La Consejería de Agricultura y Fepex analizarán el nuevo marco normativo previsto para 2028, impulsarán la innovación y reforzarán la promoción exterior ante el rechazo del sector al modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea
El consejero durante su reunión con las organizaciones andaluzas integradas en Fepex (Coexphal, Asociafruit y Freshuelva). / CONSEJERIA AGRICULTURA
Valencia Fruits. Redacción.
La Consejería de Agricultura ha constituido una mesa de trabajo con las organizaciones integradas en Fepex —Coexphal, Asociafruit y Freshuelva— con el objetivo de reforzar la defensa del sector hortofrutícola andaluz frente a los cambios normativos que incluirá la futura Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028. Se trata de un sector clave para la economía regional, altamente dependiente de los mercados exteriores y considerado uno de los principales motores exportadores de Andalucía.
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, mantuvo este lunes una reunión con estas organizaciones para analizar las posibles implicaciones de la nueva PAC, que podría afectar de manera especial a frutas y hortalizas. Según señaló la Consejería en un comunicado, la adaptación al nuevo marco resulta esencial para preservar la competitividad y el elevado valor añadido que aportan estas producciones.
La nueva mesa de trabajo incorporará también la Ley de Impulso para la Producción Ecológica, cuya aprobación está prevista para mañana en el Parlamento andaluz. Entre los asuntos prioritarios que abordará figuran la promoción internacional del producto andaluz en ferias estratégicas, el impulso a la innovación mediante proyectos de I+D+i en colaboración con IFAPA, y el análisis del marco normativo para garantizar que Andalucía mantenga “la posición de liderazgo que ostenta en Europa”.
El sector hortofrutícola ha mostrado su rechazo al modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea, “basado en su integración en unos sobres nacionales cofinanciados, frente al modelo común europeo existente en la actualidad”. Según las organizaciones, este cambio generaría “asimetrías competitivas entre los productores de los diferentes Estados miembros”, lo que refuerza la necesidad de una respuesta coordinada desde Andalucía.
