Las tres comunidades han enviado una carta conjunta a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para paralizar la votación que pretende cambiar las reglas de explotación del trasvase
La reunión entre el consejero Antonio Luengo y su homóloga Mireia Mollà en la sede del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. / GVA AGROAMBIENT
Valencia Fruits. Redacción.
Los gobiernos de la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía han solicitado al Gobierno de España la suspensión de la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Piden disponer de un nuevo Plan Hidrológico del Tajo aprobado, cuyas proposiciones para la modificación de las reglas sean integrales, conjuntas y técnicamente rigurosas.
Así queda reflejado en la carta conjunta remitida a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmada por los consejeros de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo; de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana, Mireia Molla.
Demandas
Las tres regiones demandan «que el Consejo Nacional del Agua tenga en cuenta las alegaciones presentadas en relación al cambio del volumen máximo mensual trasvasable en nivel 2», ha destacado Luengo. Argumentó también que «la modificación que se propone es claramente extemporánea e innecesaria en este momento, dado que es inminente la publicación de un nuevo ciclo de planificación hidrológica de las demarcaciones, entre ellas la del Tajo, donde se deben contener los datos necesarios para analizar la actualización que proceda de forma rigurosa».
La carta destaca que «una revisión ahora, sin que se haya publicado ni siquiera el borrador del nuevo Plan del Tajo, ha de asumir necesariamente información ya obsoleta, por lo que, considerando que los parámetros de la regla forman un conjunto integrado y matemáticamente coherente que depende de todo un conjunto de datos como las demandas, retornos, evaporaciones, batimetrías, resguardos, series de aportaciones, etc., es evidente que todo este conjunto, y no solo una parte, debe ser considerado para la propuesta actualización, y no es técnicamente correcto modificar solo algunos datos e ignorar el resto».
Por su parte, Mireia Mollà ha asegurado que «el orden en este caso altera el producto. Los caudales ecológicos que se definan en la planificación hidrológica del Tajo -ahora mismo en proceso de elaboración- determinarán el futuro del trasvase». Ha subrayado, además, que «ningún argumento técnico certifica la validez de pretender subir el caudal ecológico en Aranjuez. Cualquier incremento será una merma y un ataque directo a nuestros regantes y al agua que necesitamos estas tres comunidades».
Medidas judiciales
Asimismo, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha adelantado que, en el momento en que se formalice cualquier modificación en el decreto, la Comunitat activará «todas las medidas judiciales a nuestro alcance».
Mollà, no obstante, ha hecho un llamamiento al diálogo y a las propuestas que la Generalitat va a seguir planteando desde la sensatez, el rigor y el consenso para convencer sobre una respuesta alternativa.
Encuentro en la sede del Sindicato Central de Regantes
El consejero Antonio Luengo y su homóloga Mireia Mollà se reunieron en la sede del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Luengo celebró «el acercamiento de la Comunidad Valenciana en un momento trascendental como el que nos encontramos, donde el futuro del trasvase está gravemente amenazado y necesitamos la unión de las regiones afectadas para defender con más fuerza los derechos de agricultores y consumidores».
«Solo si somos capaces de unir nuestras reivindicaciones seremos capaces de hacer frente a los ataques que ponen en riesgo la supervivencia de una infraestructura que lleva 42 años generando riqueza y crecimiento al Levante español, ya que de lo contrario nos vemos abocados a un incremento del coste del agua del 30 por ciento para los hogares e industrias y de un 48 por ciento para los regantes», destacó el titular de Agua.
En esta misma línea, Mireia Mollà afirmaba que «el problema del río no son los regantes, no son los caudales ecológicos, no es nada técnico, es una cuestión política», y ha instado al Ministerio de agricultura a «dejar de lado el partidismo y hablar de un económico fundamental del que dependen muchas bocas de en nuestras comunidades y muchas bocas que comen los productos que cultivan nuestros agricultores y agricultoras».
El trasvase
El trasvase Tajo-Segura tiene un impacto en el PIB español de más de 3.000 millones de euros y genera 110.000 puestos de trabajo directos y otros 250.000 indirectos. Beneficia a 200.000 hectáreas de regadío y a más de 55 millones de árboles frutales, además, favorece la lucha frente al avance de la desertización y los efectos del cambio climático, ya que permite eliminar al año más de un millón de toneladas de CO2 gracias a los cultivos y árboles que riega.
