Hace quince días el Consell suprimió una partida de 26,7 millones para recuperar la capacidad productiva en las explotaciones afectadas de la Comunitat Valenciana
Un año después de la terrible catástrofe, la recuperación agraria en las zonas afectadas es muy desigual, y el 6% de las parcelas están en un limbo como las incorporadas al dominio público hidráulico. / La Unió
Valencia Fruits. Redacción.
Ha pasado un año desde la catastrófica DANA y La Unió Llauradora i Ramadera estima que existen unas 214.200 toneladas de pérdida de capacidad productiva en los diferentes cultivos con un valor de 103,6 millones de euros. Es una cantidad que no ingresarán los productores afectados de la Comunitat Valenciana en los principales cultivos que se vieron más perjudicados como es el caso de los cítricos, caqui, viña, olivar, frutos secos, frutales, hortalizas y viveros de flor y planta ornamental.
Pese a la magnitud de estos datos, mediante Resolución del 14 de octubre, el DOGV del 17 de octubre publicaba la eliminación por parte del Consell de una línea presupuestaria de 26,7 millones de euros para recuperar la capacidad productiva de las parcelas agrícolas afectadas por la dana y que estaba aprobada en los presupuestos para 2025 de la Generalitat. La partida se redirige ahora a otras finalidades, incumpliendo así el mandato de Les Corts y sin consultar tampoco a las organizaciones profesionales agrarias que participaron en la primera fase de elaboración de la normativa de las ayudas.
La Unió califica de indignante esta decisión y reclama que en el presupuesto de 2026 se incremente la dotación hasta los 35 millones de euros, para garantizar la cobertura de todas las necesidades derivadas de la catástrofe y evitar que el sector agrario vuelva a ser víctima recurrente de estas decisiones presupuestarias injustas
La Unió califica de indignante esta decisión y reclama que en el presupuesto de 2026 se incremente la dotación hasta los 35 millones de euros, para garantizar la cobertura de todas las necesidades derivadas de la catástrofe y evitar que el sector agrario vuelva a ser víctima recurrente de estas decisiones presupuestarias injustas. Además, exige que la tramitación de la normativa empiece de manera inmediata, con la publicación de la orden de bases y la convocatoria de las ayudas a principios de 2026.
En este sentido, la organización pide que la línea de ayudas sea específica, al margen del régimen de minimis; que se incluyan como beneficiarios los jóvenes agricultores que hayan heredado o arrendado parcelas afectadas, aunque no fueran titulares en el momento de la dana; que la prioridad en la concesión sea para los agricultores profesionales y jóvenes profesionales, y posteriormente el resto de solicitantes; que las ayudas no se limiten exclusivamente a los cultivos leñosos, sino que incluyan también el resto de cultivos y explotaciones ganaderos afectadas; que se reconozca como elegibles las inversiones ya realizadas en replantaciones inmediatamente después de la dana y que la intensidad de la ayuda sea suficiente para cubrir el coste real de recuperación según el tipo de cultivo.
La Unió considera que un año después de la dana, la recuperación es muy desigual. Hay explotaciones agrícolas que han podido rehacerse parcialmente gracias a las ayudas, a las actuaciones de Tragsa y al esfuerzo de los agricultores y a la solidaridad del sector, pero en muchas zonas las infraestructuras agrarias -como por ejemplo caminos, acequias o sistemas de riego- siguen sin estar plenamente operativas. Además, las ayudas públicas llegan con bastante lentitud.
Las ayudas directas de las administraciones que llegaron al principio y las indemnizaciones de Agroseguro fueron un apoyo necesario para iniciar la recuperación, pero claramente insuficientes para compensar la magnitud de los daños porque hay que tener en cuenta que la mayoría de ellas han sido establecidas con el régimen de minimis y por tanto, la ayuda máxima a la que ha podido acceder un agricultor o ganadero afectado es de 25.000 euros, totalmente insuficiente para recuperar sus explotaciones con garantías suficientes para recuperar la capacidad productiva.
Carles Peris, secretario general de La Unió, indica que “ha faltado una respuesta más ágil y coordinada por parte de la Administración autonómica y estatal. Muchas explotaciones han tenido que afrontar con sus propios recursos la reposición de cultivos, maquinaria o infraestructuras dañadas, y esto ha supuesto un sobreesfuerzo económico enorme. En definitiva, se ha avanzado, pero no con la rapidez ni con el apoyo estructural que el campo necesita ante un escenario climático cada vez más adverso”.
El 6% de las parcelas agrícolas afectadas por la dana, todavía en el limbo
La Unió denuncia el limbo administrativo en el que se encuentran alrededor del 6% de las parcelas afectadas por la dana, las que habría incorporado el Gobierno al Dominio Público Hidráulico (DPH) y cuyos propietarios no saben cuándo cobrarán las ayudas ni lo que les corresponderá. La organización ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que resuelva todas esas incertidumbres y además garantice los derechos de los propietarios.
Numerosas parcelas con actividad agraria consolidada, algunas con derechos reconocidos dentro de la PAC y otras incluso con autorizaciones de riego, van a ser incorporadas al Dominio Público Hidráulico, lo que les va a causar un enorme impacto económico y jurídico.
Peris señala que “no existe claridad administrativa y jurídica en esas parcelas que deberían incorporarse al visor SIGPAC, de forma que los agricultores puedan conocer de forma sencilla y transparente la situación legal de sus parcelas, así como disponen de una información previa individualizada y la posibilidad de consulta y alegación”.
La Unió reclama al Ministerio también una compensación económica justa que contemple el valor del suelo, la pérdida productiva y los daños ocasionados. Pide mantener los derechos de la PAC y de plantación de viñedo a nombre de los agricultores afectados para su futura reactivación en otras parcelas. Además, solicita conservar los derechos de riego y permitir su traslado a terrenos de sustitución, garantizando también nuevas autorizaciones equivalentes para pozos individuales.