Murcia pide diálogo y un Pacto Nacional del Agua mientras Castilla-La Mancha celebra el rechazo a lo que considera “el memorándum de la vergüenza”
López Miras ha instado a que se afronte el agua y su gestión como una “cuestión de Estado que requiere de diálogo y de grandes acuerdos”. / CARM
JL. Redacción.
El Congreso de los Diputados ha rechazado por un solo voto la proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia que buscaba mantener el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y el caudal ecológico del Tajo en los mismos términos que en 2014. La iniciativa ha sido denegada con 170 votos a favor, 171 en contra y 4 abstenciones, lo que ha intensificado aún más el choque político y territorial en torno a la gestión del agua.
La proposición, defendida por el presidente murciano Fernando López Miras, apelaba a la necesidad de tratar el agua como una “cuestión de Estado”, y pedía “consenso” y “diálogo” frente a las nuevas reglas de explotación presentadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que prevén una reducción progresiva del 40 % en los volúmenes de agua transferidos al Levante de aquí a 2027.
“Cualquier decisión sobre algo tan importante requeriría del diálogo en primera instancia y del consenso necesario en última”, defendió López Miras ante la Cámara. También advirtió que “el Congreso es el lugar adecuado para pedir que no se alejen de los acuerdos existentes mientras no consigamos uno mayor”, en referencia al memorándum de 2013. Reclamó además un Pacto Nacional del Agua, basado en criterios técnicos y científicos, que garantice el acceso al recurso hídrico “a todos los españoles”.
López Miras destacó que la Región de Murcia ha hecho un uso ejemplar del agua disponible, con un 98 % de reutilización de aguas urbanas —frente al 10% de media nacional—, y recordó que, pese a que España se encuentra en máximos históricos de reservas hídricas, la cuenca del Segura continúa por debajo del 30% de su capacidad.
La respuesta desde Castilla-La Mancha no se hizo esperar. Su vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, celebró el rechazo a la propuesta murciana, asegurando que pretendía “perpetuar el memorándum de la vergüenza”. Consideró que iba en contra de la legalidad vigente, los planes de cuenca, las directrices europeas de la Directiva Marco del Agua y sentencias del Tribunal Supremo.
Además, instó al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a ser coherente con sus propias demandas a los socialistas en votaciones de interés regional, y a trasladar la defensa del Pacto Regional del Agua a su propio partido en el ámbito nacional.
La decisión del Congreso no ha hecho sino profundizar el conflicto entre comunidades autónomas, con posturas enfrentadas. Mientras Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y los regantes se oponen a los recortes en el trasvase, Castilla-La Mancha considera que estas medidas suponen un avance en la protección del Tajo y en el cumplimiento de los criterios ambientales exigidos por Europa.
Sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo ha determinado que los caudales ecológicos del río Tajo no se pueden alcanzar de forma escalonada hasta el año 2027 en el tramo comprendido desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas entre las provincias de Toledo y Cáceres, ya que al tratarse de zonas protegidas, deben entrar en vigor de forma inmediata.
La sentencia, con fecha de 6 de mayo de 2025 y que ha sido facilitada por la Red del Tajo, es consecuencia del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y por el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) contra la aprobación del plan hidrológico para el tercer ciclo de planificación de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo.
Ayer martes, el Congreso de los Diputados rechazó por un voto la proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia para que el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura y el caudal ecológico del río de la cuenca cedente quedaran en la misma situación en la que estaban en 2014.
