El Congreso de los Diputados ha aprobado una serie de medidas clave para el sector agrícola, centradas en el regadío, la contratación de temporeros, las ayudas a cultivos específicos y otros cambios legislativos
Figura la posibilidad de contratar dos tarifas energéticas diferentes en el año, ya que la temporalidad de las cosechas hace que los agricultores no necesiten pagar la tarifa máxima todo el ejercicio. / ARCHIVO
Valencia Fruits. Redacción.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una serie de medidas clave para el sector agrícola, centradas en el regadío, la contratación de temporeros, las ayudas a cultivos específicos y otros cambios legislativos de interés. Entre las modificaciones destaca la prórroga de la doble tarifa energética en el regadío, una iniciativa que permitirá a los agricultores contratar dos tarifas diferentes a lo largo del año. Esta medida responde a la naturaleza estacional de las cosechas, evitando que los productores deban pagar la tarifa máxima durante periodos en los que el consumo energético es bajo, lo que supone un alivio económico significativo para el sector.
Por otro lado, el Congreso ha dado luz verde a ajustes en la normativa sobre contratación temporal, retomando la posibilidad de establecer contratos específicos por circunstancias de la producción. Estas contrataciones, con una duración máxima de 90 días al año, se orientan a cubrir las necesidades puntuales y previsibles de las campañas agrícolas, como la recolección de las cosechas. Esta reforma ha generado controversia; mientras algunos partidos defienden que garantiza la recogida completa de la producción, otros han criticado que puede llevar a una mayor precarización laboral en el campo e incluso a problemas con la normativa europea sobre derechos laborales.
Ayudas
En lo referente a las ayudas, el Gobierno ha establecido subvenciones directas para los sectores del olivar y el viñedo de secano, afectados por el aumento de los costes de producción debido a la sequía y la guerra en Ucrania. Estas ayudas pretenden compensar la reducción de ingresos en las explotaciones agrarias y ofrecer un apoyo económico que asegure su sostenibilidad. Con una dotación de 85 millones de euros para el viñedo y 285 millones para el olivar, estas medidas buscan aliviar la presión económica que enfrentan los agricultores de estas zonas.
Finalmente, el texto aprobado incorpora otros cambios de interés, como la modificación de la Ley de la Viña y el Vino en lo relativo a la gestión de autorizaciones para nuevas plantaciones, replantaciones o conversiones. También se han declarado de interés general varios proyectos de modernización de regadíos y obras de infraestructura rural, permitiendo agilizar los procesos de expropiación para su ejecución. Estas iniciativas reflejan un esfuerzo por atender las necesidades del sector agrícola en un momento especialmente delicado, equilibrando el apoyo económico con medidas que favorecen la sostenibilidad y eficiencia en las explotaciones.
