¿Está perdiendo el sistema de seguros agrarios español su eficiacia y efectividad? ¿Cómo puede adaptarse a los nuevos cambios en el sector agrario? Cirilo Arnandis reflexiona sobre estos aspectos en su nuevo artículo para Valencia Fruits
El clima está siendo muy beligerante con el campo en los últimos ejercicios. / Archivo
Cirilo Arnandis (*)
Hay gestos que en política son algo más que significativos. En un momento convulso, como el actual, y coincidiendo con la presidencia de turno de la Unión Europea, Francia ha cambiado de titular al frente de la cartera ministerial agraria. La sustitución del anterior titular, Julien Denormandie, por Marc Fesnau, es la novedad más significativa promovida por Emmanuel Macron, junto con el nuevo nombre del departamento. Ahora, el anterior ministerio de Agricultura y Alimentación pasará a llamarse ministerio de “Agricultura y Soberanía Alimentaria”. Toda una declaración de intenciones del presidente de la República y del nuevo titular del sector agrario que, según sus propias palabras, se encuentra en una encrucijada entre la actividad productiva, la cuestión ecológica y la cuestión social.
No cabe duda de que la actividad agraria es fundamental, no ya solo desde el punto de vista meramente económico, del mantenimiento del paisaje o de la fijación de la sociedad en el mundo rural más allá de las grandes urbes, si no que, en el contexto actual, es el garante de la soberanía alimentaria.
Dicho de otro modo, nuestros agricultores están comprometidos en una cuestión tan trascendente y vital: que los ciudadanos dispongamos de alimentos en cantidad, calidad y variedad suficientes. Generar un contexto estable en esta actividad es sinónimo de estabilidad social, y si no, solo cabe recordar que, en el actual contexto de guerra, el fantasma de la hambruna está oteando horizontes de países dependientes o con agriculturas menos potentes.
Por más que pasen los tiempos, para las distintas generaciones, la alimentación, de un modo u otro, con unas modas u otras, con unas necesidades u otras, es una cuestión imprescindible e ineludible. Lo acaecido durante el periodo de confinamiento consecuencia de la pandemia provocada por el coronavirus fue un claro ejemplo de ello. Nadie me puede negar que, sin tener una garantía en el suministro de alimentos, todo lo demás, siendo importante, puede pasar a un segundo plano, y la mejor garantía de acceso a los alimentos es producirlos tú mismo. En un escenario en el que la globalización está siendo cuanto menos analizada en el plano socio político, generar un seguro en el ámbito alimentario no deja de ser un activo y un elemento de estabilidad social.
Pero todos sabemos que la actividad agraria está sometida, además de los vaivenes del mercado, y de modo más evidente a lo que se viene en llamar como “volatilidad de los precios”, a los caprichos de la naturaleza. Por más eficiente y profesional que puedas ser en tu explotación, poco o nada se puede hacer ante los efectos que pueden provocar las bajas temperaturas, un pedrisco, un viento huracanado o una inundación. Por más que los servicios de previsión meteorológica puedan prever con cierta antelación algunos episodios como los descritos, en la mayoría de las ocasiones tan solo te queda la opción de observar con impotencia la magnitud de las fuerzas de la naturaleza y sus devastadores efectos.
Cuando esto ocurre, las distintas Administraciones deben ayudar a los productores de tal forma que puedan reponerse de los destrozos en sus explotaciones y, además, disponer de recursos económicos suficientes para sobrevivir, pues su fuente de ingresos económicos no existe. De no ser así, un doble drama aparece en el horizonte, el de la agricultura y los agricultores, en el ámbito social y medioambiental, y el de la sociedad en general, en lo que se refiere al suministro de alimentos o en lo que tiene que pagar por ellos. Y es en este contexto en el que se aprobó la primera Ley de la democracia española en relación con los seguros agrarios, de la que nos podemos sentir bien orgullosos, pues ha sido motivo de análisis e intentos de copia en nuestro entorno comunitario, en especial por nuestros vecinos de más allá de los Pirineos.
En esencia, se trata de guardar en momentos de bonanza para cuando vengan mal dadas, y que, a la vez, el coste de las pólizas de seguros que deban de suscribir los productores sea asequible para su bolsillo, por lo que desde las distintas Administraciones se viene haciendo una constante apuesta económica. El sistema español está diseñado desde la base de la colaboración público-privada: la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, realiza una misión de ordenación del escenario que permite al agricultor disponer de las adecuadas líneas de seguro para su contratación a un precio asequible; y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) genera el entorno adecuado para la correcta gestión del sistema y la contratación final de la póliza correspondiente en cada caso.
Hemos de decir que, tras más de cuarenta años de vigencia del sistema, y de su contante adecuación y perfeccionamiento, no cabe más que calificarlo de éxito, pues ha venido cumpliendo de modo satisfactorio los objetivos para el que fue creado. Es un medio adecuado para el productor, pues le ofrece un sistema de garantía de rentas ante fenómenos en los que nada puede hacer, y también lo es para la Administración, pues le supone certidumbre presupuestaria, al aplicarse la máxima de que ningún siniestro será susceptible de percibir ayudas si existe una línea de seguros que permita su contratación. En un contexto en el que los mecanismos de regulación de las rentas de los productores son nulos, o en el mejor de los casos testimoniales, la aportación del seguro agrario a la garantía de las rentas de los productores, por las ventajas que de él se emanan, es una cuestión básica, ya sea desde la perspectiva social y/o económica.
Es un hecho que en los recientes ejercicios el clima está siendo especialmente beligerante con el campo, en buena medida por el impacto del cambio climático. Los siniestros son más frecuentes, de mayor impacto, afectan a mayores superficies y cada vez son más anárquicos en lo que cabe esperar de un calendario climático tradicional. Consecuencia de ello es que cada vez la siniestralidad es mayor y las indemnizaciones tienen una tendencia al alza. Las empresas aseguradoras ya están poniendo la venda ante un escenario que, sin todavía estar desequilibrado, sí que está al filo de la navaja desde su perspectiva actual en algunas líneas concretas. En un escenario de incremento brutal de costes del sector, subir además las primas de contratación de las pólizas y recortar las prestaciones no es la solución de un sistema que puede morir de éxito si no se es capaz de ser, a la vez, imaginativo y sensible con una necesidad básica de la sociedad.
“Es un hecho que en los recientes ejercicios el clima está siendo especialmente beligerante con el campo, en buena medida por el impacto del cambio climático. Los siniestros son más frecuentes, de mayor impacto, afectan a mayores superficies y cada vez son más anárquicos en lo que cabe esperar de un calendario climático tradicional. Consecuencia de ello es que cada vez la siniestralidad es mayor y las indemnizaciones tienen una tendencia al alza”
Proponer soluciones no es fácil, pero es necesario que el sistema siga siendo equilibrado y eficaz. Aquí es bueno aportar algunos datos en los que puede caber margen de mejora. Si el valor de la producción agraria española supera los 50.000 millones de euros, y el capital asegurado es del orden 15.000 millones de euros, algo habrá que hacer para que la contratación sea más atractiva en aquellos líneas y cultivos que no lo son. ¿Qué hace que en algunos cultivos exista un buen nivel de contratación y en otros no? ¿Una cuestión cultural o de diseño del producto? La contabilidad del sistema, ante la total anarquía del clima y la existencia de ciclos y no de alternancia, debe realizarse de modo anual o desde una perspectiva más amplia de tiempo. Por último, me pregunto, desde luego desde la ignorancia, si cabe la posibilidad de margen de mejora en la gestión del sistema en el ámbito de las empresas aseguradoras, sobre todo en el actual contexto que algunos vienen en llamarlo como monopolístico.
Está claro que el seguro agrario no puede colapsar desde el ámbito económico, pero también es cierto que no puede desaparecer. De igual forma, dada la función del campo, no es justo que recaiga solo sobre él todo el peso de una posible reforma, ni siquiera en el sentido de exigir reconversiones a variedades y métodos de cultivo mejor adaptados al cambio climático, justo en un momento donde todos los insumos han subido una barbaridad y no existe la posibilidad de repercutir este incremento de costes en el mercado. Las Administraciones deben ser generosas ante este escenario, cada una en su parte proporcional y en el grado político de compromiso que deseen adoptar, sin desprenderse de la responsabilidad política que les corresponde en este caso, y del beneficio que ello les reporta.
“Está claro que el seguro agrario no puede colapsar desde el ámbito económico, pero también es cierto que no puede desaparecer. De igual forma, dada la función del campo, no es justo que recaiga solo sobre él todo el peso de una posible reforma, ni siquiera en el sentido de exigir reconversiones a variedades y métodos de cultivo mejor adaptados al cambio climático, justo en un momento donde todos los insumos han subido una barbaridad y no existe la posibilidad de repercutir este incremento de costes en el mercado”
Todos tenemos un seguro del automóvil, pues la ley nos obliga, y en la mente de todos está el que no es nuestro deseo el tener que hacer uso de él, pues supone la evidencia de la ausencia de siniestros. No obstante, lo que sí que deseamos todos, es poder pagar la póliza y que, cuando sea necesario, el seguro esté a la altura de las circunstancias. Pues lo mismo nos ocurre a los agricultores.
(*) Presidente de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentaries
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