Organizaciones agrarias y gobiernos autonómicos denuncian que la reforma de la política común, reduce el presupuesto y pone en riesgo la cohesión territorial
muchas regiones y entidades apuestan por hacer frente común ante las instituciones europeas para revertir esta reforma antes de que sea aprobada por el Parlamento Europeo. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
El anuncio de la Comisión Europea sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028–2034 ha encendido las alarmas en el sector agrario español. La nueva propuesta, incluida en el marco del próximo presupuesto comunitario, plantea una reducción del 20% al 23% en el presupuesto total, además de integrar la PAC en un fondo nacional único, gestionado por cada Estado miembro y sin garantías de uniformidad ni asignaciones fijas. Esta transformación supondría, según denuncian organizaciones agrarias y gobiernos autonómicos, la desaparición efectiva de la PAC como política común.
El consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que preside actualmente la Asamblea de Regiones Hortofrutícolas Europeas (AREFLH), calificó la propuesta como “muy mala” por “poner en serio riesgo la soberanía alimentaria de Europa y debilitar el papel de los productores en regiones como Andalucía”. En ese mismo foro, pidió bloquear la propuesta y abogó por “una PAC que sea verdaderamente común, independiente y justa”.
Desde Castilla-La Mancha, Cooperativas Agro-alimentarias ha denunciado que la reforma “diluye la actual PAC en un Fondo Único” que permitirá a los Estados definir sus propias políticas agrarias. “El presupuesto total de la UE no es, ni de lejos, lo ambicioso que debería ser contando con los retos de futuro de la UE”, advirtieron.
La Unió Llauradora i Ramadera, por su parte, ha instado a la Conselleria de Agricultura a crear un frente común autonómico que rechace la reforma. La organización subraya que la propuesta “rompe con el equilibrio entre ayudas directas y desarrollo rural”, y teme que al quedar la PAC fragmentada en fondos nacionales, se pierda el carácter cohesivo que ha tenido hasta ahora. Solicita además que el posicionamiento valenciano defienda siete ejes estratégicos, entre ellos el blindaje presupuestario, la simplificación normativa y la reciprocidad comercial.
Más contundente aún ha sido la reacción de La Unión Extremadura, que considera que la única respuesta posible es volver a sacar los tractores a la calle. “Menos presupuesto, desaparición de la palabra ‘común’ en las ayudas de la PAC, mantenimiento y aumento de la condicionalidad de las ayudas y en cuanto a burocracia más de lo mismo”, denuncian. En su opinión, “la respuesta del campo extremeño, español y europeo no puede ser otra que tractores a las carreteras”.
En Castilla y León, el rechazo es compartido tanto por las organizaciones agrarias como por la Junta. La consejera de Agricultura, María González Corral, ha solicitado una reunión urgente con el Ministerio para abordar el impacto de la propuesta. Por su parte, las organizaciones agrarias acusan a la UE de “querer cambiar tractores por tanques”, en referencia a que los recortes en la PAC se destinan a otras prioridades como la defensa.
Finalmente, el Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación por la posible desaparición del POSEI como programa diferenciado para las regiones ultraperiféricas. El consejero Narvay Quintero ha asegurado que “este anuncio amenaza directamente la viabilidad de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas, y aboca al sector primario a su desaparición”, y ha convocado una reunión con el sector para preparar una respuesta coordinada.
Pese a que la propuesta aún debe pasar por el Parlamento Europeo y está sujeta a negociación, las críticas se acumulan desde todos los territorios. El mensaje es claro: menos presupuesto, más incertidumbre y menos Europa en la PAC.
