También ha quedado aprobada la modificación de la representatividad agraria, reconociendo a Unión de Uniones, y la enmienda sobre la desprotección del lobo en el norte del Duero
La ley fue presentada por el Gobierno en la pasada legislatura y tiene como objetivo reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. / CONGRESO
Julia Luz. Redacción.
El Congreso de los Diputados ha concluido el trámite de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, que ahora está lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor. La ley, que fue presentada por el Gobierno en la pasada legislatura, tiene como objetivo reducir drásticamente el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo.
La nueva normativa establece medidas para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, con un enfoque integral que abarca a todos los agentes de la cadena alimentaria, incluidos los productores, los transformadores, los distribuidores, el sector de la hostelería y restauración, así como los propios consumidores. En concreto, la ley pretende reducir un 50% los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y el consumo, y un 20% las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030.
La nueva normativa establece medidas para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, con un enfoque integral que abarca a todos los agentes de la cadena alimentaria
Una de las claves de esta ley es la jerarquía de prioridades que establece para abordar el desperdicio alimentario. En primer lugar, se busca la prevención mediante la donación de alimentos en buen estado o su transformación en otros productos, como el compost. En segundo lugar, se trata de fomentar el reciclaje y la reutilización de los alimentos que no puedan ser aprovechados de otra manera. Este enfoque busca reducir la cantidad de alimentos que terminan en la basura y promover una economía circular en el sector alimentario.
Además, la ley promueve varias “buenas prácticas” que deben adoptar los distintos agentes de la cadena alimentaria, como la instalación de infraestructuras adecuadas para evitar pérdidas, la venta de productos con fechas de caducidad próximas y la promoción de alimentos de temporada y proximidad. De cara al consumidor se fomentan prácticas como la correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferente, la planificación de menús de forma responsable y el reciclaje de productos alimentarios.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la ley supone un paso fundamental en la lucha contra el desperdicio alimentario en España. En un mensaje difundido en redes sociales, Planas ha señalado que la aprobación definitiva de la ley es una “excelente noticia” y ha destacado la importancia de que el desperdicio alimentario sea considerado un problema tanto económico como medioambiental. Ha recordado que “el alimento más caro es el que acaba en el cubo de la basura”, un despilfarro que tiene consecuencias no sólo para la economía y el medio ambiente, sino también para la lucha contra el hambre y la desnutrición en el mundo.
Si bien la ley ha sido aprobada sin mayores cambios en su tramitación final, sí se ha generado un debate político paralelo, en el que se han incluido otros temas como la modificación de la normativa de la representatividad agraria y el debate sobre la protección del lobo en algunas regiones.
Reacciones
Tras la aprobación de la Ley, diversos actores del sector han expresado sus opiniones sobre su contenido y las implicaciones de su implementación.
Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), su director general, Ignacio García Magarzo, ha mostrado su apoyo al enfoque general de la ley, destacando que el modelo basado en planes para la reducción del desperdicio se ajusta a las prácticas que las empresas ya llevan a cabo. Para García Magarzo existe “una prevalencia y prelación entre destinos —en el uso de los alimentos— que coincide con lo que ya se está haciendo”, por lo que a la distribución “no le va a suponer un gran cambio”.
Aun así, ha expresado su preocupación por el régimen sancionador, que ha considerado “bastante duro”. En su opinión, el mayor desperdicio se da en los hogares, por lo que ha criticado que la ley no contemple medidas específicas para abordar este aspecto. También ha alertado sobre el riesgo de que las comunidades autónomas regulen de manera diferente, lo que podría generar costes adicionales y desajustes en la unidad del mercado.
Por su parte, COAG ha aplaudido la ley como un “avance relevante para abordar un problema tan grave” como es el desperdicio alimentario, pero la organización también ha destacado que las medidas incluidas “se quedan cortas” para lograr un cambio profundo en el sector. Es por ello que desde COAG hacen un llamado a “seguir trabajando para lograr una aplicación efectiva y una mayor ambición en la regulación al respecto”.
La Unió Llauradora i Ramadera ha señalado como positiva la aprobación de esta ley, y ha destacado ciertos logros como haber conseguido que la gran mayoría de las explotaciones agrarias queden exentas de las obligaciones de la normativa, evitando así nuevas cargas económicas y burocráticas para agricultores y ganaderos, especialmente en el caso de pequeñas y microexplotaciones.
Representatividad agraria
Uno de los aspectos más debatidos durante la tramitación de la Ley ha sido la modificación de la representatividad agraria. La propuesta, que se incluyó como una enmienda en el proceso legislativo, ha generado posturas diversas entre los grupos políticos. El Partido Popular se mostró en contra y apoyó la eliminación de esta cuestión del debate, mientras que Vox optó por abstenerse. Sin embargo, el resto de los grupos parlamentarios respaldaron la modificación, que en la práctica reconoce a la organización Unión de Uniones al mismo nivel que otras tres grandes entidades agrarias: Asaja, COAG y UPA. Este cambio establece un nuevo procedimiento para determinar quién tiene legitimidad a la hora de representar al sector agrario, un aspecto clave en un momento crítico para el campo.
La organización Unión de Uniones ha celebrado esta modificación y ha destacado la importancia de que aquellos que negocian en nombre del sector agrario estén debidamente legitimados. En un comunicado, ha señalado que este cambio es “vital” para asegurar que las negociaciones con el Gobierno y otros actores del sector reflejen realmente las demandas de los agricultores y ganaderos. Además, ha resaltado que este logro es un ejemplo de que, “con trabajo serio y la negociación es posible dar respuesta a demandas de los agricultores y ganaderos que se visibilizan en las movilizaciones”.
La Unió ha calificado esta modificación como una de las “cuestiones más trascendentes que han quedado recogidas en la norma aprobada”, pues el establecimiento del nuevo procedimiento de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias es “más democrático, más objetivo y más abierto”, porque tiene en cuenta las elecciones agrarias autonómicas celebradas y que puedan celebrarse en un futuro, permitiendo acceder al marco de interlocución institucional a cualquier organización que acredite unos mínimos de presencia e implantación en el sector mediante criterios cuantificables.
En la misma línea, COAG considera que la inclusión de la representatividad agraria en la ley es un paso positivo, pues recupera los contenidos de la ley de 2009, que contaba con el respaldo de la mayoría de las organizaciones agrarias y el apoyo mayoritario del Congreso. La organización ha subrayado que este cambio coloca a los agricultores y ganaderos profesionales en el centro del debate, permitiendo una representación más justa y equitativa del sector agrario a nivel nacional.
