Cirilo Arnandis analiza las reivindicaciones del sector agrario en la movilización del 18 de diciembre en Bruselas
Los agricultores europeos se manifestarán en Bruselas el 18 de diciembre bajo el lema “Basta de humo y espejos”. / ARCHIVO
Por Cirilo Arnandis (*)
Entrados en diciembre, esta es la última oportunidad de poder manifestarme a través de esta tribuna en el presente año. Finalizando como estamos 2025, es momento de balances y de propósitos, o cuanto menos, de planificación sobre lo que se entiende que deben ser las líneas estratégicas de futuro. De momento, en Bruselas, el balance no parece que les salga muy a cuenta, sobre todo a la vista de la manifestación prevista para el día 18 de diciembre, en la que se ha convocado a todos los agricultores europeos. Bajo el lema “Basta de humo y espejos”, refiriéndose a la constante tibieza comunitaria y a las cláusulas que llevan el mismo nombre, se denuncia que la agricultura comunitaria y la seguridad alimentaria están en peligro. Y es que decisiones recientes, como el caso del etiquetado de los productos procedentes de Sahara Occidental, primando las tesis del Reino de Marruecos, no parecen abonar el interés mostrado por la presidenta de la Comisión Europea de priorizar para 2026 la normativa aplicable en relación con las prácticas comerciales desleales.
La movilización convocada por el COPA y la COGECA, la representación a nivel europeo de los sindicatos agrarios y de las cooperativas, denuncia que, pese a que la agricultura ha estado siempre en el centro del proyecto europeo, los agricultores y las cooperativas se encuentran cada vez bajo una mayor presión. Los convocantes denuncian que el aumento vertiginoso de los precios de los fertilizantes y su disposición limitada, el incremento de los costes energéticos, los desequilibrios en la cadena de valor, la incertidumbre jurídica, normativas cada vez más complejas y desiguales para los países terceros, entre otras cuestiones, provocan bajos ingresos, lo que hace que sea cada vez más difícil invertir, competir o planificar el futuro.
En este contexto, las reivindicaciones se concentran en tres puntos muy claros. El primero, una PAC post-2027, fuerte, común y bien financiada, junto con un presupuesto de la UE que apoye la competitividad y el crecimiento de agricultores y cooperativas. En segundo lugar, un comercio justo y transparente que proteja eficazmente nuestras normas de producción, al tiempo que contribuya a mejorar nuestra competitividad. Y finalmente, un tercer grupo de reivindicaciones en la línea de una agenda real en relación con una mejor regulación y seguridad jurídica.
A la vista de los últimos comunicados de prensa, bien se podría decir que Bruselas está trabajando en estos temas, y que de verdad se preocupa por ellos, pero ya sabemos que del dicho al hecho hay un trecho. La Comisión Europea es cada vez más experta en la aplicación un lenguaje florentino, de múltiples interpretaciones, que se suele caracterizar por “nunca una mala palabra” aunque los hechos no sean acordes con lo que aparentemente se quiere transmitir. Y es que de otro modo los agricultores no saldrían a la calle, y menos en un mes de diciembre, donde en Bruselas hace mucho frío, y a las puertas de unas fechas tan señaladas en la cultura del viejo continente como es la Navidad.
El descenso de los fondos destinados para la agricultura a partir de 2028, junto con la estructura de aplicación de estos, no ha hecho más que calentar el ambiente en un escenario donde la única política común europea tiene cada vez menos protagonismo. En nuestro sector, el de las frutas y hortalizas, que pretende obtener sus rentas básicamente del mercado, y valorando que el tema de los presupuestos agrícolas es importante, lo es más el contexto normativo, máxime cuando se regula en favor de países terceros y en torno a cuestiones que no necesitan presupuesto.
El tema de las prácticas comerciales desleales en el comercio intracomunitario, a decir verdad, ocupa desde hace tiempo a las autoridades comunitarias. Así, la Directiva UE 2019/633 establece ciertos aspectos para regular la cadena alimentaria a nivel comunitario. Entre otras cuestiones, reglamenta la contratación por escrito o las prácticas comerciales desleales en el sector agroalimentario, estableciendo las prácticas prohibidas, las que deben ser acordadas por los operadores y las sanciones. En su artículo 12 se establece que la Comisión debía presentar un informe de evaluación de la implementación de esta directiva a más tardar el 1 de noviembre del 2025. En esta ocasión, y pese a que Bruselas no está muy por la labor de elaborar estudios de impacto, sí que es cierto que este informe ha sido publicado el 1 de diciembre del 2025. Es una lástima que en él no se evalúe la aplicación de los 27 Estados miembro, sino que se ha escogido una muestra de 10 países para intentar hacer una proyección que pueda darle una imagen de lo que pasa en la UE. Entre estos países esta seleccionada España, pero no así, Alemania, que es uno de los grandes mercados europeos.
Resumir en unos pocos renglones este informe es muy difícil, lo que proyecta la complejidad de este problema, pero hay que poner en valor el hecho de abrirse a debatir este escenario. No obstante, y a modo de síntesis, bien podemos decir como conclusión que la determinación de las autoridades de cada país es un hecho relevante en la aplicación de la directiva; que el miedo a represalias en la denuncia del eslabón más débil sigue siendo, en determinados escenarios, todavía una debilidad del sistema, sobre todo en mercado altamente concentrados; y que la ausencia de una armonización regulatoria entre Estados miembro, acentúa un “efecto frontera”, además de debilitar la posición del proveedor a nivel europeo.
No obstante, la Comisión tiene intención de presentar una propuesta de modificación de esta Directiva en el primer semestre de 2026 para intentar mejorar los fallos detectados. Insisto nuevamente en que, si bien es una mediada loable, pues es necesaria la transparencia en las relaciones comerciales entre operadores de la Unión Europea, lo sería más en la medida en que estas exigencias lo sean igual para todos, sea de la procedencia que sea.
En este contexto de países terceros, parece que alguna buena noticia nos llega. Me refiero a la iniciativa del Grupo del Partido Popular Europeo Popular, por la cual, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), ha aprobado un nuevo mecanismo de salvaguardias del acuerdo UE–Mercosur. Este acuerdo, que si bien es importante para Europa en la medida que abre para determinados sectores un amplio mercado en América del Sur, justo cuando el presidente norteamericano está imponiendo unas nuevas reglas en el comercio internacional, no lo es así para sectores agrarios europeos. De ahí, y pese a que se ha alcanzado ya el acuerdo entre los negociadores, sigue el veto de Francia y el miedo a las consecuencias que él se deriven para algunos productos como nuestros cítricos. Es por ello por lo que estas medidas alcanzadas en el seno de la Comisión de Comercio Internacional, cuando menos, sirven de un cierto bálsamo a los miedos ya manifestado por el sector. De todos modos, todavía no se puede cantar victoria, pues el expediente deberá de ser votado en el pleno del Parlamento Europeo como actuación previa a la fase final con los Estados miembros.
¿Y cuál es el acuerdo alcanzado? La enmienda 84 introduce la obligación de reciprocidad respecto a los productos y los estándares de producción, garantizando un comercio más equilibrado y justo entre la UE y Mercosur. La enmienda 249 permite que la Comisión amplíe el alcance de las medidas de salvaguardia ante cualquier intento de elusión mediante cambios en las rutas comerciales, incluyendo importaciones procedentes de países exentos, y refuerza la cooperación aduanera con los Estados miembros para un control más efectivo del cumplimiento de estas medidas. Además: se ha incluido a los cítricos como producto sensible, se han reducido los plazos para iniciar y concluir investigaciones de seis a tres meses, y se acortan los plazos para la adopción de medidas de salvaguarda en productos sensibles, reduciéndolos de 21 a 14 días. No cabe duda que de salir adelante estas enmiendas, y teniendo en cuanta que representantes de Mercosur ya han manifestado sus reticencias, Europa contará con salvaguardas capaces de reaccionar de manera más rápida y segura ante cualquier aumento inesperado de importaciones o caída significativa de precios, al objeto de proteger a los agricultores europeos.
Por último, me gustaría destacar que el comisario de Salud y Bienestar Animal, el húngaro Olivér Várhely, ha presentado diversas medidas para reforzar los controles de en las fronteras de la UE y en terceros países. Buena noticia, sin duda, pero que analizaremos más adelante en la medida que supongan un nuevo escenario en el actual desequilibrio comercial existente entre productos agrícolas comunitarios y procedentes de países terceros, así como en el ámbito de la seguridad alimentaria. Sin más, tan solo me queda desearles lo mejor ante las entrañables fechas navideñas que ya tenemos próximas.
Cirilo Arnandis es presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-Alimentàries
