Cirilo Arnandis reflexiona sobre los temas que este año volverán a la palestra en el sector de los cítricos
El sector seguirá cumpliendo con la misión de suministrar alimentos sanos y saludables, y a un precio asequible. / ARCHIVO
Cirilo Arnandis (*)
No hace mucho tiempo estábamos hablando de 2022 como “el año que viene”. Pues bueno, 2022 ya está aquí y no es que haya cambiado demasiado respecto a 2021. Lo que allí dejamos continúa tras un lapso caracterizado por las fiestas navideñas y, en este caso, por una sexta ola de contagios de la variante Ómicron del coronavirus. Ese virus del que dicen los expertos que, en no muy pocas fechas, la mitad de los europeos estarán infectados, esperemos que de modo asintomático en el mayor número posible de casos. Pese a este escenario, el sector agroalimentario deberá de seguir cumpliendo con esa misión tan noble, y a la vez tan esencial y primordial, como es la de producir y suministrar a la sociedad alimentos sanos y saludables, y a un precio asequible.
Viejos temas, ya por todos conocidos, volverán a la palestra. La reciprocidad, entendida como el contexto legislativo que obligue por igual a las producciones europeas y a aquellas procedentes de países terceros, volverá a ser un tema recurrente. Del mismo modo, la reciprocidad, en este caso, entendida como conseguir que Bruselas legisle condiciones de acceso a nuestros mercados lo más perecidas posibles, si no iguales, a las que se nos exigen a nosotros a la hora de enviar nuestros productos fuera de la Unión Europea. En este sentido, la presidencia francesa del Consejo de la UE durante los primeros seis meses de este año ha fijado las “cláusulas espejo” como una de sus prioridades de actuación.
“La reciprocidad, entendida como el contexto legislativo que obligue por igual a las producciones europeas y a aquellas procedentes de países terceros, volverá a ser un tema recurrente en 2022”
En el plano normativo, y ya aquí en casa, deberá pasar la prueba del algodón la modificación de la Ley de la Cadena publicada a finales del mes de diciembre. Todo se ha escrito sobre ella durante su proceso de tramitación, y es ahora, en un escenario todavía reivindicativo por parte de las organizaciones profesionales agrarias —que siguen con sus manifestaciones en la calle—, y en un contexto de incrementos de costes de los inputs y de los servicios, donde de verdad se verá lo afinados que han estado nuestros políticos. En breve, tendremos que añadir los efectos de la reforma laboral que, planteada sin observar las especificidades propias de nuestro sector, sin duda servirá para incrementar un poco más los costes de producción. Además, esperemos encontrar una solución útil y asumible a los efectos de las plagas de cuarentena que nos afectan. Nuevos tratamientos y estrategias que se convierten en más gasto, para en ocasiones, no poder recolectar nada.
“En el plano normativo, y ya aquí en casa, deberá pasar la prueba del algodón la modificación de la Ley de la Cadena publicada a finales del mes de diciembre”
La aplicación de la PAC en nuestro país viene recogida en el documento de su “Plan Estratégico”, conocida como PEPAC por sus siglas, que recientemente, el Ministerio de Agricultura ha presentado en Bruselas para su aprobación por parte de la Comisión Europea. Ahí está lo que se podrá hacer desde las Administraciones nacional y autonómicas, y lo que podrán y no podrán hacer los productores en el periodo comprendido entre 2023 y 2027. Más allá de ayudas y subvenciones que, por cierto, digan lo que digan desde Bruselas, han disminuido, las exigencias y obligaciones son crecientes respecto del anterior periodo de programación. Ya lo hemos repetido hasta la saciedad: a los agricultores se nos va a exigir más, por menos beneficios.
Entramos en una nueva era donde el sector agroalimentario debe de ser más verde, más innovador y digitalizado, pero con menos recursos y herramientas. Respecto de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que la Unión Europea ha dispuesto como respuesta a la crisis provocada por el coronavirus, y de los cuales España es uno de los países de la Unión más beneficiados, me viene a la cabeza la película “Bienvenido Míster Marshall”, del genial Luis García Berlanga. Algunos, los veremos pasar, en el mejor de los casos hacia otros ministerios, debiendo de dirigirnos a ellos para ver la posibilidad de su aprovechamiento en esta oportunidad, que según nos dicen, es única.
“Entramos en una nueva era donde el sector agroalimentario debe de ser más verde, más innovador y digitalizado, pero con menos recursos y herramientas”
El último escollo, de momento, es el borrador de la nueva Ley que pretende minorar el desperdicio alimentario, y que lleva el pomposo nombre de “Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario”. No cabe duda de que hay ámbitos donde esta labor es necesaria, ya que implicaría un menor uso de factores de producción, así como una menor generación de desperdicios, residuos y emisiones, aunque estos pudieran ser más o menos biodegradables. Pero también es cierto que el planteamiento de esta norma es más de carácter sancionador que incentivador, en lo que más parece un texto de carácter ideológico que generador de oportunidades para quienes se esfuerzan en apostar cada vez más por una Economía circular. Nuevamente más exigencias.
Prueba de lo que digo es la consideración como residuo, de prosperar el actual texto de esta futura Ley, de la cosecha que no se recolecte en el campo y de la fruta no apta para la comercialización que quede en los almacenes. La propuesta de Ley pone en el mismo plano conceptos como pérdida y desperdicio, cuando son ámbitos completamente distintos. Producir en el campo no es producir tornillos, siendo inevitable que una parte de la producción del campo, en muchos casos de carácter perecedero, deba dirigirse, por apariencia, por calibre, o por cuestiones de mercado hacia otras opciones, que también generan beneficios económicos, y que activan otros sectores de la economía. Vamos, lo que se conoce como economía circular, ya que un residuo en un determinado contexto es una oportunidad en otro ámbito.
La mentada futura Ley contra el desperdicio alimentario genera, y exige, una serie de prioridades a la hora de dirigir el producto alimentario, siendo el primer destino, y previo a cualquier otro, el consumo humano. Así, aquella fruta que no es susceptible de ser asumida por el mercado debe tener como primer destino la donación a aquellos más desfavorecidos. Queda en el espíritu de esta norma, y así lo impone, el concepto de solidaridad y caridad social antes que cualquier otro posible destino de la fruta no apta para el mercado. Eso sí, por cuenta del productor, no considerándose la posibilidad de usos alternativos. Incluso dentro del concepto de la economía circular, en un potencial uso como materia prima de otros procesos productivos de bienes económicos más allá del sector agroalimentario.
Recientemente he tenido ocasión de asistir a la presentación de un nuevo producto elaborado a partir de excedentes y restos de cosecha de caqui. El resultado es un producto textil que, además, ha sido creado por una firma local, en este caso valenciana. Nos encontramos ante una solución innovadora, con aporte de nuevas tecnologías, que puede ser alternativa, ahora que está tan de moda el tema ganadero, al cuero de origen animal. Además, el productor se encuentra con una nueva oportunidad para la fruta de peor condición más allá de la industria agroalimentaria. Y mejor todavía, también vale para este proceso fruta atacada por plagas, como desgraciadamente estamos sufriendo en el caso de los cotonets en el caqui. El único problema de esta iniciativa es que no cumple con la prioridad de consumo humano expuesta en el espíritu de esta futura norma.
“En breve, tendremos que añadir los efectos de la reforma laboral que, planteada sin observar las especificidades propias de nuestro sector, sin duda servirá para incrementar un poco más los costes de producción”
Estamos ante un claro ejemplo de economía circular, donde se recicla, ya que la materia prima es un producto no apto para el exigente mercado inicial para el que está concebido. Evitamos generar desperdicios, pues se consigue un uso alternativo. El producto es un claro ejemplo de innovación, requiere de la deseada inversión en digitalización y, además, puede generar un importante número de puestos de trabajo en otros sectores, creando una industria dedicada a la generación del producto y su transformación en bienes de consumo. Estamos ante un claro ejemplo de una iniciativa que cumple con todas las premisas que se nos solicita desde Bruselas, una iniciativa verde capaz de generar prosperidad económica y bienestar social para el conjunto de la sociedad pero que, aún así, puede dejar de cumplir alguna expectativa legislativa.
Quienes tienen la capacidad de legislar, y que se supone que son el reflejo de la sociedad, además de producir alimentos, nos exigen que lo hagamos de un modo sostenible y respetuosos con el entorno, lo cual es entendible. Para ser competitivos, hay que innovar y digitalizarnos, lo cual, también es entendible. Sufrimos mayores exigencias en los ámbitos comerciales y productivos que nuestros competidores de países terceros, y aún así, sobrevivimos. No cabe duda de que el sector primario, y el sector agroalimentario han interiorizado su participación en el concepto de economía circular. Algo que se puede acabar haciendo imposible pese a la voluntad manifiesta, con exigencias ideológicas hacia un sector que ya tiene que aguantar bastante.
(*) Presidente de la
sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agroalimentaries.
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