La consejera de Extremadura, Begoña García, aborda en una entrevista los principales temas que afectan al sector agrario extremeño
Begoña García Bernal. / Junta de Extremadura
La apuesta por la modernización y la ampliación del regadío en Extremadura es una “política estratégica” que está impulsando el Gobierno de Extremadura, según señala la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García.
En una entrevista con Efeagro para repasar la actualidad del sector agroalimentario extremeño, la consejera hace hincapié en la importancia del regadío, que cuenta con la “apuesta clara” del Gobierno de Guillermo Fernández Vara porque potencia el empleo en el medio rural, la fijación de la población al territorio y ayuda en la lucha contra el cambio climático.
El proyecto de mayor envergadura se acometerá en la zona de Tierra de Barros, donde convertirán en regadío para vid y olivar 15.000 hectáreas, con un presupuesto de 195 millones de euros, del que ahora se ha sacado una licitación para la redacción del proyecto (1,7 millones de euros).
En Monterrubio de la Serena, la obra para obtener 1.200 hectáreas de olivar en regadío tendrá un coste inicial de 17,4 millones de euros y en la zona de montaña del norte de Cáceres se invertirán cinco millones de euros para regadíos de cereza, tabaco y pimiento.
La ganadería es otra importante sección y la sanidad de las cabañas, uno de los grandes objetivos, destacando el trabajo en la lucha contra la tuberculosis bovina, que ha pasado de una prevalencia del 13% en julio de 2015 (cuando llegó el nuevo Ejecutivo regional) a un 9,75% en 2017: una “lucha impresionante”, en palabras de la consejera.
Extremadura ya está oficialmente indemne de brucelosis ovina y sólo queda un rebaño caprino en Cáceres con presencia de esta patología. Por eso, defiende el presupuesto anual de 17 millones destinados a saneamiento de cabañas ganaderas en la comunidad autónoma, porque además esto facilita las exportaciones.
Otro “eje central” de la política agraria es la potenciación de los seguros porque, según Begoña García, la Consejería “ha vuelto a ponerlos en el mapa, en el centro de la vida de los agricultores y los ganaderos extremeños”. Actualmente, destinan unos 6,4 millones anuales para su cobertura y con descuentos de hasta el 30% en el momento de firmar la póliza de aseguramiento, según señala.
En la agenda de la consejera, se encuentra la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) y advierte de que la Junta no está de acuerdo “en absoluto” con “ningún recorte” que pueda aplicarse. A pesar de que la Comisión Europea ya ha planteado una reducción del 5%, García recuerda que aún es prematuro hablar de rebaja presupuestaria porque ni siquiera ha comenzado oficialmente el período de negociación. No obstante, sí deja claro que Extremadura se opondrá a una PAC regionalizada “para 27 Estados miembros y luego para 17 comunidades autónomas en base a planes estratégicos”.
Entre otros asuntos, García hace referencia a la multa de 10 millones de euros que la comunidad autónoma abonó por incumplimientos en las ayudas de la Unión Europea destinadas a los pastos. Aún queda por ver qué pasará con los 79 millones restantes y, según la consejera, habrá que estar pendientes de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo. Para García, son unas sanciones que nunca se tendrían que haber repercutido a las comunidades autónomas, ya que ellas lo que hacían era “trasponer las órdenes del Fondo Español de Garantía Agraria”.
Incluso considera que la culpa no se le puede echar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), porque posteriormente la Comisión Europea ha aprobado el reglamento Omnibus que reconoce la singularidad y la viabilidad de ayudar a los pastos mediterráneos.
Sobre agricultura ecológica, remarca que Extremadura es la cuarta productora y la decimotercera en transformación a nivel nacional, e insiste en “trabajar mucho” de la mano de los productores locales para seguir en esa línea que “tiene que ser reconocida por la PAC”.
El sector del cava, otro de los productos agrarios obtenidos en la zona, está ahora pendiente de la resolución que emitirá el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el decreto aprobado por el Gobierno central para limitar “sustancialmente” la puesta en cultivo de nuevas hectáreas. “Respetaremos lo que diga la justicia, pero nosotros tenemos que luchar por los intereses del sector”, subraya.
Begoña García es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y lleva más de dos años y medio al frente de esta “macroconsejería”; previamente ostentó cargos de responsabilidad en los ayuntamientos de Arroyo de la Luz, Cáceres y Malpartida de Cáceres, así como en la Mancomunidad de Municipios TajoSalor, y desarrolló proyectos de igualdad de género en Costa Rica, Bolivia o Dinamarca.
