El decreto incluye ayudas directas a familias desalojadas, municipios, agricultura, pesca, comercio y hostelería, junto a medidas fiscales y de empleo
Vista de los daños ocasionados en una empresa de frutas en San Martín del Tesorillo a causa del temporal que azota la región. EFE/ A.Carrasco Ragel
Valencia Fruits. Redacción.
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley que moviliza más de 7.000 millones de euros en ayudas destinadas a los afectados por las últimas borrascas, con el objetivo de compensar los daños y acelerar la reconstrucción de las zonas más perjudicadas.
Entre las medidas más inmediatas, el decreto contempla ayudas directas de 150 euros por persona y día para los 12.400 vecinos que han tenido que ser desalojados de sus viviendas, unas ayudas que serán compatibles con otras indemnizaciones, como las derivadas de daños en las viviendas.
Asimismo, se transferirán 2.000 millones de euros a los municipios afectados para la reparación de infraestructuras municipales, dentro de un paquete de actuaciones que, según explicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permitirá “cubrir los daños generados en los municipios, compensar a las personas desalojadas y mitigar el impacto sufrido por viviendas, comercios y los sectores agrícola y pesquero”.
“La finalidad no es solo paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción”, subrayó Montero, quien hizo además un llamamiento a los partidos políticos para suscribir el pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el Gobierno, recordando que “la realidad no se puede poner en duda” ante la sucesión de borrascas.
En el ámbito de las familias y hogares afectados, el decreto implica cuadruplicar el importe de las indemnizaciones previstas en la ley para daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, así como en establecimientos industriales, mercantiles o de servicios. Todas las ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.
Apoyo específico a agricultura
En el ámbito agrario y pesquero, el decreto recoge más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones agrarias, además de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca con puerto base en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva, debido al amarre de la flota.
Asimismo, se reduce de 30 a 5 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria de los trabajadores eventuales agrarios residentes en los municipios afectados. Se destinan además 600 millones de euros a la reparación de caminos rurales e infraestructuras asociadas, y 163 millones a la reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal.
Reivindicación de los regantes
Por su parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) reclamó al Gobierno una inversión anual de 100 millones de euros para el mantenimiento de presas y otras infraestructuras hidráulicas, tras las denuncias de diversas comunidades de regantes por el desperdicio de agua provocado por las intensas lluvias recientes.
Según recordó Fenacore en un comunicado, los embalses han incrementado su nivel en un 10% en apenas una semana, y el propio Ministerio para la Transición Ecológica reconoció en un informe publicado el pasado diciembre que los sensores de las presas habían sido descuidados durante años.
La organización citó datos oficiales que reflejan que un tercio de las presas estatales necesita refuerzos estructurales urgentes y que el 65% requiere renovar o sustituir sus sistemas de vigilancia. A su juicio, los embalses están soltando agua, entre otras razones, por la falta de capacidad, lo que hace “necesaria” la construcción de más presas y de mayor tamaño para almacenar agua en años húmedos y disponer de ella en los periodos secos.
En este contexto, los regantes volvieron a reclamar la construcción de 27 embalses, varios de los cuales, según señalaron, ya figuraban en ciclos de planificación anteriores. Para Fenacore, el actual desperdicio de agua debido al mal estado de presas, canales y tuberías supone “una verdadera pena” que perjudica directamente a los regantes, al sector agrícola y al abastecimiento de las poblaciones.
