Cirilio Arnandis, presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentàries, reflexiona sobre la aplicación de la PAC
En la PAC, pese a que sus grandes titulares ya están escritos, todavía está en un proceso transitorio, en el que quedan cosas por decidir, y en el que aún hay que escribir la letra pequeña. / ARCHIVO
Cirilo Arnandis (*)
En las últimas fechas, Sudáfrica está en boca de todos los medios de comunicación, una vez sabido que una de las cepas más peligrosas del coronavirus tiene como origen este país. Junto con la británica y la brasileña, las nuevas formas de expresión del virus ponen en peligro los avances realizados hasta la fecha con las distintas vacunas que ya están disponibles. Es curioso, pues estos países nos resultan familiares más allá del coronavirus. Si hacemos memoria, los británicos protagonizaron el Brexit durante el año pasado. En el anterior, Sudáfrica era el causante de todos los males de la citricultura por su volumen de exportación a Europa. Y anteriormente fue Brasil, por la normativa favorable de la Unión Europea a la entrada de zumo de naranja procedente de aquel país.
El mundo frenético en el que vivimos da paso, cada vez más deprisa, a nuevos acontecimientos que nos hacen olvidar pronto problemas anteriores. Esta semana, a la vista de los últimos datos oficiales de importaciones de cítricos procedentes de países terceros en la Unión Europea, se puede constatar como Sudáfrica, en este último año, ha exportado más que nunca, y parece que no haya pasado nada. Si hacemos memoria, en la campaña 2018/2019, de nefasto recuerdo, Sudáfrica tenía la culpa de todo. En 2018, Europa recibió de aquel país africano 813.000 toneladas. La campaña pasada, en el contexto de menor producción de los últimos años, con problemas incluso de abastecimiento a los mercados, se abrió un espacio todavía mayor para la entrada de cítricos procedentes de Sudáfrica. En 2020, la cifra final alcanzará el millón de toneladas. Sin embargo, la Comisión sigue agravando, a través del Pacto Verde y de su laxitud inspectora en frontera, la competencia desleal que suponen estas exportaciones y el riesgo de entrada de plagas y enfermedades en Europa a través de cargamentos contaminados. Pese a la continuada tendencia alcista de las exportaciones del principal proveedor citrícola de la Unión Europea entre los países terceros y sus efectos, la atención se centra en otros asuntos.
La PAC es nuestra política en Europa. Es la que nos proporciona, más allá de un presupuesto, una normativa capaz de generar el mayor contexto de seguridad alimentaria del planeta. El conjunto de normas es amplio y complejo, por lo que en muchos casos se alude como símil a la figura de un poliedro de muchas caras. La tendencia a la simplificación de las cosas hace que en ocasiones centremos el tiro en solo una de las caras, olvidando que es necesario y conveniente que todas las superficies del poliedro estén perfectamente pulidas y dimensionadas en el contexto de la figura. Solo así la figura tendrá valor real.
En las últimas fechas estamos viendo como las tintas mediáticas y políticas se están cargando tan solo en una de las caras del poliedro, dejando de atender al resto. El detonante es el Real Decreto 41/2021, que trata de la gestión de la PAC en España durante el periodo transitorio, es decir, durante 2021 y 2022. De todo el texto legislativo, el proceso de convergencia de los derechos del pago básico es, al parecer, lo único importante. No cabe duda de que este proceso tiene un impacto distinto según sectores y zonas geográficas, y que es legítimo reivindicar, dentro de los cauces de respeto y civismo, lo que se estime oportuno por aquellos que se puedan sentir más perjudicados, incluso la dimisión de un ministro. Pero también es cierto que, en las recomendaciones de la Comisión Europea al Plan Estratégico de la PAC español, se indica que “España debe avanzar significativamente en el proceso de convergencia interna y en la distribución de las ayudas directas a la renta hacia grupos homogéneos de territorios”
Mientras se caldea la escena política por el proceso de convergencia de los derechos de pago básico, otras cuestiones, al menos de igual, si no de mayor relevancia para nuestro sector hortofrutícola, siguen su marcha, ya sea en Bruselas o en Madrid. En el primer escenario el Trílogo, y en el segundo el Plan Estratégico de la PAC, son ámbitos de decisión en los que nuestro sector se juega mucho, y que están pasando desapercibidos, al menos en el ámbito mediático. Y es que la PAC, pese a que sus grandes titulares ya están escritos, todavía está en un proceso transitorio, en el que quedan cosas por decidir, y en el que aún hay que escribir la letra pequeña. El “Plan Estratégico de la PAC de España”, sintetizando, debe identificar los problemas y virtudes de nuestra agricultura, y a partir de ellos, definir en qué y cómo se va a gastar en España el montante económico de la PAC asignado a nuestro país.
En junio del año pasado, los Jefes de Estado y de Gobierno de los socios comunitarios acordaron el marco político y económico de las políticas de la Unión Europea para el periodo 2021/2027. Aquí estaban las grandes líneas de la PAC, de la que ya dijimos que viene con mayores exigencias y con menos presupuesto. A partir de ahí, la Comisión Europea, con su propuesta de junio de 2018, y el Parlamento y el Consejo, con sus respectivos posicionamientos acordados en octubre de 2020, entran en debate en un foro conocido como Trílogo Este debate debe dar como resultado los textos de los reglamentos de aplicación de la PAC, previsiblemente en abril de 2021. Y en ello están, esperando que estos textos legislativos, que deben de tener vigencia hasta 2027, puedan estar publicados antes del 1 de enero de 2023.
Teniendo en cuenta la composición del Parlamento Europeo, y que la PAC se negocia de igual a igual por sus comisiones de Agricultura y de Medio Ambiente, cabe la posibilidad de llegar a textos jurídicos con exigencias que impidan acceder a las ayudas o lastrar la competitividad. Cabe recordar que, en el debate de la convergencia del Pago Básico, hay quien olvida que un 20 % se debe detraer de salida, y que se cobrará en la medida que se cumplan determinadas medidas, denominadas ecoesquemas. Además, hay que considerar el refuerzo de la condicionalidad en los fondos sufragados por FEADER. También hay aspectos relativos a los Programas y Fondos Operativos que están en discusión. Si bien el sistema no corre peligro, cuestiones en su aplicación en materia medioambiental, la interrelación con acciones y objetivos de otros sectores, así como la escasa concreción jurídica en algunos aspectos, pueden dificultar su puesta en práctica.
Para tener acceso a los fondos comunitarios que la PAC pone a disposición de los productores a partir de 2023, el gobierno de cada país debe de presentar un Plan Estratégico. Fruto del análisis de la situación de la agricultura de cada socio comunitario, Bruselas debe aprobar el conjunto de objetivos propuestos, así como las medidas que lo deben de posibilitar, tanto en cuenta existe una coherencia entre ellos. Además, las medidas propuestas deben de estar en consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo, así como las estrategias De la granja a la mesa y de Biodiversidad. En el caso español, nuestro ministerio ya tiene un documento muy avanzado, resultado de un proceso abierto, participativo y transparente, donde las organizaciones representativas del medio rural han podido opinar y participar activamente. La idea es que España presente su Plan en verano de 2021 y que, entre 6 y 8 meses después, el Plan pueda estar validado por Bruselas.
El Plan estratégico español consta de tres documentos: un documento sobre pagos directos como ayuda básica a la renta, en el que se establecen las bases de los perceptores, cantidades económicas a percibir y periodo de convergencia; un segundo documento con propuestas sobre intervenciones sectoriales, pagos acoplados y todo lo relativo al segundo pilar; y finalmente, un tercer documento relativo a la definición e implantación de los ecoesquemas. En relación con el Desarrollo Rural, España cuenta con 212 millones de fondos adicionales para 2021, y 505 más para 2022. Por lo que respecta a los ecoesquemas, medidas que van más allá de la condicionalidad, el ministro Planas se las tiene que ver con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien seguro que querrá opinar. A fin de cuentas, hasta ahora, en medidas agroambientales, España gastaba algo más de 250 millones de euros, mientras que los ecoesquemas suponen unos 900 millones de euros para el campo, que recordemos, son retraídos del anterior sistema de Pago Único.
Como se ha expuesto, la PAC tiene muchos frentes abiertos. Frentes amplios y complejos, y en los que una excesiva obcecación en orientarlos a la consecución de unos objetivos medioambientales, como único actor en el escenario comercial y empresarial, puede traer como consecuencia que no se puedan utilizar. Si bien la partida de los pagos directos es la más evidente, la PAC es muchas más cosas. Sobre todo, para nuestro sector, acostumbrado a obtener las rentas del mercado, que tiene el mismo derecho que cualquier otro a ser considerado a la hora de percibir estímulos, y en el que la norma, es casi más importante que todo lo demás.
(*) Presidente de la Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentàries
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