Cirilo Arnandis: "Rectificar es de sabios"

El presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperatives Agro-Alimentàries, Cirilo Arnadis, habla sobre la gestión de las ayudas a los afectados por la DANA

Los productores afectados por la DANA del 29 de octubre podrán acometer la recuperación de sus tierras agrícolas sin renunciar a las ayudas previstas. / ARCHIVO

Cirilo Arnandis (*)

La noticia más relevante, no ya de las últimas fechas, sino de las últimas décadas, no cabe duda que es la guerra comercial en la que se ha enfrascado el planeta. El anuncio inicial de imposición de aranceles a la práctica totalidad de países por parte de Donald Trump, que gravaría gran parte de las importaciones de productos que acceden al mercado norteamericano, ha puesto el comercio internacional patas arriba. La principal consecuencia que se está derivando de esta decisión es la generación de un clima de volatilidad que está afectando a buena parte de la actividad económica global, ya que día a día estamos teniendo rectificaciones, nuevas noticias y nuevos escenarios. Así pues, cuando llegue este artículo a manos del lector, a saber qué será lo que sucede en relación con este tema.

Más allá de esta cuestión también acontecen otras noticias, de menor rango y relevancia si las comparamos con el lío de los aranceles, pero que conviene poner en valor. Este es el caso de la futura Orden promovida por el Ministerio de Agricultura que, bajo un largo y complicado título, va a permitir que aquellas obras necesarias para la recuperación de tierras agrícolas afectadas por la DANA del día 29 de octubre del año pasado, puedan ser realizadas por los propios afectados, sin por ello tener que renunciar a las ayudas previstas para este caso. La verdad es que, más allá de las casuísticas particulares e individuales que puedan darse, era una demanda desde hace tiempo por parte de los agricultores que vieron sus explotaciones afectadas por un nivel de lluvia extraordinario en un plazo muy corto de tiempo.

Si hacemos un poco de historia, y más allá de las secuelas que en el plano humano y político están todavía vigentes como consecuencia de lo acontecido, lo cierto es que el Ministerio de Agricultura y la Conselleria del mismo ramo de la Generalitat Valenciana, movilizaron una serie de fondos al objeto de resarcir el daño e intentar volver, en la medida de las posibilidades, a lo más parecido a la normalidad de la actividad sectorial. En este caso, centrando el tiro en el Real Decreto-ley 7/2025, dos eran las iniciativas más relevantes y de mayor efecto. De una parte, una “Ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas” y, de otra, las “Medidas de recuperación del potencial productivo a través de la restauración de explotaciones agrarias afectadas”. Lo cierto es que la gestión de la primera línea por parte del FEGA, con la colaboración de Agroseguro en las peritaciones, está siendo ágil, habiendo ya cuatro listas de beneficiados que ya tiene ingresado en su cuenta bancaria el montante de esta ayuda.

Por el contrario, la gestión de la recuperación de tierras, o como dice la norma, de su potencial productivo, que se le encomienda a la empresa de capital público TRAGSA, lleva un paso más lento. Y es que dado el volumen de trabajo a emprender, desde el sector pronto se alertó que ni 20 empresas juntas como TRAGSA serían capaces de asumir el volumen de trabajo pendiente en un plazo de tiempo razonable. Es probable que desde el Gobierno central se optara por la opción de TRAGSA, con la orden de dejar parcelas, caminos, conducciones infraestructuras, como estaban antes de la DANA, al objeto de evitar que los afectados incurrieran en costes económicos. Pero, por otra parte, las cosechas llevan sus tiempos, así como el hecho de tener que recuperar, no ya el terreno, sino también las plantaciones. Y ya sabemos que, por ejemplo, los viveros no tienen plantas para todos a la vez, por lo que se tiene que solicitar con anterioridad, y más en un escenario de la magnitud de lo acontecido tras la DANA.

Rectificar es de sabios, y desde el Ministerio de Agricultura se ha rectificado, y así consta en la nota de prensa emitida para publicitar esta nueva forma de ayudar a los damnificados, aludiendo al ingente volumen de lluvias del día 29 de octubre. Así, de igual manera que se están gestionando las ayudas a la renta, en principio el afectado no debe de hacer nada para ser beneficiario de esta nueva posibilidad de recuperación de sus tierras. Según el borrador de la Orden sometido en estos momentos a consulta pública, una vez esta esté publicada, el Ministerio de Agricultura elaborará una zonificación de daños, de tal manera que las parcelas afectadas dentro de cada una de esas zonas, percibirán una subvención que irá desde los 5.200 euros a los 9.900 euros por hectárea. El acto siguiente será la publicación de los titulares de explotación beneficiados, que deberán de estar inscritos en el REA (Registro de Explotaciones Agrarias) previamente la publicación de la Orden, junto a las cantidades económicas que le corresponde a cada uno.

Será el propio beneficiario quien, con el silencio, asumirá la aceptación de la ayuda, pudiendo renunciar a ella y esperar por turno a que TRAGSA realice las obras de recuperación de las parcelas afectadas. Así pues, hay que elegir entre cobrar ahora y realizas las labores de recuperación de las parcelas por tu cuenta, o esperar a TRAGSA, pues ambas posibilidades son incompatibles entre sí. De igual manera, quien haya finalizado las labores de recuperación a través de la empresa de capital público, quedará excluido de esta nueva posibilidad, como es lógico. De igual manera, en aquellos casos en los que se hayan iniciado trabajos de recuperación de tierras por TRAGSA, deberán de finalizarse por ese mismo cauce.

La Orden se extiende a otro tipo de beneficiarios, como es el caso de los viveros y el de los ganaderos. También, de modo singular, serán beneficiarias las parcelas gravemente afectadas por su proximidad a un cauce público, y que hayan perdido la condición de parcela agraria, por lo que son susceptibles de convertirse en dominio público hidráulico, conforme a los estudios realizados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico. En este caso la ayuda será de 11.800 euros por hectárea. Quedan excluidas de esta posibilidad, de modo tácito, las parcelas ubicadas en el entorno de La Albufera de Valencia. El motivo no es otro que, en este entorno, TRAGSA ya ha comenzado sus labores con maquinaria adecuada para este paraje natural de características muy específicas, ya que se trata de un humedal. Además, aquellas parcelas que por acumulación de material de arrastre no puedan cultivarse este año recibirán una ayuda adicional.

Hay que acoger de buen grado esta iniciativa que moviliza un total de 165 millones de euros, 117 de ellos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, además, de 48 millones de euros procedentes del fondo de reserva de crisis de la Unión Europea. De igual manera, también es cierto que esta posibilidad ahora regulada, ha sido demandada por el sector desde hace varios meses, nada más publicarse el Real Decreto-ley 7/2025. Ya en aquel momento, advertimos que el volumen de trabajo a emprender superaba la capacidad de actuación de TRAGSA. No se si no se entendió bien en aquel momento la reclamación, o simplemente no existía la posibilidad de regularla por el motivo que fuera, pero lo cierto es que, pese a la colaboración del sector, los acontecimientos nos han dado la razón. Ojalá se hubiera abierto esta vía de actuación con anterioridad, y así, con la ayuda de los fondos previstos por la Generalitat Valenciana para replantar, la vuelta a la normalidad en nuestras explotaciones sea una realidad en el menor plazo posible.