La idea es condicionar las ayudas agrarias al respeto a la normativa laboral, de cobertura social y de seguridad de los trabajadores empleados en las explotaciones
Temporeros en la campaña de la fresa. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha comunicado su rechazo a los planes de la Comisión Europea de añadir en la futura PAC más penalizaciones para poder acceder a las ayudas directas.
Según los planteamientos presentados en las negociaciones de la política europea, los pagos podrían reducirse en el caso de los agricultores que incumplan una serie de directivas en materia laboral, incorporadas a la legislación nacional de los Estados miembros. Es decir, las ayudas se verían condicionadas por la cobertura social y la seguridad de los trabajadores, entre otras cosas.
“Los agricultores y ganaderos europeos ya cumplimos la condicionalidad agronómica y medioambiental más exigente del mundo, la reforma que se está negociando contempla eco-esquemas que endurecen aún más los requisitos ambientales, pero Bruselas no tiene nunca suficiente y ahora pone encima de la mesa una nueva “condicionalidad social” que insiste en criminalizar al sector en materia laboral. ¿Para cuándo una “condicionalidad de precios” que no se olvide del objetivo fundacional de la PAC: una rentabilidad digna para los productores que garantice la soberanía alimentaria europea”, ha denunciado el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Por otra parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que se encuentra en unas reuniones en Bruselas, afirmaba a los medios que “el Parlamento Europeo está insistiendo mucho sobre ello. España está abierta a considerar lo que se ponga sobre la mesa con dos condiciones: que no suponga una carga suplementaria para los agricultores y ganaderos y que no se ponga en tela de juicio su reputación”. Señaló, además, que la condicionalidad social será uno de los temas que se debatan en el Consejo, en el marco de las negociaciones sobre la futura Política Agrícola Común.
Discrepancias políticas
Según Aguado, la condicionalidad social “supone un suma y sigue a la campaña de acoso y derribo de la clase política hacia el sector agrario”. La asociación nacional Asaja pidió en su día el cese de la Ministra de Trabajo por una campaña dirigida desde ese Ministerio para detectar “casos de esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas, lo que, y según la organización agraria, nada tiene que ver con la realidad del campo español.
Actualmente la Inspección de Trabajo está enviando miles de cartas informando de la normativa sobre la conversión de los contratos temporales a indefinidos y advirtiendo de que si no se acometen las regularizaciones en el plazo de un mes se procederá a imponer duras sanciones. AVA-Asaja pide al Ministerio de Trabajo que suspenda este plan de choque para regularizar contratos temporales en las empresas agrarias hasta que tenga en cuenta la marcada estacionalidad, singularidad y heterogeneidad de las dinámicas de contratación de mano de obra en el campo y, en concreto, a las peculiaridades de la agricultura valenciana.
Aguado concluye que “los políticos autonómicos, nacionales y europeos están en aspectos colaterales y no en lo esencial: garantizar unos precios justos, atraer los jóvenes al campo, recuperar las tierras que se han dejado de cultivar y adaptar la normativa laboral a la realidad agraria. Vergüenza les tendría que dar que, con cuatro millones de parados, existan problemas para encontrar mano de obra cuando hay que recolectar los cultivos. Necesitamos menos trabas y más apoyos a un sector esencial que, con el aumento de la población mundial, cada vez va a ser más importante para suministrar alimentos en cantidad y calidad”.
