El Parlamento Europeo recurre al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar la legalidad del pacto, lo que frena su tramitación durante al menos 18-24 meses
La paralización del acuerdo ha sido interpretada por las organizaciones agrarias y representantes del sector como una victoria parcial en su reivindicación de un marco comercial más equilibrado. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
El sector agrario español ha recibido con satisfacción la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La medida, aprobada este miércoles 21 de enero por un margen muy estrecho, supone la paralización efectiva del pacto hasta que la justicia europea determine si es compatible con los tratados comunitarios.
La Eurocámara dio luz verde a la iniciativa con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, evidenciando la profunda división política en torno a un acuerdo firmado el pasado fin de semana tras más de 25 años de negociaciones entre la UE y los países del Mercosur.
La medida supone la paralización efectiva del pacto hasta que la justicia europea determine si es compatible con los tratados comunitarios
Para el sector hortofrutícola, esta decisión representa una oportunidad para reabrir el debate sobre las condiciones de competencia, la reciprocidad normativa y el impacto del acuerdo en los mercados europeos, especialmente en producciones sensibles como frutas y hortalizas.
El sector agrario reclama reciprocidad y garantías
La paralización del acuerdo ha sido interpretada por las organizaciones agrarias y representantes del sector como una victoria parcial en su reivindicación de un marco comercial más equilibrado.
El presidente de Asaja y vicepresidente de COPA, Pedro Barato, subrayó durante las protestas previas a la votación que “el mercado tiene que ser limpio, transparente y con reciprocidad”. Según Barato, las demandas del sector no responden a criterios ideológicos, sino “jurídicos y técnicos”, y buscan garantizar que los productos importados cumplan las mismas exigencias que los europeos en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral.
“Hacer las cosas deprisa y sin garantías solo genera más problemas”, advirtió el dirigente agrario, quien insistió en que el análisis del TJUE es clave para garantizar la seguridad jurídica, la seguridad alimentaria y la defensa del modelo agrario europeo, basado en calidad, trazabilidad y sostenibilidad.
Movilización en Estrasburgo
La votación del Parlamento Europeo estuvo precedida por una movilización sin precedentes del sector agrario europeo. Más de 10.000 agricultores, acompañados por unos 2.000 tractores, se manifestaron frente a la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, convocados por COPA-Cogeca.
La protesta, que partió de la Place Bourdeux y concluyó en la explanada del Parlamento Europeo, tenía como objetivo presionar a los eurodiputados para que solicitaran al TJUE la revisión del acuerdo. Entre los intervinientes se encontraba Pedro Barato, quien defendió la necesidad de someter el pacto a un análisis jurídico antes de su ratificación.
Los manifestantes denunciaron que el acuerdo con el Mercosur supone una “traición” al modelo agrario europeo y alertaron del riesgo de competencia desleal
Los manifestantes denunciaron que el acuerdo con el Mercosur supone una “traición” al modelo agrario europeo y alertaron del riesgo de competencia desleal para sectores sensibles, entre ellos el hortofrutícola, uno de los más expuestos a las importaciones procedentes de Sudamérica.
Reacciones políticas
En el ámbito político, Vox ha calificado la decisión como una “victoria histórica” para el campo español. La formación ha señalado que cada día de retraso en la aplicación del acuerdo es un día ganado para miles de familias que viven del sector primario.
Desde el partido han afirmado que “ha vencido el interés nacional frente a las imposiciones de Bruselas” y han acusado a los eurodiputados españoles del PP y del PSOE de haber cometido una “gravísima traición al campo” al votar en contra de la consulta jurídica.
Vox ha advertido de que continuará presionando hasta que el acuerdo quede “definitivamente suspendido”.
Dudas jurídicas que frenan el acuerdo
El recurso al TJUE se fundamenta en las dudas sobre la validez legal de algunos elementos del pacto. Entre ellos, destaca el mecanismo de reequilibrio, que varios eurodiputados consideran potencialmente perjudicial para la autonomía regulatoria de la UE.
También se cuestiona la base legal utilizada para su aprobación, ya que permitiría ratificar los capítulos comerciales del acuerdo sin el consentimiento de los parlamentos nacionales, lo que ha generado un intenso debate sobre su encaje en el marco institucional europeo.
Según el propio TJUE, este tipo de dictámenes suelen tardar entre 18 y 24 meses, aunque el tribunal puede acelerar los procedimientos si las circunstancias lo requieren.
Impacto para el sector hortofrutícola
La paralización del acuerdo abre un periodo de incertidumbre para las relaciones comerciales entre la UE y el Mercosur, pero también un espacio de negociación para el sector agrario europeo.
Para el sector hortofrutícola, el dictamen del TJUE será determinante para aclarar si el acuerdo garantiza condiciones de competencia equitativas y mecanismos eficaces de protección frente a posibles distorsiones de mercado.
La paralización del acuerdo abre un periodo de incertidumbre para las relaciones comerciales entre la UE y el Mercosur, pero también un espacio de negociación para el sector agrario europeo
Mientras tanto, el campo europeo celebra una victoria temporal que refuerza su papel en el debate sobre la política comercial de la Unión Europea, a la espera de un pronunciamiento judicial que marcará el futuro del acuerdo.