El Presidente Frutas y Hortalizas Cooperatives Agroalimentaries, Cirilo Arnandis, opina sobre el clamor del campo y la oleada de protestas de los últimos días
Las autoridades europeas no esperaban que el poder de la convocatoria de las protestas agrarias fuera de tal magnitud. / VF
Cirilo Arnandis (*)
Tenía que llegar y llegó. La secuencia de protestas del campo que se han ido sucediendo por buena parte de la geografía del viejo continente ha llegado a España. No hay provincia de nuestro país ni carretera relevante que no sirva de escenario para manifestar el hartazgo de los agricultores. Por esta razón, quizás sea este uno de los artículos más fáciles de escribir, y a la vez, de los más difíciles. Fácil, porque las causas estas más que claras: a los agricultores no les salen las cuentas. Y difícil, porque la sensibilidad de quienes se manifiestan está a flor de piel, y puede que cualquier frase, entendida como inoportuna, provoque el empeoramiento de una situación ya de por sí tensa.
«Una agricultura tan diversa como la europea sufre un problema común relacionado con las rentas de los productores, por lo que es necesario buscar parte de las causas y soluciones en quien genera las políticas que nos afectan a todos, Bruselas»
Si el origen de las protestas es que a los agricultores no les salen las cuentas, la siguiente pregunta es por qué no les salen. En relación con las causas, se puede abrir todo un abanico de opiniones, así como sobre quienes deben de responsabilizarse. Lo que sí es cierto es que una agricultura tan diversa como la europea sufre un problema común relacionado con las rentas de los productores, por lo que es necesario buscar parte de las causas y soluciones en quien genera las políticas que nos afectan a todos, Bruselas. Y en este caso no me refiero a la PAC que, como todo, puede ser discutible y mejorable, sino a la serie de normativas adyacentes que también afectan a la única política común de los europeos, la agrícola.
De entrada, todos los tiros se están dirigiendo hacia las exigencias medioambientales. La Unión Europea, así como sus socios, son firmantes de la Agenda 2030 que, sin ser obligatoriamente vinculante, insta a todos los Estados a adoptar medidas beneficiosas para el entorno, justo en un momento donde la sequía y otras catástrofes naturales se suceden de forma asidua. Por otra parte, está el Acuerdo de París, que sí es vinculante para los países firmantes, y por otra parte está el Pacto Verde Europeo, impuesto, sin ni siquiera escuchar a los agricultores, tan solo en el seno de la Unión Europea. El hecho es que estas medidas, aplicadas en nuestro planeta de modo asimétrico, o simplemente no aplicadas, generan un primer elemento de desequilibrio que afecta de modo directo a la competitividad. Y ello sin contar con la burocracia añadida que supone su aplicación, para lo que se debe de acudir a todo tipo de asesoramiento individual, lo cual supone otro gasto adicional.
Otra de las razones es la ausencia de reciprocidad en las condiciones exigidas a la hora de producir en las explotaciones comunitarias, que no se aplican a los países terceros, cuyas producciones acaban en muchas ocasiones en el mercado comunitario. El uso de productos fitosanitarios más allá de las fronteras comunitarias, que aquí están prohibidos, genera otro diferencial de costes. No exigir reciprocidad en este ámbito, tan solo se entiende en el contexto de la aplicación de una doble moral, pues lo que es malo aquí, es seguro que será malo allí. Por otra parte, ciertas decisiones, como la promovida recientemente por la Comisión Europea de subir el límite máximo tolerado de determinados residuos de pesticidas para el arroz proveniente de terminados países del sudeste asiático, no hacen más desconcertar, sin comprender el porqué de medidas tan opuestas.
Finalmente, habrá que poner en el debe de la política comercial de la Unión Europea las cautelas exigidas por ciertos países terceros a los que queremos exportar, pero que no les exigimos para el acceso al mercado comunitario. Los protocolos requeridos por estos países suponen un coste adicional, a veces incluso superiores al del propio producto, y todo ello, según dicen, para evitar la llegada de plagas cuarentena. Por el contrario, vemos como países como Turquía, Egipto, Sudáfrica, Brasil o Argentina, remiten y remiten cada vez más producto sin importar el nivel de detección de envíos contaminados: con plagas de cuarentena, poniendo en peligro la sanidad vegetal de nuestras explotaciones; o con niveles superiores a los permitidos de productos fitosanitarios, lo que afecta a la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Mucho tiene que mejorar Bruselas en estos ámbitos, y bien se haría tan solo aplicando convenientemente la norma hoy en vigor.
En este contexto beligerante merece la pena pararse un momento sobre lo acontecido en Francia. De una parte, probablemente atendiendo a eso de los usos y costumbres, la ira de los productores galos la han pagado los camiones españoles, sufriendo el vuelco de sus mercancías. Estas prácticas son censurables, máxime cuando la propia gendarmería francesa actúa solo como testigo privilegiado, y en nada sirven para solucionar el problema, además de atentar contra la esencia misma del espíritu de la Unión Europea. Por más disculpas de las autoridades del país vecino, y por más promesa de pagar los desperfectos, ese no es el camino ni en Francia, ni en ningún sitio. Las exigencias son las mismas en Francia, en España, y en el resto de Europa, así como son idénticos los problemas a resolver. Es por ello por lo que no se entienden las declaraciones públicas del primer ministro francés, Gabriel Attal, ni de la exministra Ségolène Royal, acusando a España de los problemas de la agricultura francesa, a partir de un ficticio e inexistente diferencial en la normativa.
«Desde la libertad de expresión y de manifestación, todas las posibilidades hay que entenderlas como posibles y válidas, y no hacen más que poner en evidencia el hartazgo y la desesperación de muchos agricultores. No obstante, es evidente que, para negociar en la idea de conseguir acuerdos y soluciones, la existencia de interlocutores reconocidos y reconocibles es probablemente una mejor solución que la aparición en escena de lobos solitarios de nuevo cuño»
El caso español está en su punto álgido en estos momentos, con un devenir de los acontecimientos tal, que incluso puede que nada más acabe de escribir este artículo, lo que aquí estoy diciendo esté ya obsoleto. Las protestas se iniciaron con la convocatoria de la denominada Plataforma 6F, movimiento aparentemente espontáneo, continuaron con las convocatorias de las organizaciones profesionales agrarias, y están virando a un movimiento de iniciativas individuales, punto a punto. Desde la libertad de expresión y de manifestación, todas las posibilidades hay que entenderlas como posibles y válidas, y no hacen más que poner en evidencia el hartazgo y la desesperación de muchos agricultores. No obstante, es evidente que, para negociar en la idea de conseguir acuerdos y soluciones, la existencia de interlocutores reconocidos y reconocibles es probablemente una mejor solución que la aparición en escena de lobos solitarios de nuevo cuño.
«La Comisión Europea ha sido sabedora en todo este tiempo de las dificultades de aplicación de sus políticas. Los representantes de los agricultores y de las cooperativas a nivel europeo se lo han trasladado una y otra vez. Lo que nunca creyó Bruselas es que se diera esta respuesta de protestas masivas, pues el campo, una y otra vez, asumía de modo abnegado la tiranía de la tecnocracia comunitaria»
La Comisión Europea ha sido sabedora en todo este tiempo de las dificultades de aplicación de sus políticas. Los representantes de los agricultores y de las cooperativas a nivel europeo se lo han trasladado una y otra vez. Lo que nunca creyó Bruselas es que se diera esta respuesta de protestas masivas, pues el campo, una y otra vez, asumía de modo abnegado la tiranía de la tecnocracia comunitaria. Es por ello por lo que, aunque sea a cuentagotas, se están adoptando algunas decisiones que se están considerando como logros, caso del Reglamento de Uso sostenible de productos fitosanitarios, que pese a lo que viene diciendo, supone más cosas que la reducción en un 50% del uso de insecticidas, así como la paralización del acuerdo con Mercosur. Aunque me temo que todo esto sólo sea, de momento.
Como quiera que Frans Timmermans, gran valedor del Pacto Verde Europeo, está fuera de la Comisión, y que Janusz Wojciechowski, actual comisario de Agricultura, está desparecido en combate, ha tenido que ser la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen —que parece que quiere repetir en el cargo—, quien ha tenido que dar la cara e intentar apagar el fuego, proponiendo una mayor participación de los agricultores. Entre tanto, los Gobiernos de los socios comunitarios también han tenido que entrar en escena. Así, en el caso español, temas como la Ley de la Cadena, el sistema de seguros agrarios, la sequía, o la simplificación de la PAC, son de actualidad, Tan solo recordar que, en relación con la burocracia, la aplicación del Plan Estratégico de la PAC en España (PEPAC) supuso la publicación en el BOE, en un mismo día, de una normativa de 1.000 folios.
El campo tiene razones de sobra para protestar, consiguiendo incluso la simpatía de la ciudadanía, que en última instancia debe soportar las consecuencias de las manifestaciones. El campo no está en contra de respetar el entorno, pues vive en él y de él, ni en contra de competir, pero quiere hacerlo en igualdad de condiciones. El campo se adecuará a toda una serie de retos y exigencias de futuro en el plano tecnológico. Lo hará, pero necesita sus tiempos, como los necesitan todos. Pero entre tanto, deben de salir las cuentas, y en ello Bruselas, hacedor de la única política común europea, la PAC, debe ser consciente y actuar en consecuencia. En última instancia, todos estos movimientos de protesta no deben traducirse en euroescepticismo, pero para que esto sea así es necesario que nuestros dirigentes comunitarios asuman responsabilidades liderando y potenciando el proyecto europeo. Es el momento del campo, a las puertas de las elecciones europeas.
(*) Presidente Frutas y Hortalizas Cooperatives Agroalimentaries.
