Cirilio Arnandis: “Nada es para siempre”

La reciente publicación del Real Decreto 41/2021 ha abierto la caja de los truenos de aquellos que entienden que su situación, aunque cambie el contexto, debe permanecer invariable

Cirilio Arnandis (*)

En el ejercicio de la profesión periodística, se dice que una noticia está bien contada si se ajusta a una de las reglas más extendidas en esa profesión, y que es conocida como las cinco “w”. Con ello, existe un método que sirve para evaluar la calidad en la redacción de lo acontecido. Aplicando esta norma, se tratará de ajustar la noticia a cinco preguntas, las cuales, todas comienzan por w en inglés. Así, la comunicación estará bien desarrollada si se ajusta a este canon, dando respuesta a quién (who), qué (what), dónde (where), cuándo (when) y por qué (why). En ocasiones también se habla de una sexta pregunta, cómo (how). 

Bien se puede decir que esta norma es extrapolable a nuestro sector agroalimentario, pues ha llegado el momento en el que la nueva PAC, diseñada por Bruselas, debe dar respuesta a todas esas preguntas en su aplicación práctica en nuestro país. Ha llegado el momento de decir quién va a cobrar, definiendo para ello el concepto de agricultor genuino o el régimen simplificado; qué va a cobrar, procediendo a la aplicación del sistema de convergencia, por el que las distancias entre los que más cobran, y los que menos, por hacer lo mismo, se reducen; dónde, es decir, qué superficies agrarias se incluirán en este sistema de pagos; cuándo, con una revisión del sistema de solicitud de la ayuda, que por cierto, nadie habla de él; y finalmente, por qué se recibe esta ayuda, cuestión esta que parece olvidarse en muchos casos, y de ahí el posicionamiento excluyente de algunos.

Tras varios meses de trabajo en el Ministerio de Agricultura, y tras multitud de reuniones con las organizaciones representativas del sector y las comunidades autónomas, está pronto a ver la luz su “Plan Estratégico”. Se trata de un documento político en el que se basará la transposición en España de esa nueva PAC que, si bien es cierto que deja un amplio margen de decisión a los Estados miembros, también es cierto que no permite sobrepasar determinadas líneas rojas. Después de una larga fase de diagnóstico de la situación de partida de la agricultura española, en la que el ministerio ha analizado y diseccionado con precisión milimétrica los distintos sectores, de consultas y debates para definir objetivos y, en consecuencia, proponer actuaciones, ha llegado la hora de la verdad.

Es en este escenario, en el que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acuñado un nuevo sello, y que tantas críticas le está suponiendo por parte de aquellos que pretenden que, aunque haya cambios, todo siga igual. El anuncio realizado por Planas de “mediterraneizar la PAC”, incluyendo en el sistema de pago básico a las frutas y hortalizas, está generando una respuesta en comunidades autónomas, ya sea de modo individual, o federadas para este fin, que entienden que pueden verse perjudicadas por el anuncio. La publicación del Real Decreto 41/2021, por el que se le daba un impulso al proceso de convergencia, también ha servido para configurar un argumentario que ha disparado la espoleta, y ha abierto la caja de los truenos de aquellos que entienden que su situación, aunque cambie el contexto, debe permanecer invariable. Y es que nada es para siempre. 

Pero vayamos por partes. Así, en primer lugar, habrá que respetar los requerimientos de Bruselas. Como ya hemos comentado, partiendo de una exigencia común, son muchos los grados de libertad que la norma aplicable en el desarrollo de la futura PAC deja a los Estados miembros. Pese a ello, hay líneas rojas que no se pueden sobrepasar. ¿Y cuáles son esas líneas rojas? En primer lugar, no sobrepasar el presupuesto total de ayuda disponible para España; en segundo lugar, dedicar una parte de los fondos al objetivo medioambiental a través de los ecoesquemas; finalmente, acabar de converger, es decir, que la distancia entre lo que cobra dos productores distintos, que cultivan lo mismo, por hacer lo mismo, tienda en el tiempo a ser lo mismo. De ahí el Real Decreto. Así pues, nos guste o no, esas son las primeras premisas que hay que cumplir.

Por otra parte, y para eso se ha hecho, habrá que ser consecuente con el resultado final del proceso de estudio abierto por el ministerio, y que como ya hemos indicado, ha tenido como resultado final el documento conocido como “Plan Estratégico”. En él, se han fijado como objetivos principales, como no podría ser de otra manera, mejorar la viabilidad de las explotaciones, y como consecuencia de ello, mejorar la sostenibilidad y competitividad de la agricultura. Todo esto será posible en la medida en que se pueda obtener una renta digna para los productores, atendiendo a las necesidades actuales y futuras de los diferentes cultivos y zonas de producción. Hasta aquí, creo que todos estamos de acuerdo en el contenido de este párrafo.

Los problemas, o cuanto menos las discrepancias, vienen cuando hay que bajar el balón al suelo. Entonces aparece la pregunta clásica: ¿qué hay de lo mío? Cuestiones como la definición de agricultor genuino, el paso de un sistema de derechos adquiridos a partir de datos históricos hacia un sistema de hectáreas elegibles, el valor económico de los derechos, así como la gestión de los ecoesquemas, forman parte de la cuestión nuclear del nuevo escenario y de las protestas. Es evidente que en todo proceso hay cambios, y que quien deviene en una posición peor, y se siente perjudicado en un cambio, tiene todo el derecho a protestar para que se revierta la situación a la posición inicial. Pero ese mismo derecho también le asiste a quien pudiéndose beneficiar de un determinado régimen de ayudas, es excluido sin más.

Pasando a lo concreto, y en la definición de agricultor genuino, si en el ámbito político se habla siempre de una España plural, es lógico que ese mismo argumento se aplique con carácter general, y no solo cuando convenga. Más allá de la unidad política que supone un país, la agricultura española está compuesta de distintas agriculturas. Distintas son las grandes extensiones de secano de la meseta, del minifundio existentes en otras zonas, o de la agricultura de invernadero de otras. Todas ellas han tenido su parte de éxito y sus dificultades, por lo que la definición de agricultor genuino y los criterios para pertenecer al régimen simplificado, no puede realizarse sobre criterios que elimine a una buena parte de perceptores. Por ejemplo, en el caso de la Comunitat Valenciana, la actual propuesta del ministerio sobre posibles perceptores del pago básico podría dejar fuera del sistema a casi la mitad de los perceptores potenciales. 

Como es sabido, vamos a pasar de un sistema de cobros a partir de una serie de derechos históricos adquiridos atendiendo a los cultivos que tenía una determinada explotación hace ya una pila de años, a un sistema distinto. La idea del ministerio es abrir este sistema a todos los cultivos, incluso aquellos que, en su día, y sin saber por qué, quedaron excluidos. Creo que soy bastante claro si digo que el sector de las frutas y hortalizas es tan merecedor como cualquier otro a percibir ayudas a la renta, y que dos explotaciones de frutas y hortalizas, de características similares, deben de recibir el mismo apoyo a la renta, estén donde estén, más allá que hayan sido depositarias de derechos históricos con anterioridad. Esa misma carga de apoyo es lo que se conoce como convergencia, y es lo que tantas protestas está generando. Se trata de que el que hace lo mismo, se le considere igual.

Por último, hay que hacer una mención a los que se conoce como ecoesquemas. Son pagos que se abonarán a quienes cumplan determinadas condiciones medioambientales adicionales, y que deben de definir cada país. Con un presupuesto de unos 900 millones anuales, en el caso de España, hacen que estas medidas tengan un interés cierto para el campo. Pues bien, decir que el Ministerio de Agricultura español ha diseñado nueve ecoesquemas, de los que una mínima parte son aplicables en el sector de las frutas y hortalizas, cuyo cumplimiento en nuestro sector supone un mayor coste que la ayuda recibida y que, de modo directo, pueden solaparse con las medidas medioambientales exigidas en los Programas Operativos. Vamos, que es fácil que el sector de las frutas y hortalizas se quede fuera de ellos.

España es el único socio de la Unión Europea que se plantará en el año 2023 sin haber acometido la transformación que se encomendó a todos los Estados miembros hace 10 años. No alcanzo a comprender ni un solo motivo, ni una sola razón por la cual la superficie española cultivada de frutas y hortalizas no pueda ser incorporada, íntegramente, al sistema de pagos directos. En Europa ya ocurre así, y el ministro Planas ha manifestado firmemente la idea de incorporar al sector de las frutas y hortalizas, acuñando el término de “mediterraneizar” la PAC. Esperemos que, por esta vez, un político de nuestro país, el ministro de Agricultura, cumpla lo prometido. Estoy convencido que así será, pues razones hay más que suficientes.

(*) Presidente Frutas y Hortalizas Cooperatives Agroalimentaries.