Castilla-La Mancha y Aragón firman un acuerdo que aborda las cuestiones esenciales de la reforma de la PAC 2023
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo. / C. AGRICULTURA CASTILLA-LA MANCHA
Valencia Fruits. Redacción.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, han suscrito hoy en Toledo un acuerdo entre ambos gobiernos sobre las cuestiones esenciales en la reforma de la PAC 2023-2027.
La propuesta contempla diez apartados, entre los que destacan la desaparición de los derechos históricos de pago; el alcance de una convergencia total desde el año 2023; la reducción de número de regiones agronómicas a seis; un techo de ayuda por explotación y una ayuda redistributiva; el apoyo a la ganadería extensiva, a la agricultura familiar y a los profesionales; y que se garantice un eco-esquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.
Ambas comunidades apuestan por un modelo de agricultura y ganadería familiar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el territorio. Además, piden dar prioridad a las mujeres con un incremento real del 5% en pagos directos y que la PAC incluya la condicionalidad social. Así, solo los agricultores y ganaderos que cumplan la normativa en materia laboral podrán cobrar las ayudas. Esta última idea ya fue recogida por la Comisión Europea, planteamiento que fue abiertamente rechazado por las organizaciones agrarias, como AVA-Asaja.
El decálogo también propone la convergencia de ayudas a nivel nacional, para que los agricultores cobren lo mismo independientemente de donde se encuentren las explotaciones, algo que según ambos consejeros, no sucede en la actualidad.
En esta línea, Martínez Arroyo insta a “fomentar el trabajo igualitario”, donde “un agricultor, independientemente de dónde esté su explotación, cobre lo mismo por hectárea”. “Los dos gobiernos queremos un cambio real en el sector agrario, cambiando radicalmente el planteamiento y apoyando el modelo de agricultura familiar y profesionalizada”, añadía.
Por su parte, el consejero aragonés, Joaquín Olona, ha recordado que ambas comunidades comparten problemas como la despoblación y la brecha de renta que tienen los agricultores profesionales, “queremos favorecer a los agricultores profesionales del modelo familiar, a los que aspiran a poder vivir de su trabajo y su vocación; los jóvenes que se están incorporando y tenemos la obligación de apoyar; a las mujeres, para quienes no solo vale hablar de igualdad de género, sino que solicitamos un 5% más de ayuda para reducir la brecha que existe”.
En cuanto a la desigualdad de las rentas, Olona ha puesto énfasis en la necesidad de aplicar un presupuesto de una manera “mucho más justa y eficaz”, algo que, según ha insistido, no sucederá si no se eliminan los derechos históricos.
Pacto de Almagro
Esta firma se enmarca dentro del “Pacto de Almagro”, signado en marzo de 2018, en el que se fijaba el modelo de agricultura que ambas comunidades consideraban adecuado y donde se recogían las medidas y condiciones que debían integrar la PAC a partir de 2021.
El nuevo acuerdo, que llega en un momento clave, es un documento que aúna los intereses de ambas comunidades ante la futura PAC y que marca una guía de trabajo común que ambas regiones han marcado en estos tres años, y donde se recogen las cuestiones aún no consensuadas a nivel nacional y que ambas administraciones consideran irrenunciables y de gran importancia.
