La incertidumbre y alerta rodea al acuerdo de Doñana de hace tres meses tras una nueva controversia sobre la legalización de suelos forestales como cultivables
Un viñedo del Condado de Huelva, que linda con el Parque Natural de Doñana. / JUNTA DE ANDALUCÍA
Valencia Fruits. Redacción.
El histórico acuerdo para proteger el Parque Nacional de Doñana alcanzado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía hace menos de tres meses está en riesgo desde este lunes tras una nueva polémica por la supuesta declaración de suelos forestales como cultivables en el reciente decreto autonómico de simplificación administrativa.
“No sé qué tengo delante, no sé qué efecto tiene esa legalización retroactiva”, ha manifestado Teresa Ribera.
El artículo en cuestión modifica la ley forestal de Andalucía para que no tengan que estar sujetas a ella las superficies cuyo propietario, tras tener especies forestales de turno corto en régimen intensivo, decida la reversión del uso agrícola, siempre que ese uso hubiera estado autorizado con anterioridad.
La polémica ha surgido tras la denuncia del PSOE-A de que el Gobierno andaluz ha recuperado, a través del decreto-ley de simplificación administrativa, la iniciativa de declarar como cultivables suelos forestales en la Corona Norte de Doñana, una medida que contemplaba la polémica proposición de ley del PP.
El Gobierno andaluz ha dicho que es “rotundamente falso” que quiera recuperar esa proposición de ley en este decreto y ha defendido que se limita a adaptar la ley forestal andaluza a la estatal y que “en ningún momento se habla de regadíos, ni de Doñana”.
Sin embargo, la ministra ha optado por suspender la reunión de mañana, incluida en el acuerdo entre ambas administraciones: “No sé qué tengo delante, no sé qué efecto tiene esa legalización retroactiva”, ha manifestado.
Ha admitido que le preocupa lo que ha visto y que se lo ha “encontrado” publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía “por sorpresa”. Además, ha explicado que en el Gobierno no tenían “ni idea” de que se estuviera haciendo una modificación de ese tipo, por lo que hay que tomarlo “con mucha cautela” y queda pendiente del estudio por parte de los servicios jurídicos del Ministerio. Por su parte, el Gobierno andaluz ha asegurado que “no actúa unilateralmente ni de espaldas a nadie” y no tiene “ningún problema” en buscar una fórmula de redacción consensuada con el Gobierno central.
