COAG sentencia que España camina hacia una agricultura sin agricultores
Miguel Blanco, secretario general de COAG, durante la presentación del estudio “La uberización del campo español”. / COAG
Bajo el título, “La uberización del campo español”, COAG ha presentado un estudio sobre los efectos del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura. Como principal conclusión, la organización agraria señala que los 345.000 agricultores más profesionalizados, que constituyen actualmente la base de la actividad agraria española, están abocados a convertirse en “asalariados” de las grandes corporaciones agroalimentarias como consecuencia del cambio de modelo de producción que se está produciendo. Algo que ya está ocurriendo, por ejemplo, en la uva de mesa, un sector en el que tres grupos empresariales controlan ya el 85% de la producción y la comercialización, de la mano de fondos de inversión internacionales.
Ante esta coyuntura, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos presentará el estudio a los diferentes grupos políticos del Congreso y al Gobierno cuando se constituya con plenas funciones, y exigirán medidas políticas y económicas para revertir esta reconversión. “Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone en el sector, España camina hacia una agricultura sin agricultores. Lo primero es decidir si queremos una agricultura con agricultores en el marco de una economía social agraria o una agricultura con grandes empresas y empleados en el campo”, ha sentenciado el secretario general de COAG, Miguel Blanco.
El estudio elaborado por los servicios técnicos de la organización agraria analiza las principales magnitudes y tendencias macroeconómicas que dibujan el nuevo escenario. Además, dedica un capítulo especial a cuatro subsectores que representan distintos estadios de la evolución del nuevo modelo agrario: uva de mesa, vacuno de leche, frutas y hortalizas y porcino.
El sector del agro muestra una gran paradoja. Las cifras macroeconómicas de récord se combinan con el cierre de explotaciones. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la renta agraria alcanzó en 2018 una cifra histórica de 30.217 millones de euros, franqueando por primera vez la barrera de los 30.000 y con tendencia creciente desde 2012. Asimismo, las exportaciones agroalimentarias españolas han aumentado un 97,5% en los últimos 10 años, con una tendencia claramente positiva hasta alcanzar un nuevo récord de 50.349 millones de euros, afianzando el saldo comercial positivo para el conjunto de la balanza española.
Sin embargo, según refleja el informe de COAG, el cierre de explotaciones por falta de rentabilidad y ausencia de relevo generacional es incesante. Como ejemplo uno de los sectores más pujantes de la agricultura española: mientras que en 2007 la superficie de frutas y hortalizas alcanzaba 1.462.000 hectáreas con 215.000 titulares de explotaciones; en 2016, para un área en producción aún mayor, 1.594.000 ha, los titulares se reducían a 172.000. Es decir, en 10 años, mientras el sector había perdido un 20% de activos, la superficie había crecido más de 130.000 ha (+9%).
Fuerte concentración
La riqueza agraria cada vez se concentra en menos manos. El último informe sobre la caracterización del sector agrario en España, publicado recientemente por el MAPA, resulta ilustrativo. En España hay contabilizadas un millón de explotaciones agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor total de la producción.
En este proceso de reconversión, durante los últimos años el sector primario español ha experimentado una creciente entrada de capital externo. La presencia de inversores ajenos no es nueva, pero en los últimos tiempos se constata un aumento del interés de los inversionistas por la agricultura.
“Las causas para este floreciente atractivo son múltiples y combinadas. Hay cuestiones estructurales, como por ejemplo, la política europea de inyecciones de liquidez y bajos tipos de interés que conduce a una mayor disponibilidad de recursos financieros para la inversión. Pero, sobre todo, las perspectivas de crecimiento de población y de necesidad de alimentos, con recursos productivos cada vez más escasos, muestran un potencial de rentabilidad indiscutible y el valor estratégico de las empresas agrarias”, indican desde COAG.
Además, comienzan a verse procesos de integración en toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que llega al consumidor. En esta situación de integración, el informe refleja que los agricultores se pueden ver inmersos en el proceso de alineación de intereses de la cadena y convertidos en meros obreros y maquileros, con riesgo además de ser automatizados y sustituidos por robótica.
Como ejemplos de este proceso de concentración, COAG analiza tres sectores: frutas y hortalizas —especialmente la uva de mesa en Murcia—, el porcino y la leche de vaca. En la actualidad, en Murcia, el dominio de la comercialización de uva de mesa se produce por tres grandes empresas: Moyca Grapes, El Ciruelo y Frutas Esther, que acaparan alrededor del 85% de la uva de esta zona de producción. En el conjunto de las frutas y hortalizas, la organización agraria analiza también el peso del Grupo Alimentario Citrus.
Integración
Las cadenas de valor integradas, según COAG, parten de una premisa básica: los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra. “Tienen contratos de compraventa de producto a largo plazo con las empresas integradoras y reciben asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir —previo pago del royalty correspondiente— las variedades de los productos agrícolas que son propiedad de las integradoras. Los costes son elevados, ya que se busca un producto de calidad. Los precios que se pagan al agricultor cubren los costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada”, subrayan desde la organización agraria.
Para COAG “la integración puede presentar beneficios, pero también riesgos. La integradora asegura una rentabilidad en tanto en cuanto tenga voluntad de hacerlo. Pero, la supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora. Si la empresa integradora quiere hacerse con los medios de producción del agricultor, con sus tierras o sus derechos de agua, no tiene más que ajustar los precios de compra o elevar los costes de producción para ahogar financieramente al proveedor, que acabará cediendo a las presiones de venta. Otra posibilidad es que las integradoras acaparen suficiente producción propia y no necesiten mantener relaciones de integración con productores, que se verían abocados a estrellarse en el mercado, al no existir estructuras comerciales al margen de estos gigantes, además de padecer serias dificultades financieras en el desenganche de estas compañías”.
Por otro lado, para COAG, “la entrada de fondos de inversión en estas grandes empresas, para soportar su crecimiento y la necesidad aparejada de liquidez, eleva la especulación y pone el riesgo el futuro a largo plazo de las propias empresas y, con ello, de los agricultores que dependen de ellas, dado que buscan un retorno económico en un plazo muy concreto y no tienen problemas en abandonar las empresas una vez obtenido, al carecer de arraigo sectorial o territorial. Pero no solo afecta a empresas y agricultores, sino también a toda la economía y empleo que se genera en las zonas de producción”.
Sándwich al agricultor
Los productores españoles sufren presión en costes y precios. El informe de COAG señala que los agricultores se encuentran en medio de la cadena de valor, en la parte ancha de un doble embudo. Frente a 945.000 explotaciones agrícolas y ganaderas (INE, 2016), la distribución comercial se encuentra fuertemente concentrada. Según cifras de Kantar Worldpanel, en junio de 2019, los seis primeros grupos acaparan una cuota de mercado del 55,4% en España.
En la otra parte del embudo, los productores le compran insumos cada vez a menos empresas, que son cada vez más grandes y poderosas derivadas de las fusiones como, por ejemplo, las uniones de Monsanto y Bayer, Dow y DuPont, Syngenta y ChemChina… “El elevado potencial de negociación de ambos extremos nos deja claro quién impone los costes y los beneficios. Los agricultores estamos afrontando una presión sostenida en el seno de una cadena alimentaria desequilibrada, que deja importantes márgenes en eslabones que no son el agricultor, que se ve presionado para sacar a cualquier precio sus producciones. Los eslabones favorecidos en esa dinámica (proveedores de insumos, corredores, intermediarios, mayoristas, exportadores, minoristas…) acumulan capitales a costa del agricultor y luego los destinan a la propia producción para competir con nosotros en una diabólica espiral”, ha argumentado Miguel Blanco.
