AVA-Asaja exige una mayor vigilancia para combatir el robo de algarroba y su posterior venta en el mercado negro
La Asociación Valenciana de Agriculturores ha reclamado a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana la puesta en marcha de una campaña especial de vigilancia para combatir los robos de algarrobas en las explotaciones valencianas y su posterior compraventa en el mercado negro.
En un comunicado, la asociación ha alertado de que, aunque las labores de recolección “no deberían empezar hasta la segunda quincena de agosto”, ya se han detectado “los primeros hurtos” de este fruto seco “alentados por el incremento del 50 % de los precios que se barajan a pie de campo”.
A pesar de que en algunas zonas de la Comunitat, como la de la Ribera, se estima un aumento de la cosecha, según AVA, se prevé una disminución “generalizada” de la producción a causa de la sequía, lo que “está elevando el valor de la algarroba a unas cifras que se mueven en torno a los 0.45 €/kg”, mientras que en los últimos ejercicios las cotizaciones “no solían sobrepasar los 0,25-0,30 €/kg”.
Ante esta situación, los agricultores “temen una intensa ola de robos por parte de bandas organizadas que, conocedoras de los entresijos del Código Penal, sustraen cosechas enteras con rapidez y encuentran facilidades para el manejo y la venta clandestina del producto”, ha avisado AVA.
Por ello, han exigido al delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, que mantenga una coordinación con los representantes de las entidades agrarias y con los alcaldes de las zonas que son susceptibles de sufrir este tipo de hurtos, como la Hoya de Buñol, L’Horta, La Ribera y el Camp de Túria.
De hecho, según ha asegurado la asociación, un “buen número de los alcaldes” de estas zonas se han dirigido a la propia AVA-Asaja para solicitar “la máxima colaboración en las tareas de vigilancia en sus respectivos términos municipales durante la temporada de la algarroba, que se prolonga hasta septiembre”.
También ha destacado la importancia de “intensificar los controles en las explotaciones, caminos rurales, centros de recepción, mercadillos y fruterías”, ya que pueden adquirir mercancía robada y comercializarla “sin garantizar su trazabilidad ni tributar los impuestos oportunos”.
Por último, ha reclamado una mayor agilidad en los procesos judiciales para evitar que “se dilate en el tiempo el cierre de estos operadores clandestinos”.