El Presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-Alimentàries, Cirilo Arnandis, habla sobre la futura Política Agraria Común
Bruselas anunciará el 16 de julio su propuesta de marco presupuestario para el periodo 2028-2035. / ARCHIVO
Cirilo Arnandis (*)
El mes de junio es un periodo de balance para el sector cooperativo. No en vano es, en muchos casos, el último mes en el que se pueden celebrar las asambleas ordinarias de nuestras organizaciones. En ellas, además de presentar las cuentas, se resume y reflexiona sobre lo más relevante de cuanto ha acontecido en el ejercicio anterior. Una de las cuestiones recurrentes de lo sucedido durante 2024 está siendo la movilización de los agricultores a lo largo de toda la geografía del viejo continente, como protesta ante el fracaso de la política aplicada desde Bruselas en el periodo de programación que debe de finalizar en 2027. La Comisión ya ha iniciado los trabajos conducentes a tener un nuevo presupuesto para el siguiente periodo de programación, que a la vista de lo que se ha podido saber hasta la fecha, poco o nada está gustando a los agricultores europeos, alimentándose con ello el rumor de nuevas movilizaciones.
“La Comisión ya ha iniciado los trabajos conducentes a tener un nuevo presupuesto para el siguiente periodo de programación, que a la vista de lo que se ha podido saber hasta la fecha, poco o nada está gustando a los agricultores europeos, alimentándose con ello el rumor de nuevas movilizaciones”
Desde Bruselas se ha anunciado que el próximo día 16 de julio, con buena parte de los europeos de vacaciones, la Comisión anunciará, de modo oficial, su propuesta de marco presupuestario para el periodo 2028-2035. Dentro de ese presupuesto comunitario está la PAC, lo que alimenta más el debate. Pero previamente, permítanme que me refiera al presupuesto en su globalidad, ya que ambos procesos van a ir en paralelo. Aunque es tradición, hay voces dentro del Parlamento Europeo que se quejan de que este periodo de programación sea de 7 años, mientras que el mandato de los europarlamentarios es de cinco años, lo que significa que, en algún momento habrá legislaturas en las que poco o nada podrán decidir al respecto. A favor del plazo más amplio está lo arduo y difícil que supone llegar a amplios consensos —ya no hablemos de alcanzar la unanimidad— en el complejo sistema de decisión comunitario, además de la posibilidad de ver los resultados de la aplicación de toda una serie de decisiones y políticas. A favor de periodos de programación más cortos está lo cambiante del contesto geoestratégico, que puede obligar a constantes ajustes.
Ya sabemos que decidir en Bruselas es una misión compleja. El primer reto de las instituciones comunitarias es luchar contra su propio sistema. De entrada, la Comisión formaliza una primera propuesta que debe evaluar, en primera instancia, el Consejo, que emitirá una “Declaración del Consejo” si la propuesta es asumida por unanimidad, o una “Declaración de la Presidencia”, caso que esta constate que existe una mayoría cualificada. Paralelamente, el Parlamento Europeo votará esta propuesta, la cual no puede modificar. Conseguida, si no la unanimidad, sí al menos una mayoría suficiente de Consejo y Parlamento, la Comisión seguirá su camino para que sea finalmente la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno la que decida el volumen del presupuesto, así como los grandes ejes de las políticas comunes que debe de financiar. A la vez, deciden cuál es la aportación de cada país, a partir de su riqueza medida en valor del PIB de cada Estado.
A lo enrevesado del proceso, que obliga a grandes consensos, está el punto de partida de las cuentas comunitarias. Recordemos que el periodo de programación anterior fue el del COVID, y que, por primera vez, la Unión Europea emitió deuda consolidada, es decir, avalada por todos los Estados miembro de modo solidario. Esta deuda se debe devolver, consumiendo recursos del presupuesto. Es aquí quizás, donde encontremos la principal razón por la que Bruselas se ha negado a la prórroga en la gestión de los fondos “Next Generation” solicitada por España. Lo que en agosto de 2026 no se haya gastado, ya no se podrá gastar, y por tanto, no se tendrá que devolver. Tampoco hay que olvidar el ambicioso plan de inversión en defensa y otras grandes inversiones de calado en temas transcendentes que, según indican los informes elaborados por Mario Draghi y por Enrico Letta, Europa debe emprender para no ser un actor intrascendente en el contexto internacional.
En este escenario, en el que las ambiciones del presupuesto son grandes, la aportación de cada Estado socio de la Unión Europea viene lastrada por el alto nivel de deuda pública de algunos de ellos, y por la existencia de una serie de euroescépticos que dificultarán el proceso, en un marco en el que debe de aprobarse también el presupuesto de la PAC. Más allá de su contenido, el primer debate está servido, al entender la Comisión que primero vamos a ver qué recursos tengo, y luego ya veré cuánto aplico a cada política, incluida la PAC. Mientras, desde nuestro sector, se repite una y otra vez que desde siempre, y dado que la agrícola es la única política común, real y atendiendo a la función ejercida como sector estratégico, primero debe definirse su contenido para dotarla de la financiación necesaria. Este debate, parece que se resolverá por la vía rápida, pues según “fuentes generalmente bien informadas”, es fácil que la Comisión presente un documento relativo a la PAC el día 15 de julio, y el día 16 presente el documento relativo al presupuesto comunitario para el siguiente periodo de programación.
“Y qué se sabe de la futura PAC. En principio, dos cosas que no nos gustan nada de nada, pero que nada. La primera de ella es una reducción sustancial de su presupuesto, que podría ser de hasta un 20%. Es cierto que Europa debe de acometer más gasto con nuevas políticas, pero esto debe de ser contando con más recursos, y no rascando de una de las políticas estratégicas como es la de producir alimentos”
Y qué se sabe de la futura PAC. En principio, dos cosas que no nos gustan nada de nada, pero que nada. La primera de ella es una reducción sustancial de su presupuesto, que podría ser de hasta un 20%. Es cierto que Europa debe de acometer más gasto con nuevas políticas, pero esto debe de ser contando con más recursos, y no rascando de una de las políticas estratégicas como es la de producir alimentos. No hay que hacer mucha memoria para recordar que, en el actual periodo de programación, de 2021 a 2027, la PAC sufrió un recorte del 10% respecto del periodo de programación anterior, a partir de una propuesta inicial de reducción del 15%. Ya entonces se hablaba que Bruselas pretendía que la PAC ofreciera más, por menos, y es que producir alimentos de calidad, mantener la sanidad vegetal, garantizar la seguridad alimentaria, cuidar el entorno, abrazar todavía más la sostenibilidad, innovar, adaptarnos al cambio climático, potenciar el relevo generacional y fomentar el desarrollo rural, todo ello en un escenario complejo y turbulento, se antoja una empresa más que complicada si se dispone de menos recursos económicos para hacerlo. Ya sólo faltaría más Pacto Verde y menos reciprocidad para cuadrar el círculo.
El otro elemento que preocupa es la intención de la Comisión de ofrecer a cada Estado miembro un sobre con una cantidad económica que deberá de gestionar en función de sus prioridades, y comprometido con la consecución de objetivos. Esto es lo que se viene en llamar como subsidiariedad: cada país tiene un mayor margen de maniobra en función de sus propias necesidades, pero también es cierto que, con este sistema, Bruselas tiene una mayor capacidad de control en la ejecución de este presupuesto, pudiendo incluso no remitir las correspondientes remesas económicas caso de existir algún país que se manifieste con políticas contrarias a los valores europeos. Es en este sobre nacional donde Bruselas pretende incluir también la PAC, en una especie de renacionalización, y en donde la C de común, pasaría a la historia, dando pie a la aplicación distinta de una misma medida, o incluso la no aplicación, en cada país. Quizás, con esta idea, también será más difícil que se manifiesten todos los agricultores europeos a la vez. Bien es cierto que 14 socios de la Unión, entre los que se encuentra España, han remitido una carta negándose a ello, pero también es cierto que países como Francia y Alemania, principales contribuyentes al presupuesto comunitario, no están entre los firmantes.
“Todavía recuerdo cuando Ursula von der Leyen, entonces candidata a renovar su mandato al frente de la Comisión Europea, y con los agricultores en la calle, decía que había que escuchar al sector y elaborar las políticas del campo de modo consensuado. Este es el momento de cumplir su promesa, pues no nos gustaría tener que sacar otra vez los tractores a la calle”
La Comisión Europea, con su presidenta al frente, ha manifestado que el presupuesto comunitario debe de sufrir una revisión importante en función de los nuevos tiempos y de los nuevos retos, ya que los anteriores se elaboraron en periodos caracterizados por la estabilidad internacional. No le quito la razón a esta manifestación, sobre todo después del infausto recuerdo que nos dejó el Sr. Frans Timmermans con su “Pacto Verde”, pero lo que sí que hay que decir es que esta profunda revisión no debe de consistir en esquilmar las políticas en materia de producción de alimentos, ni generar distorsión entre agricultores en función de su origen, al eliminar la única política común real en un proyecto integrador como debe de ser el europeo. Esto no parece lo más coherente. Todavía recuerdo cuando Ursula von der Leyen, entonces candidata a renovar su mandato al frente de la Comisión Europea, y con los agricultores en la calle, decía que había que escuchar al sector y elaborar las políticas del campo de modo consensuado. Este es el momento de cumplir su promesa, pues no nos gustaría tener que sacar otra vez los tractores a la calle.
