar a los agricultores a ir más allá, y al menos el 30% de cada asignación nacional para desarrollo rural deberá dedicarse a medidas medioambientales y climáticas. “Esperamos que el 40% del presupuesto total de la PAC contribuya a la acción por el clima. Queremos incitar a los agricultores a tener una mayor ambición climática y medioambiental”, afirmó Hogan.
La Comisión Europea destacó además que el programa “Horizonte Europa” —sucesor del “Horizonte 2020”— destinará 10.000 millones de euros a proyectos de investigación en materia de alimentación, agricultura, desarrollo rural y bioeconomía.
Continuidad en el régimen específico de las frutas y hortalizas
La propuesta de reforma de la PAC mantiene el régimen específico de frutas y hortalizas y sus medidas básicas: organización de productores y sus programas operativos, con el mismo nivel de ayuda comunitaria. Además potencia las asociaciones de organizaciones de productores y los objetivos medioambientales y de mitigación del cambio climático, tal y como avanzó Fepex en abril, cuando se conoció extraoficialmente la propuesta de Reglamento.
La propuesta mantiene básicamente los niveles actuales de ayuda comunitaria a los fondos operativos, cofinanciados por los productores: 4,1% del valor de la producción comercializada de las organizaciones de productores; 4,5% en el caso de las asociaciones de organizaciones de productores, que al igual que ahora podrán ejecutar en programa operativo parcial; y el 5% para las organizaciones de productores o sus asociaciones transnacionales, manteniendo con carácter general la cofinanciación del sector privado del 50% del fondo operativo, porcentajes que Fepex considera deben ser mejorados en respuesta a la eficacia demostrada por estos fondos. La propuesta mantiene que los porcentajes de ayuda comunitaria al fondo operativo se incrementen en los supuestos mencionados un 0,5% adicional en caso de aplicación de las medidas de prevención y gestión de crisis de mercado.
Con relación al reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones, la propuesta mantiene la regulación básica en vigor establecida en el Reglamento (UE) 1308/2013, que seguirán siendo las únicas del sector que puedan constituir y presentar programas operativos.
La propuesta potencia el principio de subsidiariedad, dando más autonomía a los Estados para fijar los objetivos y acciones de los programas operativos. La Comisión delimita los objetivos y las medidas que pueden ser incluidas en el plan PAC y cada Estado miembro selecciona y define las que considera más idóneas para cumplir los objetivos fijados en su plan, que debe ser aprobado por la CE.
El mantenimiento de las principales medidas de la OCM en vigor, sin cambios sustanciales, evidencia para Fepex el reconocimiento de que las organizaciones de productores, sus asociaciones y los programas operativos, constituyen las medidas más eficaces de la política agraria en vigor, tanto desde el punto de vista de su contribución a potenciar una actividad productiva competitiva, como desde el punto de vista del empleo en múltiples ámbitos vinculados a la actividad productiva agrícola en el mundo rural.
Sobre los pagos directos, de los que está excluida la generalidad del sector de frutas y hortalizas frescas, Fepex defenderá, por un lado, que el régimen no provoque distorsiones de la competencia efectiva entre productores del mismo sector con condiciones agronómicas y socio-económicas iguales. Y por otro lado, que contribuya a la resiliencia de las explotaciones frente a los retos que plantea la globalización asimétrica del mercado comunitario y la política medioambiental de la UE.
