Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía alzan la voz contra unas nuevas reglas del Tajo-Segura que reducirán un 40% los envíos de agua y que Castilla-La Mancha considera imprescindibles para garantizar los caudales ecológicos del río
El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene el calendario de aplicación de las nuevas reglas y ha autorizado un trasvase de 180 hectómetros cúbicos para el trimestre abril-junio de 2V025. / ARCHIVO
JL. Redacción.
Los gobiernos de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han escenificado un nuevo frente común en defensa del trasvase Tajo-Segura y en contra de las nuevas reglas de explotación propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los presidentes Fernando López Miras y Carlos Mazón, junto al consejero de Agricultura andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, han arropado esta semana a los regantes en un acto organizado por el Sindicato Central de Regantes (Scrats) en el que se han comprometido a utilizar todos los recursos políticos, técnicos y jurídicos a su alcance para frenar lo que consideran un ataque frontal a la agricultura del sureste peninsular. Las nuevas reglas, que aún se encuentran en fase de alegaciones, implicarían una reducción progresiva del agua trasvasada desde los actuales 320 hectómetros cúbicos anuales hasta los 193 en 2027, lo que supone un recorte del 40%, incluso en momentos en los que la cabecera del Tajo cuenta con más agua que nunca en la última década.
El presidente murciano ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez y con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para intentar frenar un recorte que, según ha dicho, “pondrá en riesgo de exclusión social” a 300.000 familias que de forma directa o indirecta dependen de esta infraestructura, al tiempo que ha acusado a Sánchez de “romper de forma unilateral el consenso alcanzado en 2014” y ha subrayado que lo más grave es que se hace en un momento en el que los embalses del Tajo almacenan más de 1.600 hectómetros cúbicos, mientras las cuencas hidrográficas están, en su mayoría, al 80% de capacidad, salvo el Segura, que no supera el 30.
Desde la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha incidido en que su territorio es uno de los más eficientes en la reutilización del agua, con el 40% de toda la que se recupera en España, tras lo que se ha preguntado si se ha invertido en obras de mejora de aprovechamiento y gestión del agua en la cuenca cedente el dinero que paga la receptora por ese recurso.
El consejero andaluz Fernández-Pacheco ha advertido de que este recorte afectará a 29.000 hectáreas de cultivo en Almería y podría traducirse en pérdidas superiores a los 30 millones de euros anuales para el sector agrario. Así lo ha asegurado durante su participación en Murcia en el acto convocado por Scrats, donde además ha criticado que “precisamente cuando más recursos hídricos hay, el Ministerio de Transición Ecológica, de forma unilateral y sin aceptar la participación ni la colaboración de las regiones más afectadas, toma una decisión que viene a reducir a la mitad el agua destinada desde el trasvase Tajo-Segura a la que es huerta de Europa”. Ha acusado al Ejecutivo central de impulsar una “política de sequía” que perjudica directamente a territorios agrícolas productivos y ha reivindicado que el agua, lejos de ser un privilegio, es un derecho que debe garantizarse allí donde genera riqueza, empleo y alimentos. Ha asegurado que esta decisión “pone en peligro no sólo miles de hectáreas de cultivo sostenible y eficiente”, sino también “la soberanía alimentaria de Andalucía”, y ha advertido de que “secar el sureste español tiene efectos directos sobre nuestro campo, nuestro PIB, el volumen de nuestras exportaciones y el empleo de miles de familias que viven de forma directa e indirecta de la agricultura”.
Frente a estas posiciones, Castilla-La Mancha ha mostrado su respaldo a las nuevas reglas y ha reprochado la falta de propuestas técnicas de los gobiernos que ahora protestan. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que la manifestación de los regantes está “dirigida políticamente” por “gobiernos que no han hecho ningún tipo de aportación técnica” y ha subrayado que el Tajo debe ser un río vivo con caudales ecológicos suficientes. Ha recordado que la cuenca cedente no tiene cubiertas el cien por cien de sus necesidades y ha defendido que la nueva planificación hidrológica, en vigor desde 2023, cuenta con el aval de cinco sentencias judiciales. La titular de Desarrollo Sostenible ha incidido en que el Ejecutivo regional seguirá “aportando suficiente información”, así como “colaborando y apoyando” al Gobierno de España “si se hacen bien las cosas y se atienden estas demandas” que se vienen haciendo “de forma reiterada” desde que Emiliano García-Page está al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha.
En medio de este cruce de posiciones, los regantes del sureste se sienten abandonados. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Juan Valero, ha recordado que la mayor parte de los regadíos del Tajo se abastecen de afluentes y no del cauce principal, y ha criticado la imposición de caudales ecológicos como el de Aranjuez, que si se extendieran a otras zonas dejarían sin agua a los propios agricultores de la cuenca alta. En su opinión, las nuevas reglas no obedecen a criterios técnicos ni ambientales, sino a decisiones políticas que ponen en jaque a toda la economía agroalimentaria del Levante. Desde Scrats, también se insiste en que el trasvase no afecta a ninguna necesidad pendiente en la cuenca cedente y que su recorte sería un golpe estructural para regiones que han convertido el agua en desarrollo.
Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene el calendario de aplicación de las nuevas reglas y ha autorizado un trasvase de 180 hectómetros cúbicos para el trimestre abril-junio de 2025, gracias a las lluvias de marzo que han permitido situar al sistema en nivel 1, el más favorable.
