Cirilio Arnandis, Presidente de Frutas y Hortalizas Cooperatives Agro-alimentàries, reflexiona en este artículo sobre tecnificación y digitalización de la agricultura
Antes de tecnificar y digitalizar el campo, hay que abordar actuaciones que permitan al productor obtener rentas dignas. / VF
Cirilio Arnandis (*)
Con fecha de 20 de julio del año pasado, en el marco del Consejo Europeo y a nivel de jefes de estado y primeros ministros de la UE, se alcanzó un acuerdo histórico en Bruselas. Se había pactado el “Marco Financiero Plurianual” para el siguiente periodo operativo, que comprende los años 2021 a 2027. Tradicionalmente, en este foro se cierran las cuentas comunitarias para el correspondiente periodo de programación, lo cual nos era suficientemente próximo, por cuanto en estos números, se incluían también los fondos económicos destinados a la PAC, Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, y de ahí el calificativo de excepcional e históricos, además, se aprobó un presupuesto extraordinario que se ha bautizado como “Fondo de Recuperación y Resiliencia”.
Este fondo adicional, era la respuesta europea a la misma iniciativa emprendida desde Estados Unidos como consecuencia de la huella que la presencia del coronavirus estaba suponiendo en nuestra economía. Bruselas destinaba un total de 750.000 millones de euros adicionales, si bien con una distribución distinta a la presentada por la Comisión, pues de los 500.000 millones iniciales a fondo perdido, se pasó a un acuerdo final de 390.000 millones a fondo perdido y 360.000 millones en créditos a devolver. El cambio fue debido a que los países “frugales”, nuevo concepto que tuvimos que aprender, no querían que los países más afectados obtuvieran tantas transferencias sin tener compromisos de reformas en sus economías.
España estaba recién saliendo de un confinamiento colectivo, lo cual había impactado de modo muy directo en su economía, y apostaba a las claras por este acuerdo como principal benefactor. El resultado final para nuestro país fue de 140.000 millones de euros, de los cuales, 72.000 millones son en concepto de subvenciones, y el resto en créditos que hay que devolver. A pesar del acuerdo político global en las cifras, hubo que “convencer” a países como Polonia y Hungría para que levantaran un veto político basado en exigencias inasumibles por el actual contexto social europeo, lo que permitió la preceptiva unanimidad que posibilitaba la movilización de los fondos. La otra exigencia comunitaria era que España debería presentar a la Comisión unos nuevos Presupuesto Generales del Estado, que más allá de las opiniones que cada cual tenga de su contenido, ya tenemos aprobados.
Con este escenario ya cerrado, había que ponerse manos a la obra, y es a principio del mes de octubre, cuando el presidente Pedro Sánchez presentó el “Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, como hoja de ruta para la implementación de los fondos europeos adjudicados a España. Según fuentes de La Moncloa, el contenido de este “Plan” está inspirado en documentos tan significativos como es el caso de la “Agenda del Cambio”, la “Agenda 2030” y los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” pactado en el seno de la ONU. El objetivo último es el de conseguir una modernización del Estado, basándose en la inversión verde y la digitalización. Además, se estructura en torno a las cuatro transformaciones que el gobierno ha situado desde el principio en el centro de la estrategia de política económica, y que son la transición ecológica, transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. “Planazo”.
Pero como siempre, y como quiera que el papel lo soporta todo, el sector agroalimentario se ha venido preguntando la cantidad de fondos, de qué modo real y no colateral, le llegarán. Las perspectivas iniciales incitaban al optimismo, por cuanto la PAC está inspirada en el Pacto Verde Europeo, y los fondos adicionales del Plan de Recuperación, tienen como función la recuperación económica. Y ya sabemos que el sector agroalimentario, y el agrario en especial, es un sector básico e imprescindible, que ha tenido que hacer extraordinarios esfuerzos durante la pandemia, pese a arrastrar sustanciales problemas que no se vienen resolviendo con el tiempo. Además, con una extraordinaria proyección de si cuenta con los recursos necesarios en un futuro próximo, y ello sin poner encima de la mesa la cantidad de bienes públicos no remunerados que genera esta actividad, y que disfruta la sociedad en su totalidad. En teoría, y sobre el papel, es probable que no haya sector de actividad mejor posicionado.
Los ejes estratégicos del plan presentado por el presidente Sánchez descansan en diez políticas tractoras, cada una de ellas con la asignación de un determinado porcentaje económico del total de los miles de millones aprobados en Bruselas. De ellos, uno es el más compatible con nuestro sector, y que bajo el título “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, acapara el 16% de los recursos del presupuesto global. Presupuesto que utilizará solo las transferencias directas, es decir, los 72.000 millones de euros de ayudas directas que no hay que devolver a Bruselas. Otras políticas como el impulso de las infraestructuras y los ecosistemas resilientes, la transición energética justa e inclusiva, o la modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, puede que dejen algún resquicio a nuestro sector, pero siempre como actores de segunda o tercera línea.
Entretanto, se publicaba en Bruselas el conocido como “Reglamento de Transición”, que permitía movilizar los fondos adicionales contemplados dentro del Plan de Desarrollo Rural de la PAC, y el “Real Decreto-ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Era el momento en el que cantidad de consultoras se dirigían a nuestro sector ofreciendo sus servicios y posibles proyectos susceptibles de ser financiados por el plan. Todos nos las prometíamos muy felices, pues se presenta una ocasión de oro para un impulso necesario a un sector vital en el plano sociopolítico, de marcado carácter exterior, generador de bienes públicos intangibles, aunque constatables, y sobre todo necesario e imprescindible para conseguir los objetivos del Pacto Verde Europeo.
Pero ya se sabe que la alegría dura poco en casa del pobre, y se nos ha quedado la cara de siempre una vez se ha sabido las propuestas del Ministerio de Agricultura, donde tanto el contenido como el presupuesto, se muestran claramente insuficientes. Como ya se ha indicado, la política palanca en la que se incluye el sector agrario, que es una de las que cuenta con una mayor cantidad de recursos económicos, el 16% del total, o lo que es lo mismo, 11.520 millones de euros.
De ellos nuestro ministerio gestionará tan solo 307 millones, es decir el 2,7% de esta partida económica, o el 0,4% del total del presupuesto del plan presentado por Pedro Sánchez. Si en un epígrafe que lleva la palabra agricultura en su título, dispones de estos recursos, poco más podemos esperar de las otras 9 políticas en las que descansa el plan, al menos en inversión directa para el sector. Es decir, que seremos meros espectadores, si no objetivo de gasto y consumo de otros sec- tores de actividad económica.
Es curioso ver cómo el documento de propuestas de nuestro ministerio dice textualmente que, las medidas propuestas “se estructuran en cuatro líneas de apoyo, que tienen como objetivo implementar las reformas necesarias para alcanzar un nivel de inversión que promueva el cambio estructural en la producción agrícola y ganadera”. Pues bien, esas cuatro medidas que van a hacer todo eso son los siguientes: nuevos sistemas de gestión de residuos ganaderos, modelos productivos más sostenibles medioambientalmente en invernaderos, abastecimiento energético con energías renovables, así como el uso de tecnologías de precisión y más eficientes energéticamente. A decir verdad, además de esto, también se esperaban medidas en otros ámbitos y un mayor presupuesto.
Estamos ante una oportunidad para abordar definitivamente, y de modo integral, los problemas reales del campo y de los productores. No obstante, se ve a las claras que tienen razón quienes han bautizado este proceso como una oportunidad para los lobbies de las consultoras, de las empresas tecnológicas y de las que cotizan en el IBEX-35. No cabe duda que hay que tecnificar y digitalizar el campo, empleando nuevas tecnologías, pero antes, hay que abordar actuaciones en otros ámbitos que le permitan al productor obtener rentas dignas. Lo contrario es empezar la casa por el tejado.
(*) Presidente Frutas y Hortalizas Cooperatives Agro-alimentàries
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