La Generalitat adquiere dos parcelas en la zona no cultivable del parque natural para culminar la concentración parcelaria, conflicto que perdura desde hace más de cincuenta años
El perímetro de esta concentración parcelaria comprende en estos momentos una superficie de 839 hectáreas repartidas en un total de 2.978 parcelas. / GVA AGROAMBIENT
Valencia Fruits. Redacción.
Tras el largo y conflictivo proceso de concentración parcelaria que ha sufrido el parque natural de la Marjal Pego-Oliva, y que se prolonga desde hace más de cincuenta años, la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha cerrado la compra de dos fincas situadas en la zona no cultivable para acabar con este conflicto.
Las dos fincas adquiridas por la Generalitat se encuentran en el área de la Marjal donde no está permitido el cultivo de arroz, ya que el propósito del Consell es el de ir comprando paulatinamente la mayor cantidad posible de terreno en esa zona del parque natural que no es cultivable a fin de ocuparse de manera más eficaz de la gestión medioambiental de los recursos naturales, mientras que los arroceros continuarán con su actividad en el resto de la marjal.
Llanes ha destacado “la importancia decisiva que tienen estas actuaciones para agilizar la culminación del proceso de concentración parcelaria iniciado hace ya más de cincuenta años y cuyo objetivo último es el de reordenar y racionalizar la gestión de parque”
El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes ha visitado Pego para explicar en qué situación se encuentra el proceso. Llanes ha destacado “la importancia decisiva que tienen estas actuaciones para agilizar la culminación del proceso de concentración parcelaria iniciado hace ya más de cincuenta años y cuyo objetivo último es el de reordenar y racionalizar la gestión de parque, facilitando así la deseable convivencia entre las necesidades naturales y aquellas otras que son propias del cultivo del arroz”.
Llanes ha visitado el parque natural de la Marjal, junto al alcalde de Pego, Enrique Moll, el director general de Agricultura, Antonio Quintana, así como otros ediles del consistorio pegolino. El secretario autonómico ha anunciado que ya se han iniciado los contactos con otros propietarios para realizar nuevas compras en la zona no cultivable y hemos asignado este año un presupuesto inicial de 150.000 euros para sufragar las adquisiciones”.
Por su parte, responsables del municipio han remarcado la “importancia de este proceso. Se trata de una reivindicación histórica de los propietarios y propietarias que durante muchísimos años han sufrido las consecuencias de tener unas tierras en donde no se puede cultivar y sacar ningún tipo de rendimiento. Este era, es un proceso necesario y justo”.
Una larga historia
La concentración parcelaria en la zona de Pego-Oliva se inició en 1970 cuando el ministerio de Agricultura declaró de utilidad pública un perímetro comprendido en el entonces coto arrocero que incluía los términos de las poblaciones y que dio pie al inicio de diversos procedimientos que inicialmente tenían por objeto transformar la marjal en una zona de cultivo hortícola mediante la concentración parcelaria.
Sin embargo, diversos acontecimientos y, sobre todo, el creciente interés por la conservación de los humedales llevó a la Generalitat Valenciana elaborar en 1994 la Ley de Espacios Protegidos que declaró la suspensión de la concentración parcelaria en Pego-Oliva hasta que no se diseñase un plan de ordenación de los recursos naturales.
Ese plan se materializó en 2004 mediante un decreto del Consell que permitía el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales.
Ese plan se materializó en 2004 mediante un decreto del Consell que permitía el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales, principalmente las vinculadas al cultivo del arroz debido a su interés ecológico, socioeconómico y donde no están permitidas las prácticas agrícolas.
El resultado fue el establecimiento de dos áreas, entre otras, claramente diferenciadas en el parque natural; una, la zona de especial protección y otra, la zona arrocera. En ambas la propiedad sigue vigente como hace décadas, pero sin embargo la realidad física y la del propio cultivo presentan discordancias que han generado no pocos problemas.
Tras un periodo de parálisis en el proceso, y tal como ha explicado el secretario autonómico, Roger Llanes “fue con el govern del Botànic, encabezado por Ximo Puig, cuando se adoptaron las medidas necesarias para volver a reactivarlo y fruto de ese trabajo ahora empezamos a encarar la solución definitiva”
Efectivamente, el Decreto 6/2018 del Consell declaró la utilidad pública de la concentración parcelaria que, tras las ya aludidas tareas de investigación de esas propiedades, y materializaron en el documento de bases reguladoras.
El perímetro de esta concentración parcelaria comprende en estos momentos una superficie de 839 hectáreas repartidas en un total de 2.978 parcelas, mientras que el número de propietarios asciende a 931.
