La importación de cítricos sudafricanos, que coincide con el arranque de la campaña española, aumenta la presión comercial sobre los productores y multiplica los riesgos fitosanitarios
El acuerdo ha abierto la puerta a plagas foráneas como la mancha negra y la falsa polilla. / ARCHIVO
Julis Luz. Redacción.
En octubre se cumplieron nueve años desde la entrada en vigor del Acuerdo Económico entre la Unión Europea y los Estados del SADC —Comunidad para el Desarrollo de África Meridional—, incluyendo Sudáfrica, que abrió progresivamente el mercado europeo a los cítricos sudafricanos mediante la reducción escalonada de aranceles, hasta alcanzar prácticamente la liberalización total en 2025. Para los productores valencianos, esta apertura ha supuesto una competencia creciente en los primeros meses de la campaña, con importaciones que aumentan año tras año y ejercen presión sobre precios y rentabilidad. Además, la llegada de frutas desde Sudáfrica ha incrementado la exposición a plagas y enfermedades no existentes en la península ibérica hasta la fecha, planteando riesgos sanitarios y costes adicionales para un sector que ya se enfrenta problemas estructurales.
Para los productores valencianos, esta apertura ha supuesto una competencia creciente en los primeros meses de la campaña, con importaciones que aumentan año tras año y ejercen presión sobre precios y rentabilidad
El Acuerdo fue firmado el 10 de junio de 2016 y comenzó a aplicarse provisionalmente el 10 de octubre de 2016, mientras que la parte agrícola entró en vigor el 1 de noviembre de ese año. Su objetivo principal era —y es— profundizar la integración comercial y fortalecer las relaciones económicas entre ambas regiones, fomentando el comercio, la inversión y el desarrollo sostenible. Así, con un carácter asimétrico, la UE concedió a los países del SADC —y en particular a Sudáfrica— acceso casi libre de aranceles a sus exportaciones agroalimentarias y manufacturadas, mientras que los estados africanos disponían de plazos más amplios para liberalizar su comercio con Europa. Además, el acuerdo contempla capítulos sobre servicios, inversión, contratación pública y facilitación del comercio, con el objetivo de apoyar el desarrollo económico de los países firmantes.
Sin embargo, términos como “integración comercial”, “facilitación del comercio” o “desarrollo económico” son los que han resultado en la práctica asimétricos, ya que, desde la entrada en vigor del acuerdo, el sector citrícola español ha experimentado una clara desventaja frente a Sudáfrica.
Datos y alertas del sector
Nueve años después, esta efeméride coincide con un aumento de volumen de importaciones sudafricanas de cítricos en la UE que afecta especialmente a España y, dentro de ella, a la Comunitat Valenciana, según denuncias del La Unió de Llauradors.
Según el estudio de esta organización agraria, entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre —que coincide con el inicio de campaña de la mandarina valenciana— la cuota de mercado de cítricos sudafricanos se ha elevado hasta el 11,5% en los nueve años de vigencia del acuerdo. En el mes de octubre el crecimiento registrado rondó el 24% y el año pasado se batió un récord de entradas con casi 145.000 toneladas. Además, en noviembre también irrumpió con fuerza, concentrando ya el 66% de todas las importaciones anuales desde Sudáfrica a la UE en ese tramo final del año.
En este sentido, La Unió advierte que esta ventana temporal es “crítica” para los intereses de los productores valencianos, porque coincide con su primer corte de cítricos y provoca una presión competitiva adicional. Carles Peris, secretario general de La Unió, afirma que “la liberalización en el otoño del mercado europeo para la naranja sudafricana ha desplazado sus entradas a los meses de septiembre a noviembre, disparando al alza sus exportaciones e incrementando la presión sobre el productor valenciano, justo en el inicio de campaña”.
Plagas y pérdida de competitividad
Una de las consecuencias más alarmantes para el sector agrario español vinculadas a este escenario de importación sin aranceles es la mayor exposición a plagas o enfermedades fitosanitarias. La Unió calcula que desde la aplicación del acuerdo, se han registrado casi 300 interceptaciones de plagas de Sudáfrica, casi todas ellas de especies como falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) y la mancha negra (Phyllosticta citricarpa), consideradas entre las más letales de la citricultura mundial y que no estaban establecidas en la UE.
Por su parte, AVA Asaja calificó el 2024 como un “año negro” para los cítricos sudafricanos, tras registrar más de 30 interceptaciones a lo largo del año y a principios de septiembre de este mismo año, Sudáfrica volvía a acumular hasta 13 detecciones de mancha negra.
Por no hablar de una de las plagas más recientes y dañinas para la citricultura española, el trips originario de Sudáfrica (Scirtothrips dorsalis y Scirtothrips aurantii). El Scirtothrips aurantii, detectado por primera vez en Huelva en 2020, se ha expandido a zonas clave como Murcia, Alicante, Castellón y varias comarcas de la provincia de Valencia, afectando no solo a los cítricos, sino también a otros cultivos como kaki, granada, vid y diversas hortalizas. Durante 2024, los daños provocados por esta plaga fueron elevados, reduciendo la calidad comercial de los frutos y obligando a incrementar los tratamientos fitosanitarios, lo que ha supuesto un aumento de los costes de producción.
Y, ante estas amenazas fitosanitarias, la competitividad de los citricultores españoles, ya de por sí reducida, se ve aún más comprometida. Además de enfrentarse a un competidor que entra en el mercado al inicio de la campaña española, los productores deben lidiar con un marco regulatorio cada vez más estricto y con limitaciones crecientes en los productos fitosanitarios disponibles para combatir las plagas. Esta combinación de más plagas y menos herramientas para controlarlas se ha convertido en uno de los principales retos del sector.
Qué exige el sector
En este contexto de desventaja, el sector lleva años reclamando medidas para que la competencia de otros países no limite ni su competitividad, ni su rentabilidad. La Unió reclama que este acuerdo sea revisado o complementado con medidas de salvaguarda y mecanismos de protección para el productor español. Según la organización agraria, la liberalización en otoño del mercado europeo obliga a los cítricos valencianos a competir en un escenario ya saturado de importaciones sudafricanas de bajo coste. Exige, además, que los controles fitosanitarios se refuercen y que se reconozcan los costes adicionales que los productores españoles asumen por cumplir estándares superiores de calidad, sanidad y sostenibilidad.
En palabras de Carles Peris: “la citricultura valenciana necesita un plan que no se quede en el papel, sino que transforme de verdad el modelo productivo. Los resultados de la encuesta confirman que el sector citrícola valenciano demanda un Plan de Reconversión ambicioso, flexible y bien financiado, que combine innovación, relevo generacional y sostenibilidad económica”.
Del mismo modo, La Unió insta a una revisión del calendario de liberalización para naranjas o, alternativamente, mecanismos de gestión (alertas, contingentes dinámicos, calendario comercial de referencia). También propone más trazabilidad e información al consumidor sobre el origen de los cítricos en los durante los meses de septiembre a noviembre.
En esta línea, la organización presidida por Cristóbal Aguado exige a la Comisión Europea que “endurezca los controles a las importaciones foráneas y evitar la entrada de nuevas plagas y enfermedades no presentes en Europa. Ya basta de sacrificar la agricultura europea, usándola como moneda de cambio en todos los acuerdos comerciales e, incluso, exponiéndola sin pudor a nuevos patógenos que multiplican el desperdicio alimentario y el abandono de campos” y denuncia que las crecientes detecciones de plagas en las importaciones citrícolas de Sudáfrica no hacen más que demostrar “su falta de voluntad o capacidad para garantizar la seguridad fitosanitaria de sus envíos”.
Asimismo, AVA-Asaja también reclama a Bruselas que vuelva a establecer en su normativa un número máximo de interceptaciones de una determinada enfermedad o plaga a partir de la cual, según el riesgo que consideren inasumibles los científicos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), deban cerrarse las fronteras a las importaciones de un país tercero.
