El presidente de Intereco, Iker Iglesias, opina sobre la polémica en torno a las declaraciones sobre el tomate ecológico español
La producción ecológica en la UE se rige por un sistema público regulado, con normas comunes para todos los Estados Miembros, simbolizadas en un único sello, garantía de calidad y sostenibilidad, avalado por el control oficial de todos los estados miembros. / ARCHIVO
Iker Iglesias (*)
Hace unos días nos desayunábamos con unas declaraciones que, a día de hoy, han tenido respuesta de todo el sector ecológico, y esa respuesta ha sido clara: han sido, son y serán unas declaraciones sin sentido, huecas y vacías.
Evidentemente, estoy haciendo referencia a las afirmaciones que hizo en el programa de la televisión francesa “Julie jusqu’à minuit” de la cadena BFMTV, la exministra de Medio Ambiente francesa Ségolène Royal, quien afirmó que los tomates ecológicos españoles, y cito textualmente, “son incomibles, falsos, no respetan las normas francesas y no deberían estar en los lineales de los comercios franceses”.
Me van a permitir que traduzca el nombre del programa de televisión “Júlia hasta la medianoche”, para intentar justificar, si es que es posible, estas declaraciones tan desafortunadas. Quiero pensar que son unas palabras dichas a última hora del día, a medianoche y, por lo tanto, trasnochadas, fruto del cansancio de la última parte del día, cuando hay veces que no sabemos ni lo que decimos.
¿Cómo es posible que una persona que ha tenido un cargo público en un país como Francia diga este tipo de cosas sin pensar en las consecuencias que pueden acarrear?
Desde el 1 de enero de 2022, el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece las normas de producción ecológica y de etiquetado de los productos ecológicos, así como de comercialización de los mismos, en todos los estados miembros.
O lo que es lo mismo: la producción ecológica en la Unión Europea se rige por un sistema público regulado, con normas comunes para todos los Estados Miembros, simbolizadas en un único sello, garantía de calidad y sostenibilidad, avalado por el control oficial de todos los estados miembros, asegurando así la confianza de los consumidores en estos productos.
Si no me he perdido nada en los últimos tiempos, hasta donde yo sé, Francia sigue estando en la Unión Europea, como lo estamos nosotros. Las últimas novedades a este respecto, si no me equivoco, se produjeron el 31 de enero de 2020 con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
“Estas afirmaciones de la exministra Royal resultan especialmente graves por su falsedad y por el daño que suponen para los productores españoles, ya que los alimentos ecológicos procedentes de nuestro país tienen una extraordinaria calidad y todos los productos certificados respetan escrupulosamente la normativa europea, que es igual para todos”
Estas afirmaciones resultan especialmente graves por su falsedad y por el daño que suponen para los productores españoles, ya que los alimentos ecológicos procedentes de nuestro país tienen una extraordinaria calidad y que todos los productos certificados por las entidades públicas socias de Intereco respetan escrupulosamente, no ya las normas francesas, que no tendría mucho sentido, sino la normativa europea, que es igual para todos.
No podemos permitir que se manche la reputación de la certificación ecológica de España. Las 14 certificadoras públicas que componen Intereco, pertenecientes a las comunidades autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunitat Valenciana, forman parte de un sistema garante, transparente y participado por el propio sector.
Se trata de un sistema de certificación que representa a más de 25.000 personas, casi 3.000 explotaciones ganaderas, 6.000 industrias y 30.000 tipos de actividades en el sector ecológico.
Todas estas cifras están bajo el paraguas de los máximos estándares, no sólo por la seriedad de nuestras entidades certificadoras, sino también por el excelso trabajo que realizan día a día todas las personas que se dedican al sector ecológico.
El sistema de certificación pública cuenta con una mayor transparencia e independencia de actuación, incentivando la participación y la vertebración del sector. Además, es más eficiente, ya que simplifica la gestión, ajusta el coste de la certificación y optimiza la gestión de recursos.
Este sistema consiste en la existencia de una única autoridad de control con forma jurídica de Corporación de Derecho Público a la cual la autoridad competente, en cada una de las autonomías la Administración Pública, confiere todas las competencias en materia de inspección, control y certificación ecológica.
En el caso de la certificación ecológica francesa, estamos hablando de un sistema dominado por entidades de certificación privadas, donde deben competir en el mercado por los servicios que ofrecen. Ello no significa que la certificación privada no sea de confianza, pero no parece, que el control de la aplicación de un sistema voluntario que busca mayores cuotas de calidad y seguridad alimentaria con menor impacto ambiental tenga que acabar en manos de un sistema de garantía privado cuyo primer objetivo es la rentabilidad económica de los servicios que ofrece, por encima de otras consideraciones.
Los métodos de producción ecológicos ejercen un papel social doble: por una parte, aportan productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otra, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural.
El sector ecológico es uno de los más regulados en toda Europa y, por supuesto, también aquí, en Francia, Alemania, Portugal, Italia, o cualquier otro país de la Unión Europea.
No podemos ni debemos normalizar las palabras de una política francesa que, dicho sea de paso, no dicen ni una sola verdad. No sabemos a qué han venido, y quiero pensar que han sido fruto de la situación de nuestro país vecino en las últimas semanas y haya querido quedar bien con sus agricultores con el objetivo de hacer campaña política. No tengo otra explicación.
La producción ecológica es, desde su reconocimiento, un bien público, un patrimonio de todos los ciudadanos y no un bien privado de unos pocos. Por tanto, parece lógico defender, al menos desde mi humilde opinión, que la mejor protección y defensa de un bien público debe hacerse desde un órgano de gestión y control también de naturaleza pública.
