La Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, en vigor desde este año, prevé 369.000 millones de dólares en subsidios “verdes”
Efeagro. / Kiruna
Bruselas quiere relajar de forma “selectiva y temporal” sus normas de ayudas de Estado de manera que favorezca los subsidios a las tecnologías limpias y evitar así que las inversiones se vayan a EEUU por las asistencias que proporcionará con su nueva ley de reducción de la inflación.
Bruselas insiste, no obstante, en que esto debe venir acompañado de herramientas de financiación “creíbles y ambiciosas” a nivel europeo, para que todos los países comunitarios, incluidos aquellos con menor músculo fiscal, puedan invertir en las tecnologías verdes, según ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
“Lo importante para nosotros es que en el sector de tecnologías limpias, con todo su poder innovador, tengamos igualdad de condiciones. Queremos competir en calidad, no en subsidios”
“Lo importante para nosotros es que en el sector de tecnologías limpias, con todo su poder innovador, tengamos igualdad de condiciones. Queremos competir en calidad, no en subsidios”, ha afirmado von der Leyen en rueda de prensa en el marco de la visita del colegio de comisarios al país, que asumió en enero la presidencia rotatoria de la UE.
“Queremos mantener y apoyar a la industria aquí, porque la necesitamos para la transición verde y nuestra prosperidad”
“Queremos mantener y apoyar a la industria aquí, porque la necesitamos para la transición verde y nuestra prosperidad”, ha insistido la exministra alemana, quien ha asegurado que la UE quiere dar una respuesta “fuerte, tranquilizadora y positiva” a las empresas que invierten en tecnologías limpias en Europa y hacerlo “rápido, porque las decisiones de inversión se están tomando ahora”.
La Ley de Reducción de la Inflación estadounidense, en vigor desde este año, prevé 369.000 millones de dólares en subsidios “verdes” que estarán vinculados a producir en territorio estadounidense, lo que, a juicio de la UE, supone una competencia desleal y discriminación para las empresas europeas, que podrían relocalizar sus inversiones.
Esto ha llevado a la Comisión a negociar con Estados Unidos para mitigar el impacto negativo de la ley -cuyos objetivos “verdes” comparte- y obtener para la UE un trato más favorable, similar al que reciben México y Canadá; pero, en paralelo, los Veintisiete estudian sus propias medidas para mantener su competitividad.
En este sentido, von der Leyen ha defendido dos vías: realizar “cambios selectivos y temporales” a las normas de ayudas de Estado para usar estas inversiones como “puente” y, de forma complementaria, buscar herramientas de financiación europeas que puedan movilizar inversiones a “corto y medio plazo”.
De cara a la consulta con los países para revisar las reglas de ayudas de Estado, la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha enviado una carta a los ministros de Economía del bloque pidiéndoles opinión sobre posibles medidas para acelerar la transición verde y cómo evitar que el apoyo público fragmente el mercado único, dijo a EFE una portavoz comunitaria.
En la segunda línea de trabajo, Bruselas está elaborando una evaluación de las necesidades de financiación del sector de tecnologías limpias, que tenga en cuenta la “mayor competencia”; mientras discute con los Estados miembros las distintas posibilidades para obtener los fondos, ha explicado Von der Leyen.
La presidenta de la Comisión propuso el año pasado crear a ese efecto un “fondo de soberanía” europeo, algo a lo que países como Alemania y Holanda se mostraron reacios por considerar que la UE cuenta ya con otras fuentes de financiación que pueden usarse para este fin.
“Tenemos que actuar, mejorar las posibilidades para que las empresas europeas tengan igualdad de condiciones, pero tenemos que hacerlo basándonos en hechos y cifras y un buen análisis de lo que ocurriría si se actúa de otro modo, de qué consecuencias pueden tener los cambios en la regulación, tanto buenas como arriesgadas”, ha indicado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.