El principal mandato de la AVICA es extremar la vigilancia y la inspección en las operaciones para velar por el cumplimiento de la ley
La titular de Agricultura ha afirmado que “el problema más grande es que no se está garantizando el precio al productor”. / GVA
Valencia Fruits. Redacción.
La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana ha puesto en marcha una Agencia de Información y Control Alimentario (AVICA), cuyo mandato es el de extremar la vigilancia y la inspección en las operaciones de compraventa agroalimentaria para velar por el cumplimiento de la ley.
Así lo ha explicado tanto la Mireia Mollà como la directora de la Agencia, Gema Hernández, en la jornada ‘Mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria’, celebrada el pasado 14 de septiembre. Además, El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes, ha destacado que «contar con un instrumento de estas características supone un paso muy importante de cara a lograr un mejor funcionamiento del mercado que redunde positivamente en todos los eslabones que conforman la cadena alimentaria a fin de que cada uno de ellos pueda obtener una remuneración justa por su trabajo, sin olvidar tampoco la necesidad de satisfacer de forma adecuada a los consumidores».
La jornada ha contado también con una Mesa Redonda, en la que han participado el conjunto de entidades agrarias —AVA-Asaja, La Unió, COAG, UPA, Comité de Gestión de Cítricos y Federación de Cooperativas Agroalimentarias— y del sector empresarial y distribuidor a través de Fedacova y Asucova. Las distintas entidades expresaron sus diferentes puntos de vista, pero oincidieron a la hora de señalar que conviene propiciar unas condiciones de mercado adecuadas para todos los actores que intervienen en el proceso.
Por su parte, la consellera ha defendido “una mayor transparencia que especifique el coste añadido de cada eslabón, en aras de una cadena alimentaria más fuerte y madura y de una alimentación saludable y de proximidad a un precio justo” y la necesidad de abordar «un debate responsable sobre el precio de la alimentación» y ha abogado porque «cualquier iniciativa de una cesta básica asegure precios justos para el productor y productos frescos de proximidad».
Mollà ha calificado de “interés general” la garantía de precios justos y asumibles para las familias en materia de alimentación, frente a la escalada de costes que “golpea directamente a las necesidades más básicas de la vida”.
