Inmaculada Sanfeliu: "Acuerdo UE-Mercosur, deforestación y riesgo de desaparición de la industria europea del zumo"

En este artículo, la presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, analiza la industria europea del zumo

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. / Ministerio

Inmadulada Sanfeliu (*)

El cuarto paquete de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania abrirá la puerta a la importación de productos agrícolas de Latinoamérica, con la agilización del Tratado de Libre comercio con México y el de Mercosur con el resto del continente. El Consejo de Economía y Finanzas (Ecofin) de la Unión Europea (UE) celebrado el martes, 15 de marzo, ha aprobado prohibir el comercio con Rusia de materias primas estratégicas, recursos energéticos y material siderúrgico relacionadas con la industria armamentística.

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, explicó, tras participar en dicho Consejo, que la guerra “ha tenido un impacto para todos por el alza del precio de las materias primas”. La vicepresidenta primera comentó que ha reclamado además a la Comisión acelerar los acuerdos comerciales con Mercosur, Chile y México para encontrar suministros agroalimentarios alternativos a los de Rusia y Ucrania y ha expuesto la decisión del Consejo de abrir nuevas rutas en el comercio internacional para garantizar el abastecimiento del sector agroalimentario en un escenario de guerra.

Nadia Calviño ha reclamado a la Comisión Europea acelerar los acuerdos comerciales con Mercosur, Chile y México para encontrar suministros agroalimentarios alternativos a los de Rusia y Ucrania

A decir de los dirigentes, el Acuerdo UE-Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) tiene gran importancia para España y para la UE, desde el punto de vista político, económico-comercial y estratégico. La UE viene negociando un Tratado con Mercosur desde 1995. En junio de 2019, la UE y Mercosur alcanzaron un acuerdo de principio para contar con un Acuerdo de Asociación que aún no ha sido firmado.

El Acuerdo de Asociación Estratégica entre la UE y Mercosur de 2019 (ACMUE) sigue pendiente de su tramitación en la UE y entrada en vigor. Se firmó después de 39 rondas de negociaciones en las que el Acuerdo Marco de 1995 servía de guía. Según este acuerdo, la UE eliminaría los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgaría acceso preferencial para otro 7,5%. El Mercosur los eliminaría para el 91% de las importaciones de la UE y dejaría excluido un 9%, por ser productos sensibles del bloque. Su puesta en vigor se ha visto pospuesta como consecuencia de las reticencias medioambientales tratadas en el Parlamento Europeo y hasta la guerra Ucrania-Rusia todo hacía prever que podría llegar a retrasarse varios años más.

Falta de información

Por los gravísimos efectos colaterales que el mencionado Acuerdo puede tener para la citricultura española debido a la más que previsible acordada eliminación de aranceles en la UE para las importaciones de zumo de naranja fresco originario del bloque Mercosur, convendría que se informara de primera mano al sector citrícola de la situación actual de este acuerdo, del oculto calendario previsto para la inaceptable reducción de las barreras para el zumo brasileño y la más que moralmente exigible evolución de impactos previsibles una vez éste entre en vigor.

Los políticos españoles justifican su inusitado interés en acelerar el Acuerdo UE-Mercosur en aras de tender puentes para el comercio y el desarrollo sostenible. Una vez más, las exportaciones justifican el interés del acuerdo para la UE: los 260 millones de consumidores de la región, un PIB anual de 2,2 billones de euros (la quinta economía más importante fuera de la UE), elevadas barreras arancelarias y no arancelarias a derribar en el marco del acuerdo, un destino para bienes de la UE por valor de 45.000 millones de euros (en 2018) y servicios de la UE por valor de 23.000 millones (2017), un destino de gran importancia para las inversiones de la UE, con un volumen de 381.000 millones de euros en 2017, un mercado para 60.500 empresas de la UE. Son las cifras que sostienen los apoyos a la culminación del acuerdo.
Se estima que las exportaciones de España a Mercosur crecerán un 37% mientras las importaciones procedentes de Mercosur aumentarían un 14%, siendo el impacto global en la economía española de un +0,2% del PIB y +0,1% en el empleo. El impacto sectorial será heterogéneo siendo especialmente positivo para los productos químicos, confección, editorial y maquinaria.

El Acuerdo prevé como principales beneficios para las empresas de la UE la eliminación de derechos de aduana elevados en sectores clave de exportación: automóviles y sus piezas —con aranceles del 35% en la actualidad—, maquinaria (14-20%), sustancias químicas (18%), productos farmacéuticos (14%) y productos excluidos hasta ahora del mercado del Mercosur, como las prendas de vestir y el calzado. Con la eliminación de aranceles, las numerosas empresas europeas ya establecidas en los países del Mercosur podrán importar piezas y productos intermedios con más facilidad.

Convendría que se informara de primera mano al sector citrícola de la situación actual del Acuerdo con Mercosur (ACMUE) y del “oculto” calendario previsto para la reducción de las barreras para el zumo de naranja brasileño

Y en cuanto a los intereses de los agricultores de la UE, a los políticos comunitarios se les llena la boca con que Mercosur ya es un gran mercado para las exportaciones de la UE de aceite de oliva, patatas congeladas, malta, chocolate, hortalizas y fruta (en particular peras, ciruelas, kiwis y manzanas), bebidas no alcohólicas y vinos, vodka y whisky, y que el acuerdo abrirá nuevas oportunidades para esos y otros productos de la UE mediante la supresión de elevados derechos de aduana en un gran mercado de más de 260 millones de personas con un poder adquisitivo cada vez mayor.

¿Y los productos sensibles?

Pero hasta aquí nadie ha hablado de “productos sensibles” en la UE, ni de la exclusión del zumo de naranja 100% exprimido por ser producto sensible de España. Y, además, el acuerdo UE-Mercosur se basa en la premisa de que los intercambios comerciales no deben ir en detrimento del medioambiente o las condiciones laborales, sino promover el desarrollo sostenible. Por ello la UE y Mercosur se comprometen a aplicar de manera efectiva el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y convienen en cooperar en los aspectos climáticos del comercio entre ambas partes, lo que incluye la lucha contra la deforestación.

El Acuerdo de París incorpora, entre otras cosas, el compromiso de detener la deforestación ilegal en la Amazonia brasileña y reforestar 12 millones de hectáreas de aquí a 2030.

De acuerdo con los datos del Sistema de Alerta de Deforestación (SAD) de Imazon, que monitorea la Amazonía a través de imágenes satelitales desde 2008, la deforestación en la Amazonía crece casi un 70% y llega al peor febrero, el de 2022, en 15 años. Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) es una institución de investigación brasileña cuya misión es promover la conservación y el desarrollo sostenible en la Amazonía.

Un año después de lograr la mayor deforestación de la selva amazónica en, al menos, 14 años, Brasil se encamina hacia un nuevo récord de deforestación negativa en 2022. Solo en febrero, 303 km² de bosque nativo fueron destruidos en la Amazonía Legal. Esta fue la mayor área devastada en el mes de febrero en los últimos 15 años. Solo en relación al mismo mes del año pasado, la destrucción aumentó en casi un 70% y es el segundo mes consecutivo de crecimiento de la deforestación: en enero, la tala de bosques fue un 33% superior a la del año pasado.

Emergencia climática y deforestación

Este aumento es sumamente grave en vista de la emergencia climática que estamos viviendo, ya que la deforestación contribuye al calentamiento global, lo que a su vez intensifica el cambio climático que provoca eventos extremos. Informes firmados por cientos de científicos de todo el mundo para el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, el IPCC, advierten que, si no logramos detener el aumento del calentamiento global, sufriremos con mayor frecuencia e intensidad fenómenos extremos como tormentas y sequías. En Brasil, el año pasado tuvieron fuertes lluvias que causaron muertes y destrucción en Bahía, Minas Gerais, Espírito Santo y Río de Janeiro.

Cuando el presidente Jair Bolsonaro prometió en la Cumbre del Clima organizada por Joe Biden erradicar la disparada deforestación ilegal en Brasil hasta 2030, muchos lo consideraron un desafío imposible de cumplir.
Basta un dato para calibrar sus vaticinios: entre agosto de 2019 y julio de 2020 se destruyó un área en la Amazonía superior al territorio de Jamaica. Y las organizaciones medioambientales advierten que esta situación no hará más que empeorar si prosperan en el Congreso varias iniciativas legislativas que buscan flexibilizar la regularización de tierras ilegalmente ocupadas, y podrían redundar en un aumento de la devastación de la mayor selva tropical del planeta, incentivar más ocupaciones ilegales y deforestación en tierras públicas federales y agudizar los conflictos crónicos en la zona.

En el centro de la polémica están dos proyectos de ley, que son básicamente una reformulación de una propuesta similar, bautizada como ‘Ley de grilagem’ o ‘Ley de ocupación ilegal de tierras’, firmada por Bolsonaro y que, tras durísimas críticas, no logró ser votada el año pasado.

Los ‘oligarcas’ brasileños

Estas nuevas propuestas son de enorme interés para la llamada ‘bancada ruralista’, grupo de parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio, y cuyo apoyo fue fundamental en la llegada al poder de Bolsonaro.

Grandes supermercados y productores alimentarios británicos y europeos amenazaron en una carta enviada el Ejecutivo con boicotear los productos brasileños si las propuestas continúan adelante. Entre los firmantes están empresas como Tesco, J Sainsbury, Marks & Spencer, la alemana Aldi o la empresa de producción alimentaria National Pig Association. Estas medidas presentan “amenazas potencialmente aún mayores para la Amazonía que antes”, dijeron.

La ocupación de tierras públicas en la Amazonía para actividades agropecuarias o de explotación se impulsó en la época de la dictadura militar (1964-1985), cuando se incentivó a los brasileños a instalarse en la selva amazónica para defenderla de la supuesta codicia extranjera —el lema era ‘Ocupar para no entregar’—, con la promesa de otorgarles títulos de tierra.

Ese vacío jurídico desató el llamado ‘grilagem’, que consiste en invadir una tierra, deforestarla usando fuego y colocar ganado para luego especular al venderla con falsas escrituras. Un fraude causante de una deforestación descontrolada y de violentas disputas territoriales. Muchas de las comunidades tradicionales e indígenas fueron expulsadas. Pero es que, además, una minoría de productores familiares que se asentaron de forma pacífica y que llevan décadas trabajando las tierras, no recibieron hasta la fecha las prometidas escrituras.

El acuerdo comercial UE-Mercosur no está concebido a prueba de deforestación. La resolución del Parlamento Europeo del 16 de septiembre de 2020 sobre el papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo (Parlamento Europeo, 2020) reitera que la política de comercio e inversión de la UE debe incluir capítulos de desarrollo sostenible vinculantes y exigibles; y destaca que deben incluirse compromisos claros para combatir la deforestación en todos los nuevos acuerdos comerciales, incluido el Mercosur.

Debería esperar

Para defender los principios de sostenibilidad, desarrollo y derechos humanos, el ACMUE debería condicionar su ratificación a una reducción real de la deforestación. La ratificación o el inicio de las reducciones tarifarias ACMUE deben restringirse en Brasil para reducir la deforestación de acuerdo con la meta de la Política Nacional de Cambio Climático del país: 3.900 km2 (390.000 hectáreas). Como Brasil no cumplirá su meta de 2020, el ACMUE debe esperar hasta que finalmente se alcance esta línea de base en el futuro. Para lograr este objetivo, Brasil necesitaría retomar el exitoso Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAM) e implementar otros enfoques regulatorios y de mercado, como la trazabilidad de productos básicos de alto riesgo.

El Acuerdo de París incorpora, entre otras cosas, el compromiso de detener la deforestación ilegal en la Amazonia brasileña y reforestar 12 millones de hectáreas de aquí a 2030. Sin embargo, el capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible del ACMUE carece de sanciones y el espacio para la resolución de disputas es largo (más de 460 días), lo que favorece a los actores que no cumplen

A menudo se han planteado preocupaciones sobre el riesgo de una mayor deforestación en la región del Mercosur, especialmente en la Amazonía brasileña. Estas preocupaciones son pertinentes, ya que un análisis de 189 países entre 2001 y 2012 muestra que la deforestación aumentó significativamente durante los tres años posteriores a la promulgación de los acuerdos de libre comercio (Abman & Lundberg 2020). Sin embargo, los proponentes del ACMUE han argumentado que el riesgo de deforestación podría mitigarse debido a las disposiciones de su Capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible y las recomendaciones proporcionadas por la Evaluación de Impacto de Sostenibilidad.

Sin embargo, un informe de Imazon (noviembre 2020) muestra que la deforestación puede aumentar en los países del Mercosur debido a la mayor demanda de productos agrícolas (deforestación adicional) y puede afectar a regiones sensibles de Brasil, incluidas las áreas vecinas de Tierras Indígenas y Unidades de Conservación (conflictos con las poblaciones indígenas). Además, las disposiciones de ACMUE en Comercio y Desarrollo Sostenible son insuficientes para mitigar el aumento del riesgo de deforestación con enfoque en el caso brasileño. Por lo tanto, es muy posible y probable que el acuerdo actual no promueva el desarrollo sostenible como exige la normativa comercial de la UE.

Más deforestación y en Brasil

La deforestación podría aumentar entre 122.000 y 260.000 hectáreas en los países del Mercosur, según los seis escenarios alternativos examinados en el estudio de Imazon. El 55% de la deforestación estaría en Brasil.
En respuesta a la liberalización comercial, los sectores de ganado procesado, bebidas y azúcar del Mercosur aumentarán la producción que luego se exporta a la UE. Por otro lado, la UE reduciría la producción de estos productos debido al aumento de la competencia. Las emisiones terrestres van desde 75 millones de toneladas de CO2 en el primer escenario hasta 173 millones de toneladas en el último escenario.

Probablemente ocurriría deforestación adicional en los biomas del Cerrado y el Amazonas en Brasil. Estos biomas representaron el 96,7% de la deforestación total en Brasil en 2019.

El ACMUE incrementaría el riesgo de deforestación en las inmediaciones de Tierras Indígenas y Unidades de Conservación. La deforestación ha aumentado rápidamente en estas áreas, una consecuencia probable de la reducción de las operaciones policiales y las perspectivas de explotación de estas áreas con fines comerciales.

Sin garantías ni sanciones

Las disposiciones ambientales vigentes del ACMUE son insuficientes para mitigar el riesgo de deforestación. El capítulo sobre Comercio y Desarrollo Sostenible (CDS) del ACMUE llama a la implementación efectiva del Acuerdo de París. Sin embargo, los objetivos de mitigación climática de la UE y el Mercosur son insuficientes para mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 °C, según los científicos. En el caso de Brasil, la promesa de cero deforestaciones ilegales se colocó en un futuro lejano: 2030.

Además, el capítulo CDS carece de sanciones y el espacio para la participación de la sociedad civil es limitado. El proceso de resolución de disputas es largo (más de 460 días), lo que favorece a los actores que no cumplen.

Como consecuencia de las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania de nuevo nos encontramos en tiempos de voces clamando por la ratificación del Acuerdo UE-Mercosur y de nuevo asistimos al discurso hegemónico en torno al gran beneficio para ambos bloques comerciales que quieren hacernos creer. En términos estrictamente monetarios, hasta ahora ha existido un cierto equilibrio en el ámbito de los intercambios comerciales establecidos entre Mercosur y la UE. Los valores totales de exportación derivados de su relación son, en verdad, muy similares para ambos bloques comerciales. En 2018, la UE exportó alrededor de 41 mil millones de euros en bienes al Mercosur, y los países del Mercosur exportaron alrededor de 43 mil millones de euros a la UE.

Sin embargo, esta aparente igualdad económica a nivel macro enmascara detrás de estas cifras financieras en materia de exportaciones grandes damnificados: de un lado las maltrechas necesidades e intereses socioambientales y humanos del Mercosur y, de este lado, del nuestro, la pérdida de competitividad del sector primario en nuestro propio mercado y las grandes asimetrías en las condiciones de producción.

Si bien los principales productos que exporta la UE al Mercosur son maquinaria, vehículos, reactores nucleares, productos farmacéuticos y equipos electrónicos, los principales productos exportados por Mercosur a la UE son harina de soja, piensos, minerales, cereales, celulosa, aceites vegetales, fruta, zumos y café.

Si como consecuencia de la crisis de Ucrania se ratifica el ACMUE sin tener en cuenta su impacto para las producciones citrícolas europeas, y medioambientales en incremento de deforestación global, el precio suelo para la fruta comunitaria lo fijará un oligopolio de tres empresas brasileñas en base a sus intereses y este precio mínimo supondrá un nuevo atentado contra la rentabilidad de los cítricos

Enorme porción de tierras

Para que el Mercosur produzca sus principales exportaciones, como cereales, harina de soja, carne vacuna y celulosa (la carne vacuna representa 1.000 millones de euros anuales de exportaciones, y el caso más emblemático, la soja y sus derivados, por valor de 5 mil millones de euros solo en 2018), ha tenido que asignar una enorme superficie de tierra dentro de sus países miembros al desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas necesarias para dicha producción. La superficie de tierra plantada en Mercosur con los bosques de eucaliptos y pinos para la obtención de celulosa, con la caña de azúcar para la obtención del etanol que sustituye los combustibles fósiles, con el cultivo de soja, y con las cabezas de ganado bovino ha tenido un impacto territorial muy significativo.

Además, la superficie de tierra asignada a la producción de productos básicos ha aumentado vertiginosamente en los países del Mercosur durante un período de tiempo relativamente corto.

También ‘zumo fresco’

Aunque Brasil produce y exporta mayoritariamente zumo de naranja a base de concentrado, ha desarrollado extraordinariamente la producción de zumo 100% exprimido, el llamado ‘zumo fresco’, que es el de mayor calidad y más apreciado por el consumidor. Y paralelamente ha penetrado en la UE con ‘zumo 100% exprimido’ que compite con el zumo español.
España produce zumo 100% exprimido (NFC) que va destinado en su mayor parte a los mercados europeos, que consumen alrededor de 1.100.000 toneladas, unas 250.000-300.000 de origen español y las 750.000-850.000 restantes de origen Brasil.

Los bajos costes de producción y transporte marítimo permiten a los procesadores brasileños ofrecer el zumo de naranja 100% exprimido (NFCOJ – not from concentrate orange juice) a un precio muy barato puesto en Rotterdam o Gante, a pesar de que en la actualidad se le aplica un arancel del 12,2%. Brasil lidera el suministro del zumo tanto en volumen como en precio, y los mercados no aceptan zumo español a precios por encima del zumo de origen brasileño, lo que determina un precio al agricultor por la necesaria fruta destinada a industria que ya hoy con aranceles no cubre los costes de producción de la misma

El citricultor, damnificado

El desmantelamiento arancelario para los zumos de naranja originarios de Brasil se traducirá sin duda en una reducción del precio percibido por el agricultor por la fruta que necesariamente tiene que remitir a industria, que ya hoy está por debajo del umbral de rentabilidad, y significará que el agricultor dejará perder la fruta, la industria española de transformación de cítricos desaparecerá, y con ello la cadena de valor se verá gravemente perjudicada, porque se dejarán de valorizar 1 millón de toneladas anuales de naranjas y mandarinas y, por tanto el 100% de la cosecha, creando además un elevado coste económico y medioambiental (lixiviados) para la eliminación de esa fruta con defectos de piel o de tamaño, pero de excelente calidad organoléptica.

La transformación de los cítricos en zumos permite una mejor retribución de la materia prima a los productores, contribuye a mejorar la competitividad de nuestros agrios en los mercados y posibilita una mayor homogeneidad en la calidad del producto que llega al mercado de fresco.
Brasil exportó más de mil millones de euros en zumo de naranja a la UE en 2018. En el caso de la citricultura española, el Acuerdo UE-Mercosur supondrá la liberalización de la importación en la UE de zumo de naranja, particularmente del zumo 100% exprimido, pudiendo hacer desaparecer la industria europea del zumo y, en consecuencia, desequilibrar el mercado de fresco, estrangulando al sector productor de cítricos europeos.

En Acuerdo UE-Mercosur agravará las situaciones ya creadas en unos mercados caracterizados por su globalización y una pérdida creciente de competitividad, por la inexistencia de medidas eficaces de gestión de crisis para afrontar los desequilibrios de oferta y demanda, y porque en la cadena comercial agroalimentaria los precios y márgenes no se marcan desde abajo (de productor a consumidor), sino de arriba hacia abajo, siendo la gran distribución la que fija el precio de venta al público y obliga a sus proveedores a reajustar a la baja sus precios y costes.

Ucrania, ¿el detonante?

Si como consecuencia de la invasión de Ucrania se ratifica el Acuerdo UE-Mercosur sin tener en cuenta su impacto en términos económicos para las producciones citrícolas europeas, y medioambientales en incremento de deforestación global, el precio suelo para la fruta comunitaria lo fijará un oligopolio de tres empresas brasileñas en base a sus intereses, auguramos que este precio mínimo supondrá un atentado contra la rentabilidad, la competitividad, la circularidad sostenible y la resiliencia de la cadena de valor citrícola, y finalmente comportará un importante perjuicio económico para los productores comunitarios.

(*) Presidenta del Comité de Gestión de Cítricos (CGC)