El Congreso reúne a 28 representantes del sector para que opinen sobre el último proyecto de reforma de la ley de la cadena alimentaria
La reforma legislativa representa una de las principales medidas que se debatirán este año en la Cámara Baja. / EFEAGRO
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Las comparecencias, que en un primer momento estaban convocadas para la semana pasada, se celebrarán entre el martes y el jueves próximos, tras haber sido aplazadas por los efectos del temporal Filomena.
La reforma legislativa representa una de las principales medidas que se debatirán este año en la Cámara Baja tanto para el sector como para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que la considera prioritaria.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes, durante una visita a Mercaolid, que la reforma de la ley dará “más transparencia y equilibrio” a la cadena alimentaria, además de unos precios dignos para los agricultores y ganaderos.
Con este reforma se buscan “más posibilidades de retribución dignas a nuestros productores, agricultores, ganaderos e industria”, ha recalcado el ministro, que ha asegurado que se trata de “un paso adelante” en la creación de valor ya que no se puede “permitir que el esfuerzo de agricultores y ganaderos no tengan la retribución que merecen”.
Ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación comparecerán mañana representantes del MAPA, Mercasa (mercados centrales) y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Posteriormente será el turno de las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA, Unión de Uniones, la Unió de Llauradors y Asaga, según el orden del día de la sesión extraordinaria.
El miércoles están convocados representantes de Cooperativas Agroalimentarias, la industria láctea, las cofradías de pescadores, las pescaderías (Fedepesca) y la pesca artesanal (Fenapa), así como de los ámbitos del aceite, del vino y de las frutas y hortalizas.
En la última jornada, el jueves, está prevista la intervención de responsables de la industria de alimentos y bebidas (FIAB), la distribución (Asedas, ACES y Anged), la exportación (Fepex) y los sectores del aceite (Anierac) y del vino (FEV), entre otros.
El recorrido de la ley
Los ponentes tendrán ocasión de expresar sus opiniones sobre el proyecto normativo para modificar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Fue aprobado el pasado noviembre por el Gobierno para adaptar la ley existente, aprobada inicialmente en 2013, a la directiva europea que amplía las medidas contra las prácticas comerciales desleales.
Era la tercera vez en 2020 que el Consejo de Ministros examinaba la ley de la cadena alimentaria, después de que en febrero realizara un primer ajuste en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos.
Precisamente a finales de enero se cumple un año del inicio de esas protestas,que se prolongaron durante más de un mes bajo el lema “Agricultores al límite”, hasta que fueron suspendidas como consecuencia de la irrupción de la pandemia.
Los productores dejaron entonces de lado las tractoradas y se centraron en el abastecimiento de alimentos durante el estado de alarma y los meses posteriores marcados por la crisis sanitaria, ejerciendo así una actividad reconocida como “esencial”.
A día de hoy los agricultores siguen reclamando “precios justos” en el campo y piden más medidas, aparte de que se cumpla la reforma inicial de la ley, que tuvo como principal novedad la prohibición de la venta a pérdidas, esto es, por debajo de los costes de producción.
En junio pasado, en el pleno del Congreso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió la “obligación legal” de tomar los costes de producción como base para la negociación de los contratos escritos en el sector agroalimentario.
Sin embargo, la norma ha despertado dudas sobre algunos aspectos de su aplicación práctica y los grupos parlamentarios esperan incluir nuevas enmiendas en la tramitación de este último proyecto para mejorar la posición de los agricultores en el mercado.
La adaptación a la directiva de 2019 sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario deberá entrar en vigor a finales de 2021 para cumplir con los plazos establecidos en la regulación comunitaria.
Supone la ampliación de las prácticas prohibidas que forman parte de una “lista negra” y la extensión de los supuestos en los que los contratos serán obligatorios.
También se amplían los productos cubiertos por la ley, incluidos los alimentos transformados, y se da cobertura en toda la Unión Europea a cualquier transacción de los operadores de la cadena que se haya producido en parte en España.
