Las protestas masivas de agricultores en España y varios países de la UE evidencian el rechazo frontal del sector agrario a un pacto comercial que Bruselas defiende como estratégico
Tractorada contra Mercosur por calles de Santander. / UGAM COAG
Valencia Fruits. Redacción.
El 9 de diciembre ha quedado marcado en el calendario europeo como una jornada de profunda fractura entre las instituciones comunitarias y el sector agrario. Ese día, el Consejo de la Unión Europea dio luz verde por mayoría cualificada a la firma provisional del acuerdo de asociación entre la UE y los países del Mercosur, una decisión que ha desencadenado movilizaciones masivas de agricultores en distintos puntos del continente y ha evidenciado la profunda división que ha generado un tratado negociado durante más de dos décadas.
El texto prevé la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo tras más de 25 años de negociaciones y contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre la mayoría de los productos
Tractoradas y bloqueos en España
La reacción del campo español fue inmediata y se tradujo en protestas generalizadas con tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones frente a infraestructuras estratégicas. En Cataluña, el conflicto alcanzó una fase especialmente crítica. El colectivo Revolta Pagesa mantuvo bloqueadas vías clave como la AP-7, la C-16, la frontera del Coll d’Ares y el acceso al Puerto de Tarragona, pese a la apertura de una mesa de diálogo con la Generalitat.
El Govern ofreció un paquete de medidas que incluía la defensa de las denominadas “cláusulas espejo”, la convocatoria de elecciones agrarias para el 27 de febrero y una partida adicional de 1,5 millones de euros para sanidad animal. Sin embargo, los portavoces del movimiento exigieron compromisos políticos firmes ratificados por el president Salvador Illa y reclamaron interlocución directa con el ministro de Agricultura, Luis Planas.
La reacción del campo español fue inmediata y se tradujo en protestas generalizadas con tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones frente a infraestructuras estratégicas
En Cantabria, más de 200 tractores tomaron el centro de Santander bajo el lema “Por un campo de futuro”, en una movilización que las organizaciones UGAM-COAG, Asaja, UPA y Aigas calificaron de exitosa por el respaldo social recibido. La tractorada clamaba contra un tratado que, en palabras de los portavoces, prioriza la industria automotriz sobre la soberanía alimentaria. “Nos están cambiando los alimentos por coches”, lamentó Alberto Pérez Quintial, secretario general de UPA en Cantabria, cuestionando la alineación de España con Alemania en defensa de un acuerdo que otros socios europeos, como Francia e Italia, rechazan.
También en Galicia se produjeron bloqueos. En Ourense, los tractoristas cortaron la autovía A-52 y solo accedieron a reabrir un carril tras una negociación con la Guardia Civil, manteniendo la protesta contra un acuerdo que consideran “una sentencia de muerte” para el sector primario gallego.
Un rechazo que se extiende por toda Europa
Las movilizaciones no se limitaron a España. Agricultores de Italia, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania o Grecia salieron a la calle para mostrar su oposición al acuerdo. En Milán, decenas de tractores y pacas de paja bloquearon el entorno de la Estación Central y la sede del Consejo Regional de Lombardía. Bajo consignas como “Mercosur = tumba del Made in Italy”, los manifestantes denunciaron la falta de reciprocidad en los controles de calidad de las importaciones sudamericanas y vertieron leche desde camiones cisterna como gesto simbólico.
La tensión fue aún mayor en Varsovia, donde cientos de tractores intentaron acceder al centro de la capital tras conocerse el resultado de la votación en Bruselas. La prohibición municipal derivó en enfrentamientos con la policía. A diferencia de Italia, el Gobierno polaco mantuvo su voto en contra del acuerdo, alineándose con Francia, Hungría, Austria e Irlanda. El presidente Karol Nawrocki anunció incluso un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar su aplicación en Polonia.
Las movilizaciones no se limitaron a España y agricultores de Italia, Polonia, Bélgica, Francia, Alemania o Grecia salieron a la calle para mostrar su oposición al acuerdo
Las principales organizaciones agrarias europeas, agrupadas en Copa-Cogeca, lamentaron la decisión del Consejo y advirtieron de nuevas movilizaciones. Denunciaron que el acuerdo llega “tras meses de maniobras y presiones sin precedentes” y que, pese a los ajustes anunciados por Bruselas, “sigue siendo fundamentalmente desequilibrado y defectuoso”. También criticaron que se vaya a aplicar de forma provisional antes de que el Parlamento Europeo se pronuncie.
En la misma línea, Vía Campesina condenó una decisión que, a su juicio, “ignora a los campesinos y deja de lado la democracia”. Según esta organización, el pacto “antepone los intereses de la industria agroalimentaria a los medios de vida de los agricultores” y fomentará una competencia desleal al eliminar aranceles sobre más del 90% de los productos.
El rechazo se extendió igualmente al ámbito ecologista. Greenpeace denunció que la decisión se haya adoptado pese a “la continua oposición de varios parlamentos y gobiernos de toda Europa”. Su activista Lis Cunha advirtió de que el acuerdo es “un desastre para la selva amazónica” y cuestionó que se trate como un hecho consumado cuando aún debe pasar por el Parlamento Europeo.
El acuerdo UE-Mercosur y qué pasos quedan por delante
El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— fue respaldado el 9 de diciembre por el Consejo de la UE mediante un procedimiento escrito que confirmó el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros, que representan el 68,7 % de la población europea, por encima del umbral mínimo del 65 %. El pacto comercial provisional, competencia exclusiva comunitaria, no requiere la ratificación de los parlamentos nacionales, mientras que el acuerdo de asociación sí deberá contar con el respaldo de todos ellos.
La firma del acuerdo estaba inicialmente prevista para finales de diciembre, pero el repentino cambio de postura de Italia, que junto a Francia y otros países conformó una minoría de bloqueo, obligó a posponer la rúbrica y frustró los planes de António Costa y Ursula von der Leyen de cerrarlo antes de que concluyera 2025. Tras el refuerzo de las salvaguardas destinadas a proteger al sector agrario europeo, Roma acabó sumándose al bloque favorable en la votación del 9 de diciembre, junto a una veintena de socios comunitarios, entre ellos Alemania y España, tradicionales valedores del pacto. El voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, así como la abstención de Bélgica, no fue suficiente para impedir su aprobación.
Tras el refuerzo de las salvaguardas destinadas a proteger al sector agrario europeo, Roma acabó sumándose al bloque favorable en la votación del 9 de diciembre, junto a una veintena de socios comunitarios, entre ellos Alemania y España, tradicionales valedores del pacto. El voto en contra de Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda, así como la abstención de Bélgica, no fue suficiente para impedir su aprobación
El texto prevé la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo tras más de 25 años de negociaciones y contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre la mayoría de los productos. Para recabar apoyos entre los Estados más reticentes, Bruselas incorporó cláusulas de salvaguarda reforzadas que permitirán a la UE reaccionar con rapidez ante perturbaciones del mercado derivadas de un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. Estas medidas podrán activarse, en el caso de productos sensibles, cuando los precios de las importaciones sean al menos un 5 % inferiores a los europeos comparables o cuando se registren incrementos del 5 % en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años, lo que, por regla general, daría pie a la apertura de una investigación y a la eventual suspensión de las ventajas arancelarias.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendieron el acuerdo como una oportunidad estratégica para la Unión. Von der Leyen aseguró que “creará más oportunidades de negocio e impulsará la inversión europea”, mientras que Costa sostuvo que es “bueno para Europa” y relevante para su soberanía y autonomía estratégica.
El proceso de ratificación se anticipa, no obstante, complejo. El Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento y el acuerdo de asociación necesitará además el respaldo unánime de los parlamentos nacionales, en un contexto de fuerte división política y social que ha situado al sector agrario en el centro del debate europeo.
