El Parlamento andaluz tramita una proposición de ley para ampliar las hectáreas de regadío en el parque
La proposición de ley reconoce como agrícolas entre 700 y 800 nuevas hectáreas. / VF
Valencia Fruits. Redacción.
El Parlamento de Andalucía ha iniciado la tramitación exprés de una proposición de ley impulsada por el PP y VOX, que cuenta con el aval del Gobierno andaluz, para ampliar la zona regable en la Corona Norte del Parque de Doñana. La medida quiere regularizar centenares de hectáreas que ahora se encuentran al margen del ordenamiento jurídico en el entorno del parque nacional, que se encuentra en estado crítico por la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de lluvias. La cifra no se sabe con exactitud, pero algunas fuentes se hablan de aproximadamente unas 700 u 800 hectáreas que pasarían a ser regables. Al tramitarse la iniciativa por la vía de urgencia, los plazos se reducen a la mitad y podría estar aprobada antes del mes de agosto.
La puesta en marcha de la proposición de ley que incrementará las hectáreas productivas en Doñana ha desatado una gran polémica. La cámara autonómica ha dado luz verde a la medida pese a las amenazas de Bruselas de multar a España si se legalizan más regadíos, el desacuerdo del resto de los partidos de la oposición (PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía), la oposición frontal del Gobierno central, y los científicos. La aprobación de esta medida ha recrudecido la ‘guerra del agua’ que enfrenta en España al Gobierno central con el regional de Andalucía, a mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas y con la creciente preocupación de la Unión Europea por el futuro de la mayor reserva ecológica europea.
La proposición de ley reconoce como agrícolas entre 700 y 800 nuevas hectáreas. El Ejecutivo andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado. La oposición sostiene, sin embargo, que el único trasvase de agua superficial (19,9 hectómetros) autorizado por ley y previsto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es para autorizaciones ya asignadas con el fin de reducir la presión sobre el acuífero de Doñana y cumplir con las exigencias de Bruselas.
El Gobierno central ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional por “invasión” de competencias si se aprueba la proposición de ley.
