Cirilio Arnandis, Vicepresidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España, trata en este artículo el polémico aumento del IVA a los zumos de frutas
La industria de transformación es vital para que nuestro país pueda seguir ostentando un puesto de privilegio en la co- mercialización en fresco en todos los mercados internacionales. / ARCHIVO
Cirilio Arnandis, Vicepresidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España.
Los Presupuestos Generales del Estado están siendo el eje sobre el que está pivotando la política española en las últimas fechas. En estos momentos, son la máxima prioridad del Gobierno, pues más allá de su oportunidad como ideario político, y como elemento supremo de gestión de los distintos ámbitos de la Administración central, es una de las exigencias de la Comisión Europea. Sin ellos, no se podrá acceder a los ansiados fondos que tienen que venir de Bruselas para acometer la recuperación económica, tan necesaria tras la actuación del coronavirus. No es mi intención hacer un análisis del contexto político en que se está desarrollando este tema, pero sí que creo necesario hacer una alusión a la pretensión, ya desmentida, de gravar con un nuevo impuesto los zumos de frutas. Pese a que es un tema aparentemente intrascendente en el convulso escenario de los presupuestos, afecta de lleno a nuestro sector.
Los impuestos son una de esas cuestiones que los ciudadanos debemos de afrontar de manera obligada. Se trata, según la Real Academia de la Lengua, de un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. Es decir, que ya sea por convencimiento moral, o simplemente por la asunción de una obligación, se trata de una exigencia y de una imposición, pues a partir de ellos, las distintas Administraciones sufragan los servicios públicos que disfrutamos los ciudadanos. Es por ello que su diseño debe tener en cuenta criterios de justicia social, progresivos y en base a una equidad, esperando y deseando que sean gastados de manera que generen la mayor eficiencia para la sociedad.
A principios de este mes de noviembre, el Gobierno de España comunicaba a Bruselas su intención de elevar el IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, hacía este anuncio escudándose en el hecho que ya existía una tasa en distintos países europeos para estos productos. En España solo se da el precedente de Cataluña, donde existe un gravamen de 8 o 12 céntimos de euro, en función de la cantidad de azúcar que contenga la bebida gravada. El objetivo no era otro, según el tuit del ministro, de luchar contra la obesidad infantil. Afortunadamente, el ministro se ha desdicho en estos últimos días ante la avalancha de protestas de los sectores y las Administraciones autonómicas involucradas, lo cual ha supuesto un alivio para nuestro sector. Al final de este episodio, la medida propuesta permanece, pero no afectará a las bebidas que no contengan aporte de azúcar añadido, caso de los zumos.
No hay que olvidar que el papel de los zumos es vital para un buen desempeño de una campaña de comercialización en fresco. En el caso concreto de los cítricos españoles, la capacidad de transformación de nuestras industrias supera el millón de toneladas. Con ello se deriva, fuera del circuito de comercialización en fresco, aquella fruta de menor aptitud comercial, y que de otra manera pudiera recaer en él. Además, se obtiene un ingreso económico por una materia prima que, de no tener esta salida, nos obligaría a pagar para su destrucción. La industria de transformación es vital para que nuestro país pueda seguir ostentando un puesto de privilegio en la comercialización en fresco en todos los mercados internacionales. Con un impuesto añadido, que incluso podría significar un valor equivalente al del valor de la materia prima, no se haría otra cosa que facilitar la llegada, por mayor nivel de competitividad en el precio, de las importaciones de zumo procedente de países terceros. No cabe duda de que el Brasil del señor Bolsonaro se estaría frotando las manos.
Parece que los Presupuestos Generales del Estado serán aprobados en breve, y que por tanto, ya no será necesaria la aportación de nuevos impuestos para equilibrarlo. Esperemos que así sea. Y es que esta medida, por más que se intente disfrazar como una fiscalidad saludable, no se aguanta argumentalmente, ni desde la vertiente de la salud ni desde la vertiente impositiva. Es por ello que queda a la luz el hecho de que se trata de una medida recaudatoria, sin más, ante la necesidad de tener que cuadrar unos presupuestos expansivos, es decir, con mayor gasto, y por tanto, con una necesidad de mayores ingresos para cuadrar unas cuentas que Bruselas seguro que mirará con lupa. La propuesta del ministro Garzón es muy poco imaginativa, pues subir impuestos, sin más, es lo más fácil y menos creativo. Y es que nuestro sector no está para más cargas ni para sustos de este tipo.
No cabe duda que desde los poderes públicos se deben de promover hábitos saludables en todos los aspectos de nuestra vida, y la alimentación es uno de estos. A partir de ello, se genera un contexto que contribuye a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, siendo una de las consecuencias más inmediata la de incurrir en un menor gasto en Sanidad, por cuanto se enferma menos. Disuadir el consumo de alimentos potencialmente nocivos o perjudiciales para la salud es un deber institucional, no cabe duda, pero para ello en primer lugar habrá que definir qué es nocivo o perjudicial, y en qué medida. Además de crear nuevos impuestos, lo lógico es planificar un conjunto de medidas, enmarcadas en un plan de actuación, que permitan alcanzar unos objetivos positivos y cuantificables. Y es que la medida propuesta por el señor Garzón no cuadra de ninguna manera en este discurso, dejando a las claras que tan solo proponía una medida con el único objetivo de recaudar a toda costa. Más parece que era su aportación a la causa de estos Presupuestos Generales de Estado.
El papel de los zumos es vital para un buen desarrollo de una campaña de comercialización en fresco. En el caso concreto de los cítricos españoles, la capacidad de transformación de nuestras industrias supera el millón de toneladas
No soy quien para hablar de nutrición, pero sí parece evidente que un exceso de azúcar en la dieta no es positivo para la salud, siendo uno de los precursores de la obesidad y de otras enfermedades. Ningún exceso suele ser bueno.
También es cierto que la fruta lleva azúcar, pero de asimilación lenta si se consume en fresco, motivo por lo que es saludable su consumo, siendo promovido por los poderes públicos y las autoridades sanitarias. Este mismo azúcar, está presente si la fruta se exprime y se obtiene un zumo, si bien de forma distinta, por lo que en dosis adecuadas, los zumos de frutas naturales también tienen sus efectos positivos. Desincentivar el consumo de estos zumos naturales, gravándolo con más impuestos, sin valorar qué es lo que se tiene que hacer con otro tipo de bebidas consumidas en otro tipo de circunstancias y ambientes, no es que no sirva para conseguir el objetivo esperado, sino que además genera efectos colaterales muy graves en la comercialización de la materia prima.
En el aspecto impositivo, bien se puede decir que se trata de un impuesto regresivo, pues se recauda de forma lineal a todas las capas sociales por igual. Es por ello que tiene un mayor impacto en las economías de las clases bajas, las más vulnerables. Históricamente, las medidas fiscales se han mostrado eficaces en la reducción del consumo, pero solo en un primer momento. No cabe duda de que tienen un impacto inicial, pero insuficiente si no van acompañadas de otro tipo de actuaciones capaces de mantenerlas en el tiempo. La formación, la información y la divulgación, son elementos indispensables, más allá de los impuestos. Dejarlo todo a un castigo impositivo es ineficiente en el tiempo, muy poco original y nada práctico, pues se genera además un agravio con un sinfín de productos que, o bien de forma natural, o en su procesamiento, también contienen azúcar. Parece una mejor política para luchar contra la obesidad, divulgar información que nos predisponga hacia hábitos saludables y hacia un consumo equilibrado de todo tipo de alimentos.
En el fondo, somos lo que comemos, química pura. Evitar contraer enfermedades que se pueden evitar con una adecuada alimentación es más que recomendable y ese debe ser el empeño de los poderes públicos, más allá de los impuestos. También es cierto que nuestro país, precursor de la dieta mediterránea, no aplica medidas fiscales como las pretendidas por el ministro Garzón. Quizás porque existan otras posibilidades. El primero en aplicarlas en nuestro entorno fue Noruega, en el año 1981, con un impuesto de 35 céntimos de euro a bebidas carbonatadas o elaboradas con concentrados. Este país redujo el consumo de azúcar en un 27% en los últimos diez años, pero eso sí, los noruegos cruzan asiduamente su frontera con Suecia para obtener productos azucarados más baratos.
Por más convencimiento y responsabilidad social que se tenga, es fácil entrar en contradicciones en el pensamiento, pues pagar nunca viene bien. Un buen ejemplo se refleja en el estudio elaborado por el Real Instituto Elcano, y que lleva por título “Los españoles ante el cambio climático”. Para el 56% de los encuestados este tema es la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo, existiendo una mayoría abrumadora que piensa que hay que gastar más dinero en este tema. Por contra, un 43% de los interpelados, casi la mitad, no está dispuesto a pagar más en el impuesto de circulación de vehículos, y entre los que están dispuestos a pagar más, su esfuerzo adicional se fija en un valor medio de 46 euros por año. Vamos, el equivalente a una jarra de cerveza al mes. A la vista de este resultado no me atrevo a preguntar por más impuestos en la cesta de la compra. Y es que, señor ministro, con las cosas de comer no se juega.
Cirilio Arnandis. Vicepresidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-alimentarias de España
