La Eurocámara decide este 21 de enero si remite el tratado al TJUE, una maniobra que podría paralizar su ratificación y reabrir el debate sobre su impacto jurídico, político y económico
La votación está prevista para las 12:30 horas y contempla dos iniciativas paralelas que persiguen el mismo objetivo: elevar el acuerdo a la justicia europea. / Archivo
Valencia Fruits. Redacción.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur afronta este miércoles 21 de enero su primer gran examen político y jurídico en el Parlamento Europeo. El pleno de la Eurocámara deberá decidir si solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que analice la compatibilidad del texto con los tratados comunitarios, una decisión que, de prosperar, paralizaría temporalmente su tramitación.
La votación está prevista para las 12:30 horas y contempla dos iniciativas paralelas que persiguen el mismo objetivo: elevar el acuerdo a la justicia europea. En caso de que alguna de ellas salga adelante, el Parlamento Europeo no podría pronunciarse sobre la ratificación definitiva del tratado hasta que el TJUE se pronuncie sobre su legalidad.
El pleno de la Eurocámara deberá decidir si solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que analice la compatibilidad del texto con los tratados comunitarios, una decisión que, de prosperar, paralizaría temporalmente su tramitación
En el centro del debate se encuentra, por un lado, la validez jurídica del denominado mecanismo de reequilibrio incluido en el pacto, que varios eurodiputados consideran potencialmente lesivo para la autonomía reguladora de la Unión Europea. Por otro, se cuestiona la base legal elegida para su aprobación, que permitiría ratificar los capítulos estrictamente comerciales sin necesidad del consentimiento de los parlamentos nacionales, una cuestión especialmente sensible desde el punto de vista institucional y democrático.
El resultado de la votación se anticipa muy ajustado. Así lo ha reconocido el coordinador del Partido Popular Europeo (PPE) en la comisión de Comercio Internacional, el eurodiputado sueco Jörgen Warborn, quien este martes advirtió en rueda de prensa de que forzar la paralización del proceso sería un error estratégico en el actual contexto internacional. Según Warborn, Europa se encuentra “ahogada por los aranceles de Estados Unidos por un lado y por las industrias subsidiadas chinas por el otro”, y necesita avanzar en acuerdos comerciales que refuercen su posición económica.
En este escenario, la procedencia nacional de los eurodiputados tendrá un peso determinante, incluso por encima de la disciplina de los grupos políticos europeos. Los ultraconservadores italianos de Giorgia Meloni, por ejemplo, darán libertad de voto a sus 79 eurodiputados. En el seno del PPE, aunque la consigna oficial es votar en contra de remitir el acuerdo al TJUE, se asume que habrá una división significativa.
Según fuentes parlamentarias, la influyente delegación polaca del PPE previsiblemente apoyará el envío del acuerdo al Tribunal, en línea con la posición de su Gobierno, una postura que también podrían adoptar eurodiputados de Austria y Francia. En contraste, y pese a los rumores de los últimos días, el Partido Popular español votará en contra de elevar el acuerdo al TJUE. Sus alrededor de veinte escaños podrían resultar decisivos en una votación marcada por la fuerte presión política sobre los eurodiputados.
Warborn ha reconocido la inquietud existente entre algunos colegas y sectores productivos, pero ha restado legitimidad a la iniciativa de recurrir al TJUE, al considerarla un “movimiento político para retrasar” un tratado que, a su juicio, tendría un impacto positivo significativo sobre la economía europea. Según afirmó, el impulso al PIB de la UE derivado del acuerdo con Mercosur duplicaría el daño potencial de los aranceles con los que el expresidente estadounidense Donald Trump ha amenazado al bloque comunitario.
Desde el grupo de los Socialistas y Demócratas, su presidenta, Iratxe García, también ha defendido el acuerdo como una respuesta estratégica a las políticas comerciales de Estados Unidos. En su opinión, el pacto con Mercosur permitiría abrir “espacios de entendimiento con otras regiones del mundo que entiendan el multilateralismo” en la misma línea que la Unión Europea.
En el extremo opuesto, el copresidente del grupo de los Verdes, Bas Eickhout, ha cuestionado abiertamente la negativa a someter el texto a un análisis jurídico previo. “¿Qué os da miedo de consultar al TJUE?”, se preguntó. Los Verdes han impulsado una de las mociones que se votan este miércoles y se coordinarán con el grupo de la Izquierda para intentar frenar la tramitación del acuerdo.
El voto será, en principio, nominal, lo que permitirá conocer posteriormente el sentido del voto de cada eurodiputado. No obstante, un grupo de al menos 144 diputados —el 20 % del total de la Cámara— podría aún forzar un voto secreto en el último momento.
En cualquier caso, este trámite no será el último obstáculo que deberá superar el acuerdo UE–Mercosur en el Parlamento Europeo. Si logra sortear la votación de este miércoles, se abrirá un proceso de escrutinio y ratificación en las comisiones parlamentarias competentes, antes de volver al pleno para su aprobación final. Un desenlace que, por el momento, sigue siendo incierto, ya que no está garantizado que una mayoría de los 719 eurodiputados respalde el tratado en los próximos meses.
