Cirilo Arnandis reflexiona sobre la propuesta por parte de Yolanda Díaz de limitar el precio de los alimentos y su repercusión en el sector agrario
La propuesta de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, es que la distribución se autorregule, de modo vo-luntario, ofreciendo un carro de la compra con una serie de productos básicos a bajo precio. / ARCHIVO
Cirilo Arnandis (*)
Desconozco cuál era el objetivo, pero las últimas declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han servido para activar el avispero político a pocos meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Entrar en las mentes de las personas para averiguar sus intenciones es una cuestión de lo más difícil, pero lo que sí es cierto es que las últimas propuestas de Díaz son una mezcla de compromiso social, populismo, y de desconocimiento del funcionamiento de la cadena alimentaria.
“Las últimas propuestas de Yolanda Díaz son una mezcla de compromiso social, populismo, y de desconocimiento del funcionamiento de la cadena alimentaria”
A buen seguro se ha dejado aconsejar por fuentes muy concretas del orbe de la representación de los agricultores, y no cabe duda tampoco de que lo ha hecho con la mejor de las intenciones. Pero también es cierto que ha invadido competencias de otros ministros que, con total seguridad, saben más de esta cuestión de lo que pueda aportar la señora vicepresidenta segunda del Gobierno, y que albergan las mejores intenciones para la ciudadanía.
Yolanda Díaz se ha lanzado pues en beneficio de los más necesitados para que la actual situación de incremento de precios no afecte a los más desfavorecidos en un tema tan sensible como es la alimentación, como parte de una propuesta política personal que someterá a la consideración de los ciudadanos en la próximas elecciones, previstas para el mes de mayo. Eso explicaría que se lance de modo particular a hacer propuestas sin consultar con el resto de los miembros del Gobierno de España del cual forma parte, cuando la lógica dice que realizar propuestas consensuadas en su seno facilitaría su buen fin en beneficio colectivo, mejorando con ello la imagen del gobierno proponente.
Pero no adelantemos acontecimientos, y más allá de la intencionalidad, vamos a ver qué ha propuesto la señora Díaz, y qué consecuencias se derivan de ello. Pero antes de verter cualquier opinión, conviene definir el contexto en el que nos encontramos. El sector agroalimentario se declaró como esencial en el contexto de la pandemia, mostrando un comportamiento ejemplar en la labor de suministrar alimentos en cantidad y calidad a la población en momentos tan difíciles. Finalizado el periodo pandémico, la economía se ha desatado en lo referente a la demanda, mientras que la oferta lleva ritmos más lentos en lo tocante a la disponibilidad de materias primas y de generación de bienes de consumo. La consecuencia de esto es evidente: demanda superior a la oferta, precios al alza y aumento de la inflación.
En este escenario —y en cualquier otro, en verdad— las clases sociales más pudientes no se ven afectadas por los vaivenes económicos, lo que sí ocurre con las clases sociales menos favorecidas. Ser pobre siempre ha sido un mal negocio, ahora y desde que el mundo es mundo. Los estamentos políticos deben de esforzarse para que todas las clases sociales tengan un nivel de vida digno, haciendo propuestas acordes con la legislación vigente en cada momento que puedan para conseguir este objetivo. No parece muy loable, sin embargo, lanzar propuestas sin más, sin pensar las consecuencias, tan solo porque todos los ciudadanos tienen una serie de derechos básicos exigibles. Especialmente si es a costa de los derechos de otros ciudadanos y posicionándonos más allá de lo que la normativa vigente propone.
La primera propuesta de Yolanda Díaz fue la de poner un tope en los puntos de venta a los precios de una serie de productos alimentarios entendidos como básicos, por ella y seguramente por todos. Seguro que la propuesta está inspirada con la mejor de las intenciones, pero no tiene encaje en nuestro contexto social y político. Quiero pensar que su pensamiento se basaba en la idea de que, si la Ley de la Cadena garantiza un tope inferior de precios percibidos por el productor, pues exige que en la firma del contrato de compraventa en campo se garantice el coste efectivo de producción del productor, y por otra parte, se le pone un tope superior a los precios finales de venta, se limitan los beneficios de los que quedan en el medio, que no son otros que intermediarios y la gran distribución. Pero es que la realidad es otra bien distinta.
Además, la normativa sobre competencia impide la posibilidad de pactar precios y acuerdos entre empresas, escenario denominado como un cártel, siendo sancionable administrativa y económicamente. Por otro lado, la PAC desterró hace años el concepto de precios pactados, sean máximos o mínimos, ya que se demostró que la política basada en estos pilares generaba excedentes de difícil digestión, con el consiguiente coste económico para las arcas públicas. Por último, la implantación de unos precios bajos por imperativo político genera un “efecto frontera”, por el cual el mercado vecino se abastece del mercado barato para vender posteriormente en el mercado más caro, generando desabastecimiento en el mercado más barato. Venezuela es un claro ejemplo de lo que digo.
Seguramente alguien, ya sea de su ministerio, del de Consumo o del de Agricultura, le transmitió estas mismas reflexiones, por lo que Díaz lanzó una segunda propuesta, consistente en que las empresas de la gran distribución se autorregulen, de modo voluntario, ofreciendo un carro de la compra con una serie de productos básicos a bajo precio. De nuevo, ha primado más la buena intención que el análisis de la realidad. Esta idea no es nueva, pues existen precedentes de campañas promocionales de la gran distribución. También es cierto que, en otras ocasiones, dicha cesta estaba compuesta por productos de alimentación no perecederos y por productos de droguería, mientras que, en esta ocasión, la señora ministra pretende que contenga carne, pescado, huevos y frutas y hortalizas.
Ya ha habido una marca de la gran distribución que se ha lanzado a este reto, lo que ha servido para que en distintos medios de comunicación se insinúe que esta cadena podría estar, presuntamente, en el foco de atención del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, habrá que definir qué entendemos por precios bajos y asequibles para las clases sociales más vulnerables. No hay que olvidar el discurso de la gran distribución en el que manifiesta tener un margen comercial escaso, y un beneficio empresarial basado en el volumen de venta, más que en los márgenes unitarios. A ver si va a resultar que esta cesta supone una venta a pérdidas, lo cual también sería ilegal. Por último, habría que ponderar el impacto de esta medida en el pequeño comercio y en las tiendas de barrio, que a buen seguro no podrán competir en el escenario propuesta por vicepresidenta segunda.
He dejado para el final, más allá de lo legal, la repercusión que las propuestas de la ministra de Trabajo podrían conllevar para el sector productor. Desde el campo denunciamos la ausencia de rentabilidad, motivada en parte por el desequilibrio existente entre la gran distribución y los productores. Animar a unos precios de venta todavía más bajos, cuando en la cadena de comercialización el precio se fija en destino y se van descontado los distintos servicios y márgenes comerciales, hasta que al agricultor le llega lo que queda, no haría más que infringir un serio revés en las rentas de los productores, en esta ocasión por incentivo político. Ello sin considerar que, en un contexto donde el pecio sería el principal argumento, las importaciones provenientes de países terceros, siempre más baratas por los menores costes sociales y los sobrecostes derivados de la aplicación solo en Europa de las políticas en materia medioambiental y de fitosanitarios, tendrían un plus de competitividad en detrimento de las producciones locales.
“Desde el campo denunciamos la ausencia de rentabilidad, motivada en parte por el desequilibrio existente entre la gran distribución y los productores. Animar a unos precios de venta todavía más bajos, cuando en la cadena de comercialización el precio se fija en destino y se van descontado los distintos servicios y márgenes comerciales, hasta que al agricultor le llega lo que queda, no haría más que infringir un serio revés en las rentas de los productores, en esta ocasión por incentivo político”
“Sus propuestas no están lo suficientemente meditadas en relación con los efectos colaterales que producirían. Si todo esto fuera así de fácil, seguro que ya se habría puesto en marcha en otros lugares y para más productos. Si la solución a la inflación es saltarse las reglas del mercado y apostar por el intervencionismo, hágase en todos los productos y sectores, y tema resuelto”
No sé si la señora Yolanda Díaz se ha lazado al ruedo sin más, pues hasta ahora la tenía por persona con cierto nivel político e intelectual, pero lo cierto es que sus propuestas no están lo suficientemente meditadas en relación con los efectos colaterales que producirían. Si todo esto fuera así de fácil, seguro que ya se habría puesto en marcha en otros lugares y para más productos. Si la solución a la inflación es saltarse las reglas del mercado y apostar por el intervencionismo, hágase en todos los productos y sectores, y tema resuelto. De apreturas el campo entiende mucho, pero de igual manera que ocurre con la Ley de Desperdicio Alimentario, esperamos que la solidaridad con los más desfavorecidos, no sea a costa, a su vez, de los más débiles.
(*) Presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentaries
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