En mayo entra en vigor la nueva norma que obliga a lso contratos del sector agroalimentario a cubrir como mínimo los costes de producción
Los contratos firmados tienen que precisar un cálculo de precio que cubra el coste de producción del eslabón anterior. / Archivo
Lucía R. Simón. Efeagro.
La cadena de producción y distribución alimentaria afronta desde este mes de mayo uno de sus principales exámenes, la adaptación de todos los contratos a la nueva norma que obliga a cubrir los costes de producción, una medida que genera dudas e incertidumbres por la complejidad de su aplicación.
Tal y como recoge la reforma de la Ley de la cadena alimentaria en vigor desde diciembre, los contratos firmados tienen que precisar un cálculo de precio que cubra el coste de producción del eslabón anterior.
La novedad de que sean los productores agrarios quienes tienen la obligación de estimar sus costes efectivos supone un hito en las relaciones comerciales.
Los eslabones de la cadena echan en falta un mayor desarrollo normativo y más herramientas para garantizar el cumplimento de este requisito que, no obstante, valoran como un cambio de paradigma en las relaciones contractuales de este sector.
La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) es la encargada del control de estos contratos.
Fuentes de este Agencia han señalado que desde la entrada en vigor de la ley está realizando, junto al Ministerio, una intensa labor de divulgación y coordinación con las autoridades de las Comunidades Autónomas.
“La ley establece nuevas reglas de juego en un sector en el que era necesario cambiar determinadas dinámicas, por lo que es normal que para conseguirlo se requiera un plazo de tiempo”, han explicado las mismas fuentes.
El registro de contratos, en enero de 2023
En este sentido, han confirmado que se está trabajando en el desarrollo normativo del registro de contratos alimentarios para que esté operativo en enero de 2023.
En el primer eslabón de la cadena, el sector primario, piden una prórroga en el periodo transitorio de adaptación a la ley porque la norma es “muy compleja” a pesar de ser un «instrumento muy bueno» para equilibrar las relaciones comerciales.
Hacen falta “herramientas” que “de verdad” sirvan para “calcular los costes de producción” que soportan el agricultor y el ganadero y poder plasmarlos luego en un contrato con el fin de cubrirlos, apuntan los servicios técnicos de Asaja.
Esas mismas fuentes consideran que Tragsa u otra empresa pública pueden ser las idóneas para diseñar esa herramienta informática que lo haga posible pues, sin ella, los productores se ven abocados a calcular sus costes y, luego, a negociar con la industria transformadora, un proceso “complicado”.
Además, en un escenario como el actual, saliendo de una pandemia e inmersos en una guerra en Ucrania, se aconseja firmar los contratos por “dos o tres meses” ante la volatilidad de los costes de producción.
Desde la organización agraria UPA inciden en que “sigue habiendo relaciones comerciales” que se cierran sin ceñirse a la ley vigente y tienen “la sensación” de que hace falta tiempo aún para seguir avanzando en la nueva modalidad de las relaciones contractuales impuesta por la normativa.
La industria ve difícil la aplicación práctica
La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) valora una ley que busca el equilibrio y la generación de valor en las relaciones comerciales y con aspectos destacados como la prohibición de la venta a pérdidas, el establecimiento de plazos máximos para las negociaciones comerciales y la regulación de las actividades promocionales.
Sin embargo, esta industria ve “con preocupación” la justificación del coste efectivo del productor, una medida que “plantea incertidumbre y es de difícil aplicación práctica” por lo que FIAB ha solicitado su modificación.
La distribución reclama un mayor desarrollo normativo
El secretario general técnico de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Felipe Medina, explica que las empresas de supermercados llevan trabajando desde diciembre para adaptar los contratos.
Por el camino se han encontrado “bastantes dificultades”, pues “una cosa es lo que dice el texto y otro lo que pasa cuando hay que bajarlo a la realidad”.
Por ello, Asedas ha reiterado a la AICA y al MAPA la necesidad de un desarrollo reglamentario para aclarar las dudas de interpretación para que las plantillas con las que se trabaja en la cadena alimentaria estuvieran “lo más acorde posible” a los objetivos de la norma cuya principal novedad es la obligación de tener en cuenta los costes de producción en el cálculo del precio.
Y ahí, subraya, radica el problema, pues no se le puede pedir la información de los costes de producción al proveedor porque es “información comercial sensible”, lo que genera “una indefensión clara” por parte del comprador que, “de alguna forma se tiene que creer al proveedor”.
El contexto del estreno de esta norma, con los costes de producción disparados, no facilita su aplicación, argumenta Medina; por ello, le están pidiendo a los proveedores agilidad a la hora de comunicar si la fórmula pactada en algún momento concreto no cubre sus costes de producción, pues “si ellos no avisan, no hay manera de saberlo”.
Y es que en el caso de que no se cubra el coste de producción “hay que buscar otra fórmula o buscar otro proveedor”, apunta.
