Cooperativas Agro-Alimentarias y Coexphal consideran que la UE impone reglas de envasado discriminatorias e insostenibles para el sector hortofrutícola
Desde el sector hortofrutícola se reclama una revisión del enfoque europeo hacia medidas más equilibradas y basadas en datos científicos. / COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS
Julia Luz. Redacción.
La aprobación definitiva del Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) por parte del Consejo de la Unión Europea ha generado un rechazo frontal en el sector hortofrutícola europeo. Tras dos años de intensos debates, las medidas incluidas en la normativa suponen un duro golpe para productores y empresas hortofrutícolas, y contradicen los objetivos de sostenibilidad y cohesión que promueve Bruselas.
Entre las disposiciones más controvertidas figura la prohibición, a partir de 2030, del uso de envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas en presentaciones inferiores a 1,5 kg, así como el empleo de pegatinas no compostables. Tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como Coexphal han criticado duramente estas medidas, señalando que carecen de estudios científicos que respalden su eficacia y generan consecuencias perjudiciales en toda la cadena de valor.
Asimismo, afirman que este reglamento supone una discriminación para los productores europeos, dejando de lado la armonización de normas a favor de la libre circulación de mercancías en la UE y confirma la nula intención de Bruselas de legislar para y por los intereses de los productores europeos, dejando, además, la soberanía alimentaria europea en riesgo de desaparición.
Impacto negativo
Luis Miguel Fernández Sierra, gerente de Coexphal, considera que estas restricciones fomentarán el desperdicio alimentario y reducirán el consumo de frutas y hortalizas, como ya ha sucedido en Francia con normativas similares. “La normativa no sólo va en contra de los objetivos de lucha contra el desperdicio alimentario y promoción del consumo de frutas y hortalizas, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria y la sostenibilidad”, afirma Fernández.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias se refuerza este argumento, destacando que los envases son esenciales para la conservación de productos frescos y para evitar su deterioro en el punto de venta y en los hogares. Además, ambas entidades coinciden en que la eliminación de pegatinas compostables dificulta al consumidor identificar el origen y las características de los productos, vulnerando sus derechos y perjudicando la transparencia en el mercado.
Otra de las grandes preocupaciones compartidas es la implementación desigual del reglamento entre los Estados miembros, lo que crea un marco normativo fragmentado. En España, el Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases ya impone la venta a granel de frutas y hortalizas frescas por debajo de 1,5 kg, salvo una lista de excepciones aún pendiente de definir. Tanto Cooperativas Agro-alimentarias como Coexphal consideran que este enfoque vulnera la libre circulación de mercancías dentro de la UE, genera sobrecostes para los operadores y rompe con la armonización normativa que debería regir el mercado único.
Además, este reglamento dificulta el avance de las organizaciones de productores hacia la valorización y promoción de sus productos, objetivos esenciales de la PAC en el sector hortofrutícola durante más de tres décadas. Fernández Sierra denuncia que estas decisiones se toman “desde despachos cada vez más alejados del campo y la industria agroalimentaria europea”, ignorando los esfuerzos que el sector ya realiza para avanzar hacia una mayor sostenibilidad.
Es por ello que ambas entidades coinciden en que la normativa es incoherente con otras políticas comunitarias y desatiende los intereses de los productores europeos. Para Cooperativas Agro-alimentarias, la experiencia de Francia, donde su Consejo de Estado anuló recientemente una normativa similar, debería servir como ejemplo para revisar y suspender la aplicación de estas medidas en España.
Por su parte, Coexphal insiste en que esta normativa pone en jaque la soberanía alimentaria europea, dejando al sector hortofrutícola en una situación insostenible. “Es necesario retomar el diálogo con el sector y legislar con una visión global y equilibrada que respete tanto los objetivos de sostenibilidad como las necesidades de productores y consumidores”, concluye Fernández Sierra.
