Carles Peris: “El relevo generacional es vital para el futuro ante una población agraria tan envejecida”

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Entrevista al secretario general de la Unió Llauradora y Ramadera, Carles Peris

Carles Peris afirma que las ayudas directas que se han habilitado penalizan el modelo valenciano de producción. / GG

Gonzalo Gayo. Valencia.

Carles Peris, secretario general de La Unió Llauradora señala que uno de los grandes retos de la citricultura, y de la agricultura en general, es asentar los cimientos para que se produzca el relevo generacional. Para ello insta a las administraciones junto a las organizaciones agrarias a conquistar un futuro que “pasa por precios dignos que permitan continuar en las explotaciones con el anhelado equilibrio en toda la cadena, con acuerdos con países terceros más ordenados que eviten solapamientos que distorsionen el mercado, y fundamentalmente que se equilibren los estándares de producción que nos hacen perder competitividad en el mercado de la UE” señala.

Valencia Fruits. ¿Qué valoración hace de la anterior campaña citrícola y la evolución de esta?

Carles Peris. La valoración de la anterior campaña es negativa con pérdidas para el sector porque tuvimos bajos rendimientos, un aforo por debajo de la media y precios en origen también bajos. En este último aspecto se ha detectado incluso un descenso del precio en la segunda parte de la campaña que tradicionalmente funcionaba mejor al estar más ordenada en volumen y variedades. Hasta en las variedades premium se vieron precios bajos no vistos hasta el momento. 

Sobre la evolución de la actual campaña seguimos con aforos por debajo de la media, pero con mejores cotizaciones, alrededor de un 15 o 20 % más dependiendo de variedades. Hay déficit de producción en el mercado al caer la cosecha del hemisferio norte en países clave que se solapan con nuestra citricultura como es el caso de Marruecos que cae su producción un 30% o Turquía donde también es menor. Por su parte, Egipto se mantiene y sin duda afectará a nuestro final de campaña, aunque como la demanda y el ritmo de recolección ha sido alto a estas fechas tenemos controladas las existencias.

En lo que se refiere a Sudáfrica, el retraso en la maduración posibilitó que no hubiera tanto solapamiento entre nuestras producciones y las de ellos. También el hecho que hayamos perdido una media del 20% de superficie de variedades extratempranas y tempranas hace que gestionemos menos volúmenes y, por ende, hemos perdido cuota de mercado.

“La combinación entre una producción corta y el aumento desmesurado de los costes de producción evitará recuperar los ingresos a nuestros citricultores en general”

VF. ¿Se podrán recuperar las pérdidas del año pasado? 

CP. Desde luego que no. Aunque es cierto que el precio en origen es más alto, la combinación entre una producción corta y el aumento desmesurado de los costes de producción evitará recuperar los ingresos a nuestros citricultores en general. 

Solo aquellas fincas con rendimientos normales serán capaces de tener ingresos remuneradores.

VF. ¿Cómo está afectando el incremento de costes? 

CP. Negativamente porque los insumos básicos están disparados. Pagamos los fertilizantes entre un 30 y un 40% más caros. El coste energético del riego se ha duplicado o triplicado según casos.

VF. ¿Seguirá la escalada de precios en el sector alimentario? 

CP. Esperemos que no, porque sería inasumible. Si no logramos una estabilidad lo pasaremos mal para seguir con rendimientos óptimos en las explotaciones y poder mantener nuestra viabilidad.

VF. ¿Qué peticiones hacen a las administraciones para hacer frente al incremento de costes que sufren los agricultores? 

CP. En primer lugar que haya ayudas directas y con más presupuesto, ya que las que se han habilitado son totalmente insuficientes y han penalizado claramente al modelo valenciano de producción. Por ejemplo, en la ayuda para compensar el alto precio de los fertilizantes se han quedado fuera alrededor del 65% de los productores que no alcanzan algún requisito como el de la superficie mínima. 

Otra de nuestras peticiones que venimos reiterando en el tiempo es que se ponga en marcha la doble tarifa para el riego porque no tiene sentido que, ante un aumento tan agresivo del coste de la energía eléctrica, tengamos que pagar cuando no usamos el riego. En este sentido, a través de nuestra organización en el ámbito estatal, Unión de Uniones, tenemos interpuesta una demanda contra el gobierno por el incumplimiento en este asunto tanto de la ley de presupuestos de 2021 como en la Ley de la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. 

VF. ¿Qué medidas proponen para incrementar el relevo generacional y el empoderamiento de la mujer rural?

CP. El relevo generacional es fundamental ante una población agraria tan envejecida como la actual. Pero para que un joven decida mantenerse en la actividad agraria debe obtener en primer lugar precios remuneradores en sus producciones. Conseguido esto hay que apoyar con incentivos su incorporación y evitar burocracia y retraso en los pagos de las ayudas. Hay que incorporar jóvenes, pero para mantenerlos, no para que abandonen pronto. 

Con objeto de paliar esta situación de desigualdad e invisibilización del trabajo de las mujeres rurales en el sector agrario y las consecuencias negativas que de ella se derivan, en 2012 entró en vigor la Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Transcurrido ya mucho tiempo desde su puesta en funcionamiento, es hora de introducir mejoras a juicio de La Unió para que haya más mujeres inscritas, pues solo hay 18 en toda la Comunitat Valenciana en esos once años transcurridos.

La Unió propone también que se establezcan incentivos fiscales ambiciosos (fiscalidad diferenciada) en los territorios de la Comunitat Valenciana en riesgo de despoblación, con objeto de inducir a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex novo su domicilio en los núcleos rurales más desfavorecidos. Estos incentivos deberían alcanzar al ámbito municipal (IAE e IBI), autonómico (ITP y AJ, IS y D y tramo autonómico del IRPF) y estatal (Impuesto de Sociedades y tramo estatal IRPF).  Los incentivos fiscales aplicados por los municipios en los impuestos que gestionan se deberían compensar, según La Unió, por parte de la Administración Autonómica y Estatal.

VF. Recientemente, la Generalitat ha aprobado un plan de apoyo a las mujeres rurales. ¿Qué valoración hacen desde la Unió Llauradora?

CP. Sí, efectivamente, se ha aprobado un plan. Y como todos estos planes que se aprueban, hay que esperar a ver cómo funciona. La incorporación de la mujer en todos los ámbitos del sector es un drama y hasta el momento ni la Ley de Titularidad Compartida ni el resto de los planes han surtido efecto. A ver si este es el definitivo o tendremos que ver pasar más ministros de Agricultura hasta que se adopten medidas serias y efectivas que incentiven la incorporación y visibilización de la mujer rural.

VF. ¿Cómo se pueden combatir las plagas que acechan al sector citrícola con las importaciones de países terceros?

CP. Haciendo un mayor control en origen y aplicando protocolos estrictos y severos para evitar la llegada de nuevas plagas o enfermedades. La citricultura valenciana ya soporta pérdidas económicas importantísimas de fruta no comercial por afección de plagas y un aumento del coste de producción para combatirlas en un contexto de supresión de fitosanitarios y una lucha biológica no suficientemente desarrollada para hacer frente a las plagas de forma óptima. También hay que tener en cuenta el aumento de coste público si no se evita la entrada de plagas por lo que se refiere a las inversiones, investigación, control y prospecciones.

VF. ¿Cómo ve el futuro del sector citrícola y qué cree que hay que hacer para garantizar su viabilidad futura?

CP. Pese a la incertidumbre, soy optimista si se aplican cambios para tener regularidad en los precios. No podemos olvidar que tenemos aspectos positivos, buen clima (a pesar de que se empieza a notar el cambio climático), buenas tierras, suficiente agua de momento excepto en algunas zonas del sur, disponemos de buenas prácticas agronómicas y un mercado bueno a 24 horas en transporte, es decir prácticamente al lado. 

El futuro pasa por precios dignos que permitan continuar en las explotaciones con el anhelado equilibrio en toda la cadena, con acuerdos con países terceros más ordenados que eviten solapamientos que distorsionen el mercado, y fundamentalmente que se equilibren los estándares de producción que nos hacen perder competitividad en el mercado de la UE. Hay que lograr compromisos de reducción de fitosanitarios y fertilizantes en las citriculturas mundiales que venden fruta en la UE, tal y como nos obligan a nosotros. También más facilidad en los protocolos de exportación que tienen nuestras empresas para poder diversificar mercados. Es necesario mejorar las estructuras productivas, una ordenación varietal. En definitiva, diría que tenemos por delante muchos retos para salvar nuestra citricultura y que caiga en manos de los fondos de inversión.

VF. ¿Cómo valora el arranque de la nueva PAC? ¿Piensa que la agricultura mediterránea está siendo tratada como merece por Bruselas?

CP. El Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 entró en vigor el pasado 1 de enero y, por tanto, todavía es pronto para una valoración de su aplicación y más con las exigencias que trae toda su reglamentación que va mucho más allá de las ayudas. 

En la Comunitat Valenciana, en su conjunto, no va a afectar en exceso para el sector citrícola, aunque se complica con la incorporación de los ecoregímenes, a los que este sector se puede acoger a tres de ellos: elementos de biodiversidad, cubiertas vegetales o cubiertas inertes. 

Se implanta, por parte de Bruselas y con el beneplácito del Ministerio de Agricultura, una condicionalidad reforzada mucho más exigente en lo medioambiental y que, de momento, no lo requiere para las producciones procedentes de países terceros. También se establece una condicionalidad social que provoca una doble penalización para las personas agricultoras en caso de posibles incumplimientos, dejando al sector en una clara discriminación respecto al resto de actividades económicas que por incumplimiento sólo son sancionados por una normativa y no por dos. 

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